La inflación y la burocracia 'matan' cada año 566 empresas de la industria alimentaria

Tener una empresa en España es complejo; y si es del sector de la alimentación, todavía más. Las trabas burocráticas de la Unión Europea, la inflación y la presión de terceros países (entre otras cosas) forman un cóctel casi mortal que muchas empresas no pueden soportar. Los datos corroboran la preocupación: en apenas cinco años se han perdido 2.834 empresas de la industria alimentaria, una media de 566 cierres al año. 

A cierre de 2019, en España había 30.730 empresas de la industria de la alimentación, según los datos de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). Tan solo cinco años después, a finales de 2024, ya 'solo' quedaban 27.896 entidades. El año más duro en este sentido fue 2023, ya que fue en el que más cierres se acometieron. Ese año 1.824 compañías se vieron obligadas a echar el cierre. Este último 2024 también ha sido difícil, y se ha posicionado como el segundo peor año del último lustro, con el fin de 439 empresas.

En 2020, pese a lo que podría esperarse por el terremoto económico que supuso la pandemia, no fue un año especialmente duro, ya que solo se perdieron 157 sociedades. Sin embargo, en 2021 los cierres crecieron significativamente, hasta los 313 en doce meses. Por su parte, 2022 fue un año más estable (tan solo 101 extinciones de sociedades). Pero la ralentización duró poco, pues 2023 fue una sangría en este sentido. En estos dos últimos años se han producido 2.263 cierres, casi el 80% del total del último lustro. 

Ahogo para las PYMEs, aire para las más grandes 

Como suele ocurrir en estos casos, las compañías más afectadas son aquellas de menor tamaño, ya que son las que menos pueden hacer frente a los ahogos económicos. Entre ellas, las que tienen menos de 50 trabajadores son, siempre según los datos de los informes anuales de FIAB, las más afectadas. Durante estos cinco años, 3.125 PYMEs de la industria de la alimentación se han visto en la obligación de bajar la persiana. A lo largo de este último lustro también se han cerrado 80 compañías de entre 50 y 200 trabajadores. 

Mientras que para las PYMEs la situación político-económica ha supuesto un impacto severo, las grandes empresas han crecido, ligeramente, en esta última época. Concretamente, se han sumado 22 compañías alimentarias de entre 200 y 1.000 trabajadores y otras 18 de más de 1.000 trabajadores. 

A cierre de este año 2024, había en España 26.806 sociedades con menos de 50 trabajadores, 773 de 50 a 200 empleados, 264 de entre 200 y 1.000 y otras 53 de más de 1.000. El 96% del tejido empresarial de esta industria corresponde a las PYMEs, por lo que su salud y su estado financiero es muy relevante. 

"Las estructuras más pequeñas de menos de diez asalariados han protagonizado en mayor medida esta reducción, lo cual demuestra que, a pesar de la mejora de la producción y la internacionalización, las pequeñas empresas son muy vulnerables a contextos inestables de aumento de costes, junto con dificultades de acceso a la financiación en línea con el conjunto de la economía. La mejora de la producción y de la internacionalización ha permitido reducir el número de bajas, pero no ha sido suficiente para evitar el cierre de otras empresas. La protección a la empresa pequeña es fundamental en este sector", explican desde FIAB durante la presentación de su Informe Económico anual, documento que ofrece un análisis de las principales magnitudes del sector durante el ejercicio 2024, elaborado junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

Burocracia, inflación, terceros países....

Son varias las causas que explican este ahogo de las empresas del sector de la alimentación, según explican a este periódico diversas fuentes del sector. Por un lado, el 'ahogo' de todas estas compañías, especialmente las más pequeñas, se explica por el incremento de los costes de la energía y las materias primas y de la inflación generalizada que azota desde hace tiempo a la sociedad. 

Otro factor clave que amenaza constatemente a las empresas es la presión regulatoria y burocrática que viene de Bruselas. Las normativas medioambientales, sanitarias y laborales (que no paran de aumentar) han elevado la carga operativa y administrativa, que resulta especialmente difícil de asumir para las pymes.

Por otro lado, también existen motivos de concentración del mercado, que lleva a que las grandes cadenas de distribución (cada vez más grandes) impongan precios muy ajustados, reduciendo la rentabilidad de los pequeños productores y procesadores; motivos de cambios sociales (menos habitantes en zonas rurales, menor consumo de procesados, más adeptos de la sostenibilidad...); o una problemática falta de relevo generacional.