La Justicia le restituyó el control de la obra social a los dirigentes denunciados por el Gobierno
Se trata de un giro al respecto de una denuncia que había formulado el interventor del Gobierno contra la administración sindical. El trasfondo
Luego de que el Gobierno interviniera la Obra Social de Fotógrafos (OSFOT) por presentar irregularidades en las auditorías oficiales, la Justicia resolvió devolverle el manejo de la entidad a su presidente Víctor Manuel Lamas, que fue denunciado días atrás por el interventor que había sido designado por Javier Milei, Salvador Macedonio, por presunta malversación de fondos.
Lo decidió la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a través de las decisiones de los jueces Beatriz Ferdman y Gabriel de Vedia. El fallo hizo lugar a la medida cautelar solicitada y suspendió los efectos del Decreto 129/2025 publicado el 26 de febrero pasado, reponiendo a las autoridades de la OSFOT con las mismas facultades de dirección y administración que ostentaban antes de su intervención. Fallo por OSFOT by Cronista.com on Scribd
Se trata de un giro radical de cómo venían desarrollándose los acontecimientos en torno a la intervención de la entidad sanitaria. A los ojos de los jueces, el Estado aplicó la sanción mayor sin haber tomado otras herramientas que son consideradas previas.
"La lectura del Decreto 129/2025 permite advertir que se violentó la garantía de defensa y la tutela administrativa efectiva, pues no hubo un procedimiento sumario en los que se imputen infracciones sino una auditoría integral practicada en la sede de la obra social", argumentaron.
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) apelará a la medida.
El trasfondo y la denuncia del gobierno nacional
La política de revisión de las obras sociales sindicales derivó en varios casos de intervenciones. Por caso, el mes pasado se determinó que luego de varias auditorías la Obra Social de Fotógrafos (OSF) no contaba con los respaldos administrativos suficientes, repercutiendo en el normal funcionamiento para la atención de los afiliados.
Así el 26 de febrero, a través del Decreto 129/2025, el presidente Javier Milei resolvió colocar a un interventor por 180 días para normalizar la situación de la obra social. Ese mismo día y el 27 de febrero, el presidente de esa entidad intervenida, Víctor Manuel Lamas, autorizó ocho transferencias por la suma total de $ 304 millones.
Esta operatoria fue percibida al día siguiente de publicado el decreto por el entonces interventor, Salvador Macedonio, y los funcionarios de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a cargo de Gabriel Oriolo; que estaban tramitando el congelamiento de la cuenta principal de la obra social en el Banco Nación.
Al haberse vulnerado la autoridad de los interventores, desde el Gobierno formularon una denuncia penal en la que se acusa a Lamas y a los administrativos Marta Silvia Grasso y Eduardo Francisco Miguel de "defraudación contra la Administración Pública, malversación de caudales públicos y falsedad documental".
El documento fue presentado días atrás por el interventor Macedonio, a través del letrado Alejandro Morrale y se encuentra en el Juzgado Criminal Correccional Federal de Quilmes.
El foco de la investigación que hicieron desde el Gobierno está, principalmente, en las dos transferencias más cuantiosas. La primera fue hecha el 26 de febrero y constó de $ 196 millones. La segunda, al día siguiente, fue de $ 54 millones. Las dos engloban un monto total de $ 250 millones e iban al mismo destinatario: una compañía prestadora de servicios llamada Bienestar Salud, que todavía no devolvió el monto a la OSF. El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo
Según reconstruyen los denunciantes en el expediente, tanto Lamas como la tesorera de la obra social, Marta Silvia Grasso, fueron quienes autorizaron las diversas transferencias a través de sus accesos bancarios. En la denuncia catalogan ese accionar de "defraudatorio e indebido a sabiendas".
Este medio se contactó con Lamas. A través de un descargo, indicó que las autoridades de la OSF fueron "ilegalmente desplazadas" por el decreto presidencial y que nunca fueron "oficialmente notificados de la intervención".
"La intervención estatal a una Obra Social, persona jurídica, es un acto administrativo de alcance particular, y en ningún momento fue oficialmente notificado, no bastando al respecto la publicación en el Boletín Oficial", esgrimió el desplazado titular de la OSF, agregando que el pago fue realizado "a un prestador contratado, con la finalidad de no interrumpir la cadena de pagos".
La semana pasada, los funcionarios sanitarios denunciaban solamente la situación de irregularidad en la que se habían dado las transferencias. Pero en la denuncia formulada días atrás se agregó un foco extra: la sospecha sobre la legalidad de la adenda entre la Obra Social de Fotógrafos y Bienestar Salud, la compañía a la que le transfirieron $ 250 millones en febrero. El frente de la Obra Social de Fotógrafos, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo (Google Maps)
Según consta en la denuncia, el interventor sospecha que las transferencias fueron hechas desde el domicilio de Lamas. El contrato con Bienestar Salud fue hecho "a los fines de realizar todas las prestaciones derivadas del Programa Médico Obligatorio [PMO] y el Sistema Único de Reintegro [SUR]".
Pero los denunciantes encontraron que el contrato contenía información apócrifa, como registros oficiales inexistentes, aludida por ellos como "ilegalmente fabricada para defraudar a la obra social y a sus afiliados".
"En efecto (...) puede leerse que se alude a la Disposición DI-2023-944-APNGCP#SSS. Sin embargo, aquel número no corresponde a la disposición citada; ello así, cuando se busca en registros oficiales de la Superintendencia, tal número corresponde con otra obra social", explican. Parte del descargo que realizó uno de los denunciados, Víctor Lamas
Así, desde la SSS alegan que "la adenda no estaba aprobada ni registrada" y que el contrato "ni siquiera explica cuáles son las prestaciones, ni el padrón objeto de atención, ni los costos implicados, ni las prácticas involucradas, ni el porqué del abultado monto del adelanto, sino que -como prueba irrefutable del accionar ilícito- se hubo de abonar después de conocida la intervención".
Los funcionarios gubernamentales solicitaron el "urgente allanamiento" de los domicilios de Lamas y Graso a los fines de encontrar prueba documental. Pero, además, pidieron la presentación de papeles y el "urgente bloqueo y congelamiento de fondos" de parte de la compañía Bienestar Salud, además de la devolución de los $ 250 millones girados el mes pasado.
Según explica la parte denunciante, el pago no correspondía ser efectuado por la intervención decidida. "Se sospecha y denuncia que todo ello habría sido urdido, ejecutado y perfectamente conocido por todos los involucrados en la maniobra".
