La jueza avala como prueba "útil" la suspensión por la DANA de un acto al que estaba invitada Salomé Pradas
La Associació de Juristes Valencians acordó a las 10.13 del 29 de octubre la cancelación de la tercera edición del Premi Gregori Mayans, que contaba con la asistencia de "altos representantes institucionales"La jueza de la DANA reitera que Mazón solo podría declarar voluntariamente y descarta pedir las llamadas de Pradas No solo fue la Universitat de València, que suspendió las clases el día de la DANA; la Diputación, presidida por el popular Vicente Mompó, que mandó a casa a sus trabajadores a las 14.00, o la Conselleria de Hacienda del Ejecutivo de Carlos Mazón, que pospuso un acto oficial programado aquel día. También actuó con previsión ante la amenaza de lluvias una entidad cívica —la Associació de Juristes Valencians— que tenía programada el pasado 29 de octubre la gala de entrega de la tercera edición del Premi Gregori Mayans. La asociación acordó a las 10.13 del 29 de octubre la “notificación de la suspensión del acto a todos los invitados, entre los cuales se encontraba la consellera Salomé Pradas Ten”, según indica un auto de la jueza instructora de la causa de la DANA al que ha tenido acceso elDiario.es. La anulación del acto ha sido desvelada por Ximo Esteve, un letrado de Algemesí, municipio de la comarca de la Ribera Alta afectado por la DANA, que pidió a la jueza en un escrito personarse en la causa. La magistrada ha emplazado al abogado a personarse como acusación popular. De lo contrario, al no tener vínculo de parentesco con fallecidos ni la condición de lesionado con tratamiento médico, su escrito “solo tendría el valor de denuncia, sin posibilidad de personarse ni ejercitar acciones penales”. Sin embargo, la magistrada destaca que el abogado aporta en su escrito “diversos elementos de prueba útiles para la causa”, aunque el “fundamental se refiere a la suspensión del acto” al que estaban invitados varios cargos institucionales. Cancelado “por prudencia” El acto, que en la página web de la Associació de Juristes Valencians figura como “aplazado por lluvias”, premiaba a los integrantes de la Comisión de Codificación Civil Valenciana, en una gala programada en el Centre Cultural La Beneficència, “con la participación de líderes sociales y altos representantes institucionales”, según la nota de prensa de la entidad. El presidente de la asociación, José Ramón Chirivella, ha confirmado a este diario la suspensión del acto, decidida por acuerdo de la directiva al tener que “desplazarse mucha gente de fuera” y “sabiendo lo que había pasado a primera hora”, en referencia a las inundaciones de la mañana del pasado 29 de octubre. El mensaje, al que ha tenido acceso elDiario.es, avisaba de la cancelación del acto “por prudencia ante las advertencias de las autoridades” y para “evitar desplazamientos y riesgos”. “Tenemos más de 185 confirmaciones de líderes sociales y representantes políticos e institucionales —muchos de fuera de la ciudad de València—, y ante las previsiones se debe ser prudente y reconocer a los miembros de la Comisión de Codificación en un momento adecuado”, rezaba el mensaje. La condición de aforado de Mazón El abogado Ximo Esteve, además de a la exconsellera Pradas, también denunció al president Carlos Mazón, argumentando que tendría una presunta responsabilidad penal, “pues ni estaba ni se le esperaba para abordar y tomar decisiones con el fin de proteger a la población”. Sin embargo, indica el auto, “la condición de aforado impide investigar al President de la Generalitat, como se ha expresado en este procedimiento en resoluciones anteriores”. La jueza recuerda que la declaración de Mazón solo podría llevarse a cabo “de forma voluntaria si por el aforado se solicitara”. “Se acordó dicho ofrecimiento para su declaración voluntaria, lo que ha sido declinado”, afirma la instructora, quien también aporta claves suplementarias en otro auto dictado este lunes. La magistrada recuerda que la declaración de la situación de emergencia catastrófica, una opción prevista por ley pero que Carlos Mazón no activó sobre el papel, correspondía al jefe del Consell. En respuesta a una de las acusaciones, que solicitaba que se tomara declaración como testigo de Mazón, la jueza explica que “las preguntas que pudieran formularse al president de la Generalitat versarían sobre el análisis de la omisión de la declaración de situación de emergencia catastrófica”. “Nunca se declaró dicha situación”, afirma el auto, “lo que difícilmente tendría encaje en una declaración testifical [de Mazón en condición de testigo], y desplazaría su posición procesal a la propia de un investigado”. Algo que la jueza instructora no puede acordar, al mantener el president la condición de aforado propia de su cargo.
La Associació de Juristes Valencians acordó a las 10.13 del 29 de octubre la cancelación de la tercera edición del Premi Gregori Mayans, que contaba con la asistencia de "altos representantes institucionales"
La jueza de la DANA reitera que Mazón solo podría declarar voluntariamente y descarta pedir las llamadas de Pradas
No solo fue la Universitat de València, que suspendió las clases el día de la DANA; la Diputación, presidida por el popular Vicente Mompó, que mandó a casa a sus trabajadores a las 14.00, o la Conselleria de Hacienda del Ejecutivo de Carlos Mazón, que pospuso un acto oficial programado aquel día. También actuó con previsión ante la amenaza de lluvias una entidad cívica —la Associació de Juristes Valencians— que tenía programada el pasado 29 de octubre la gala de entrega de la tercera edición del Premi Gregori Mayans.
La asociación acordó a las 10.13 del 29 de octubre la “notificación de la suspensión del acto a todos los invitados, entre los cuales se encontraba la consellera Salomé Pradas Ten”, según indica un auto de la jueza instructora de la causa de la DANA al que ha tenido acceso elDiario.es.
La anulación del acto ha sido desvelada por Ximo Esteve, un letrado de Algemesí, municipio de la comarca de la Ribera Alta afectado por la DANA, que pidió a la jueza en un escrito personarse en la causa. La magistrada ha emplazado al abogado a personarse como acusación popular. De lo contrario, al no tener vínculo de parentesco con fallecidos ni la condición de lesionado con tratamiento médico, su escrito “solo tendría el valor de denuncia, sin posibilidad de personarse ni ejercitar acciones penales”.
Sin embargo, la magistrada destaca que el abogado aporta en su escrito “diversos elementos de prueba útiles para la causa”, aunque el “fundamental se refiere a la suspensión del acto” al que estaban invitados varios cargos institucionales.
Cancelado “por prudencia”
El acto, que en la página web de la Associació de Juristes Valencians figura como “aplazado por lluvias”, premiaba a los integrantes de la Comisión de Codificación Civil Valenciana, en una gala programada en el Centre Cultural La Beneficència, “con la participación de líderes sociales y altos representantes institucionales”, según la nota de prensa de la entidad.
El presidente de la asociación, José Ramón Chirivella, ha confirmado a este diario la suspensión del acto, decidida por acuerdo de la directiva al tener que “desplazarse mucha gente de fuera” y “sabiendo lo que había pasado a primera hora”, en referencia a las inundaciones de la mañana del pasado 29 de octubre.
El mensaje, al que ha tenido acceso elDiario.es, avisaba de la cancelación del acto “por prudencia ante las advertencias de las autoridades” y para “evitar desplazamientos y riesgos”.
“Tenemos más de 185 confirmaciones de líderes sociales y representantes políticos e institucionales —muchos de fuera de la ciudad de València—, y ante las previsiones se debe ser prudente y reconocer a los miembros de la Comisión de Codificación en un momento adecuado”, rezaba el mensaje.
La condición de aforado de Mazón
El abogado Ximo Esteve, además de a la exconsellera Pradas, también denunció al president Carlos Mazón, argumentando que tendría una presunta responsabilidad penal, “pues ni estaba ni se le esperaba para abordar y tomar decisiones con el fin de proteger a la población”.
Sin embargo, indica el auto, “la condición de aforado impide investigar al President de la Generalitat, como se ha expresado en este procedimiento en resoluciones anteriores”. La jueza recuerda que la declaración de Mazón solo podría llevarse a cabo “de forma voluntaria si por el aforado se solicitara”.
“Se acordó dicho ofrecimiento para su declaración voluntaria, lo que ha sido declinado”, afirma la instructora, quien también aporta claves suplementarias en otro auto dictado este lunes.
La magistrada recuerda que la declaración de la situación de emergencia catastrófica, una opción prevista por ley pero que Carlos Mazón no activó sobre el papel, correspondía al jefe del Consell.
En respuesta a una de las acusaciones, que solicitaba que se tomara declaración como testigo de Mazón, la jueza explica que “las preguntas que pudieran formularse al president de la Generalitat versarían sobre el análisis de la omisión de la declaración de situación de emergencia catastrófica”.
“Nunca se declaró dicha situación”, afirma el auto, “lo que difícilmente tendría encaje en una declaración testifical [de Mazón en condición de testigo], y desplazaría su posición procesal a la propia de un investigado”. Algo que la jueza instructora no puede acordar, al mantener el president la condición de aforado propia de su cargo.
