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La ONG del catalán lleva al TSJC a la Generalitat por no sancionar a una doctora que «discriminó a una paciente por hablar catalán»
La ONG del catalán, Plataforma per la Llengua , acusada de «espiar» a los alumnos en los patios para conocer sus usos lingüísticos sin el consentimiento de las familias, y regada desde hace años con subvenciones públicas, ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña por haber rechazado abrir un procedimiento administrativo sancionador contra la médica que en diciembre de 2023 «discriminó a una paciente por hablar en catalán» en las urgencias del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona). La entidad había presentado un recurso de alzada en la Subdirección General de Evaluación e Inspección Sanitarias y Farmacéuticas , dado que la Unidad de Atención a la Ciudadanía del hospital había archivado la denuncia, pero este recurso de alzada también ha sido archivado, según explica la entidad en un comunicado. La Plataforma asegura que «irá hasta el final para que se abra un expediente sancionador, se investiguen los hechos y, si son constitutivos de falta, se sancionen». Los hechos denunciados se remontan al 14 de diciembre de 2023 cuando, según relata la organización en su denuncia, «una usuaria del Servicio de Urgencias del hospital de Badalona y su acompañante se dirigieron en catalán a una facultativa, una vez dentro de la consulta, y ella les cortó y les obligó a hablar en castellano». «Hablen en castellano», les espetó. Según relata la paciente, ella se negó, pero la médica insistió hasta echarles de la consulta , diciéndoles que ya les atendería alguien que entendiera el catalán. «Nos echó y no telefoneó», relata la víctima, al coordinador de Urgencias para derivarlos a ningún otro profesional. Según Plataforma per la Llengua , «fuera de la consulta, la pareja discriminada solicitó al Servicio de Admisiones que llamaran al coordinador, pero el personal que trabajaba en ella se negó, y sólo les ofreció la opción de llenar una hoja de reclamaciones. Para conseguir ser atendida, ya pesar de haber hecho ya el triaje y esperado tres horas previamente, fueron necesarias dos horas más . Finalmente, otra doctora -que, de entrada, no se dirigió en catalán pese a saberlo hablar- les acabó atendiendo». Para la organización de defensa del catalán, los hechos descritos «vulneran los derechos lingüísticos de la paciente y la médica pudo cometer varias faltas administrativas«. De hecho, para la entidad, la conducta de la profesional »podría ser considerada una falta muy grave (según el artículo 115 del Decreto legislativo 1/1997) , dado que habría infringido la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación, y la Ley 55/2603, de salud«. La ONG del catalán ha acompañado a la paciente desde que se puso en contacto con el servicio de defensa de los derechos lingüísticos de la entidad, y sigue presentando batalla legal, ahora a instancias superiores, porque hasta ahora por la vía administrativa no se ha logrado abrir un expediente administrativo para que se investigue la conducta de la facultativa, a pesar de haber explorado todos los recursos a disposición. Ahora, la entidad abre la vía judicial para que se esclarezcan los hechos . La entidad afirma que «aunque Can Ruti admitió que la situación denunciada no era tolerable y reconoció carencias en la atención a la usuaria, consideró que con promesas de mejoras como la creación de un Comité Multidisciplinar de Dinamización Lingüística sería suficiente para dar por cerrado el caso«. »Para el hospital, -añade la Plataforma- abrir el expediente sancionador no está justificado por no considerar que la médica actuara con voluntad discriminatoria«. Por su parte, entidades en defensa del bilingüismo rechazan el plan del Govern par 'catalanizar' la sanidad y advierten de que «además de vulnerar los derechos de los pacientes puede poner en riesgo la seguridad del acto médico».
La ONG del catalán, Plataforma per la Llengua , acusada de «espiar» a los alumnos en los patios para conocer sus usos lingüísticos sin el consentimiento de las familias, y regada desde hace años con subvenciones públicas, ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña por haber rechazado abrir un procedimiento administrativo sancionador contra la médica que en diciembre de 2023 «discriminó a una paciente por hablar en catalán» en las urgencias del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona). La entidad había presentado un recurso de alzada en la Subdirección General de Evaluación e Inspección Sanitarias y Farmacéuticas , dado que la Unidad de Atención a la Ciudadanía del hospital había archivado la denuncia, pero este recurso de alzada también ha sido archivado, según explica la entidad en un comunicado. La Plataforma asegura que «irá hasta el final para que se abra un expediente sancionador, se investiguen los hechos y, si son constitutivos de falta, se sancionen». Los hechos denunciados se remontan al 14 de diciembre de 2023 cuando, según relata la organización en su denuncia, «una usuaria del Servicio de Urgencias del hospital de Badalona y su acompañante se dirigieron en catalán a una facultativa, una vez dentro de la consulta, y ella les cortó y les obligó a hablar en castellano». «Hablen en castellano», les espetó. Según relata la paciente, ella se negó, pero la médica insistió hasta echarles de la consulta , diciéndoles que ya les atendería alguien que entendiera el catalán. «Nos echó y no telefoneó», relata la víctima, al coordinador de Urgencias para derivarlos a ningún otro profesional. Según Plataforma per la Llengua , «fuera de la consulta, la pareja discriminada solicitó al Servicio de Admisiones que llamaran al coordinador, pero el personal que trabajaba en ella se negó, y sólo les ofreció la opción de llenar una hoja de reclamaciones. Para conseguir ser atendida, ya pesar de haber hecho ya el triaje y esperado tres horas previamente, fueron necesarias dos horas más . Finalmente, otra doctora -que, de entrada, no se dirigió en catalán pese a saberlo hablar- les acabó atendiendo». Para la organización de defensa del catalán, los hechos descritos «vulneran los derechos lingüísticos de la paciente y la médica pudo cometer varias faltas administrativas«. De hecho, para la entidad, la conducta de la profesional »podría ser considerada una falta muy grave (según el artículo 115 del Decreto legislativo 1/1997) , dado que habría infringido la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación, y la Ley 55/2603, de salud«. La ONG del catalán ha acompañado a la paciente desde que se puso en contacto con el servicio de defensa de los derechos lingüísticos de la entidad, y sigue presentando batalla legal, ahora a instancias superiores, porque hasta ahora por la vía administrativa no se ha logrado abrir un expediente administrativo para que se investigue la conducta de la facultativa, a pesar de haber explorado todos los recursos a disposición. Ahora, la entidad abre la vía judicial para que se esclarezcan los hechos . La entidad afirma que «aunque Can Ruti admitió que la situación denunciada no era tolerable y reconoció carencias en la atención a la usuaria, consideró que con promesas de mejoras como la creación de un Comité Multidisciplinar de Dinamización Lingüística sería suficiente para dar por cerrado el caso«. »Para el hospital, -añade la Plataforma- abrir el expediente sancionador no está justificado por no considerar que la médica actuara con voluntad discriminatoria«. Por su parte, entidades en defensa del bilingüismo rechazan el plan del Govern par 'catalanizar' la sanidad y advierten de que «además de vulnerar los derechos de los pacientes puede poner en riesgo la seguridad del acto médico».
