Lo mejor de la democracia española

Lo mejor de la democracia española son los parlamentos autonómicos. Es una invención tan eficaz que nadie se pregunta a qué territorios representan sus diputados; nadie se pregunta, en realidad, ni quiénes son ni a qué intereses sirven, más allá de los evidentes: los personales o los de su partido, por este orden. Desconocemos, por ejemplo, que la Asamblea de Madrid tiene 135 diputados y la de La Rioja, 33. Tampoco sabemos a qué parte de su comunidad representa cada uno de ellos: ¿a Carabanchel cuántos?, ¿a la comarca de Calahorra quiénes? Nadie sabe nada de los parlamentos autonómicos. Pero ahí están sus integrantes: viven, cobran, legislan. A veces incluso salen en televisión, en la autonómica de turno, porque también saben ser tertulianos.

Le pregunto a un amigo que lleva tiempo opositando —como tantos autónomos exangües o asalariados exhaustos—, y sabe mucho de leyes y otras naderías necesarias para conseguir un empleo vitalicio, y me dice que la mayoría de los parlamentos autonómicos responden a una circunscripción electoral única; es decir, sus diputados representan a todos los habitantes de su comunidad. Acabáramos.

Me pregunto si los 65 parlamentarios de Extremadura, o los 67 de Aragón o los 33 de Castilla-La Mancha —comunidades con circunscripciones únicas—, son realmente relevantes uno a uno; si cada uno de ellos tiene asignado un campo acotado de trabajo, una tarea específica sobre su región, o si responden simplemente a la lógica de la disciplina de partido. Pregunta retórica, claro.

Ya sabemos que en el Congreso y en el Senado los diputados representan a las provincias de las que provienen, en teoría. Pero también sabemos que, en la práctica, esto es mentira. Mientras que en el Parlamento Europeo un conservador o un socialdemócrata sueco no siempre vota lo mismo que uno griego —por razones obvias de lejanías geográficas e intereses nacionales—, en los parlamentos españoles los representantes de un mismo partido votan siempre en bloque, sin excepción. ¿Por qué? Porque en nuestra democracia los diputados representan a sus partidos más que a sus ciudadanos y eso que el artículo 67.2 de la Constitución lo prohíbe expresamente: "Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo", dice. Nuestra democracia está coja. Fenomenal en 1978, porque salíamos de la parálisis de una dictadura larga y cruel. Y también en 1981, porque sufrimos un golpe de Estado y la ETA asesinaba más que nunca. Pero ahora es una democracia escasa, disminuida, ineficaz. Tan coja que ni siquiera cumple con su ley fundamental.

Es necesaria una reforma que nunca se va a llevar a cabo, porque para los partidos el foco está siempre en otro lado. Una mayor independencia de los diputados respecto de su partido —una independencia que hiciera depender su gestión y su voto de sus representados, y no de los jefes de filas— sería la verdadera democratización que necesita España. La autonomía de los parlamentarios supondría el mayor progreso del país y su mayor descentralización. Y, con ello, se clarificaría y fiscalizaría mejor la tarea que desempeñan los representantes en cualquiera de las tres administraciones: nacional, autonómica o municipal.

El Gobierno de la nación, con todos sus errores, malversaciones, fallos y misterios, tiene bastantes contrapesos, aunque solo sea a través de los medios de comunicación. Pero los gobiernos autonómicos se mantienen discretamente opacos, discretamente corruptos, casi sin alternancia; sus errores y componendas apenas trascienden, porque en los grandes medios solo existe la política nacional. Por eso no sabemos nada de los diputados autonómicos. Son como diputados en un mundo paralelo que, sin embargo, se nutre de este. Cumplen con el voto que les ordenan y nadie sabe quiénes son ni qué representan, más allá de sus siglas. Si yo fuera partidario de la partitocracia —pero detesto sus rigideces y opacidades—, me gustaría ser parlamentario autonómico.