La Justicia estadounidense desestima el caso de corrupción contra el alcalde de Nueva York
La Administración Trump ha presionado a Adams para cooperar en las duras medidas contra la inmigración, pero ambas partes han negado un 'quid pro quo' El rumbo autoritario de Trump activa la alerta roja democrática Un juez federal estadounidense ha desestimado este miércoles el caso de corrupción del Departamento de Justicia contra el asediado alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, tras el escándalo causado porque el alcalde demócrata ha cedido a la presión de la Administración Trump para cooperar en las duras medidas contra la inmigración mientras intentaba salir de los cargos penales. La presión de Washington para desestimar el caso había provocado dimisiones de alto nivel de fiscales que afirmaban que había pruebas sólidas contra Adams, mientras que la Administración Trump se había centrado en si los cargos simplemente se interponían en su objetivo político. El juez dice que no se pueden volver a presentar los cargos. La decisión del juez de distrito estadounidense Dale Ho de desestimar el caso con pérdida de derecho a un nuevo juicio está en línea con la recomendación de un abogado al que pidió que ofreciera argumentos independientes, pero contraria a la solicitud del Departamento de Justicia de una desestimación con derecho a un nuevo juicio. Los críticos del Departamento de justicia y de Adams dijeron que una desestimación con derecho a un nuevo juicio dejaría al alcalde demócrata en deuda con la Administración del presidente republicano Donald Trump en el avance de su agenda ultra. Los neoyorquinos votarán en las elecciones a la alcaldía el próximo noviembre y Adams ha resistido las presiones para dimitir o anunciar que ya no se presentará a un segundo mandato. La gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, decidió no pedir a Adams que dejara el cargo. Adams, de 64 años, se declaró inocente de aceptar sobornos y contribuciones ilegales a la campaña de agentes turcos a cambio de favores, entre ellos presionar al cuerpo de bomberos de la ciudad para que permitieran a Turquía abrir un nuevo consulado en Manhattan a pesar de los problemas de seguridad. El alcalde había visto durante mucho tiempo el caso como una represalia por sus críticas al aumento de la migración durante la Administración del también demócrata Joe Biden, que inició el caso en septiembre pasado. Adams encontró el apoyo de la Administración Trump, que instó a los fiscales el mes pasado a desestimar el caso. ¿Quid pro quo? Emil Bove, entonces fiscal general adjunto en funciones, dijo que el caso de corrupción interfería en la campaña de reelección de Adams y le impedía ayudar al Gobierno federal a intensificar las deportaciones, una de las principales prioridades de Trump. También dijo que la decisión no tenía nada que ver con el fondo del caso. Los críticos de Trump temen que esté socavando la integridad y la tradicional independencia del Departamento de Justicia, convirtiéndolo en un brazo de la Casa Blanca sujeto a sus caprichos políticos. Bove se hizo cargo del caso de Adams después de que varios fiscales superiores dimitieran en lugar de obedecer su orden de desestimarlo. Danielle Sassoon, fiscal estadounidense interina de Manhattan en ese momento, criticó lo que consideraba un quid pro quo entre Adams y sus superiores. Adams y Bove han negado cualquier tipo de trueque. Los abogados del alcalde aceptaron inicialmente una desestimación con derecho a nuevo juicio, pero más tarde pidieron a Ho que desestimara definitivamente el caso, alegando que la publicación de cartas internas de Bove y Sassoon sobre el caso significaba que Adams nunca podría tener un juicio justo. Ante la inusual petición conjunta de desestimación por parte de Adams y el Departamento de Justicia, Ho pidió una opinión independiente a Paul Clement, un conservador que fue fiscal general con George W. Bush. Clement, que ahora ejerce la abogacía privada, escribió el 14 de marzo que la posibilidad de que se volviera a presentar el caso podría pender “como la proverbial espada de Damocles” sobre Adams. “La posibilidad de una nueva acusación podría crear la apariencia, si no la realidad, de que las acciones de un cargi público están motivadas por la preocupación de mantener la buena voluntad del Ejecutivo federal, en lugar de por los intereses de sus electores”, añadió.
La Administración Trump ha presionado a Adams para cooperar en las duras medidas contra la inmigración, pero ambas partes han negado un 'quid pro quo'
El rumbo autoritario de Trump activa la alerta roja democrática
Un juez federal estadounidense ha desestimado este miércoles el caso de corrupción del Departamento de Justicia contra el asediado alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, tras el escándalo causado porque el alcalde demócrata ha cedido a la presión de la Administración Trump para cooperar en las duras medidas contra la inmigración mientras intentaba salir de los cargos penales.
La presión de Washington para desestimar el caso había provocado dimisiones de alto nivel de fiscales que afirmaban que había pruebas sólidas contra Adams, mientras que la Administración Trump se había centrado en si los cargos simplemente se interponían en su objetivo político.
El juez dice que no se pueden volver a presentar los cargos. La decisión del juez de distrito estadounidense Dale Ho de desestimar el caso con pérdida de derecho a un nuevo juicio está en línea con la recomendación de un abogado al que pidió que ofreciera argumentos independientes, pero contraria a la solicitud del Departamento de Justicia de una desestimación con derecho a un nuevo juicio.
Los críticos del Departamento de justicia y de Adams dijeron que una desestimación con derecho a un nuevo juicio dejaría al alcalde demócrata en deuda con la Administración del presidente republicano Donald Trump en el avance de su agenda ultra.
Los neoyorquinos votarán en las elecciones a la alcaldía el próximo noviembre y Adams ha resistido las presiones para dimitir o anunciar que ya no se presentará a un segundo mandato. La gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, decidió no pedir a Adams que dejara el cargo.
Adams, de 64 años, se declaró inocente de aceptar sobornos y contribuciones ilegales a la campaña de agentes turcos a cambio de favores, entre ellos presionar al cuerpo de bomberos de la ciudad para que permitieran a Turquía abrir un nuevo consulado en Manhattan a pesar de los problemas de seguridad.
El alcalde había visto durante mucho tiempo el caso como una represalia por sus críticas al aumento de la migración durante la Administración del también demócrata Joe Biden, que inició el caso en septiembre pasado. Adams encontró el apoyo de la Administración Trump, que instó a los fiscales el mes pasado a desestimar el caso.
¿Quid pro quo?
Emil Bove, entonces fiscal general adjunto en funciones, dijo que el caso de corrupción interfería en la campaña de reelección de Adams y le impedía ayudar al Gobierno federal a intensificar las deportaciones, una de las principales prioridades de Trump. También dijo que la decisión no tenía nada que ver con el fondo del caso.
Los críticos de Trump temen que esté socavando la integridad y la tradicional independencia del Departamento de Justicia, convirtiéndolo en un brazo de la Casa Blanca sujeto a sus caprichos políticos.
Bove se hizo cargo del caso de Adams después de que varios fiscales superiores dimitieran en lugar de obedecer su orden de desestimarlo.
Danielle Sassoon, fiscal estadounidense interina de Manhattan en ese momento, criticó lo que consideraba un quid pro quo entre Adams y sus superiores.
Adams y Bove han negado cualquier tipo de trueque. Los abogados del alcalde aceptaron inicialmente una desestimación con derecho a nuevo juicio, pero más tarde pidieron a Ho que desestimara definitivamente el caso, alegando que la publicación de cartas internas de Bove y Sassoon sobre el caso significaba que Adams nunca podría tener un juicio justo.
Ante la inusual petición conjunta de desestimación por parte de Adams y el Departamento de Justicia, Ho pidió una opinión independiente a Paul Clement, un conservador que fue fiscal general con George W. Bush.
Clement, que ahora ejerce la abogacía privada, escribió el 14 de marzo que la posibilidad de que se volviera a presentar el caso podría pender “como la proverbial espada de Damocles” sobre Adams. “La posibilidad de una nueva acusación podría crear la apariencia, si no la realidad, de que las acciones de un cargi público están motivadas por la preocupación de mantener la buena voluntad del Ejecutivo federal, en lugar de por los intereses de sus electores”, añadió.
