La división del Poder Judicial bloquea la elección de las presidencias de las dos salas más delicadas del Supremo

“Es el monotema”. Es la definición que hace un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de uno de los asuntos más relevantes que tiene entre manos el órgano de gobierno de los jueces: la renovación de las presidencias de las dos salas más delicadas del Tribunal Supremo, la de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo.

Los aspirantes defendieron sus candidaturas el pasado diciembre, pero más de tres meses después, los vocales siguen sin ponerse de acuerdo sobre quién debe cubrir esas plazas. La última intentona tuvo lugar este martes, cuando la presidenta, Isabel Perelló, acordó incluir su elección en el orden del día del pleno y tuvo que retirarla in extremis ante la falta de acuerdo entre los bloques conservador y progresista, explican fuentes del órgano a elDiario.es. 

Después de años de parálisis, el CGPJ asumió el reto de reactivar los nombramientos de altos cargos judiciales que estaban paralizados desde 2021 por una reforma legal que impedía hacer designaciones en la cúpula de los tribunales mientras estuviera en funciones. Desde entonces, el órgano ha renovado por unanimidad 88 plazas, pero la elección de las presidencias de esas dos salas del alto tribunal sigue resistiéndose. La ley establece que un candidato debe conseguir los 13 votos que constituyen las tres quintas partes del pleno para acceder a una presidencia de sala del Supremo. El actual CGPJ está dividido totalmente a la mitad, con diez vocales progresistas y diez conservadores, a los que suma la presidenta. 

Durante estos meses de negociaciones, los vocales progresistas han dejado claro que apoyan las candidaturas de Ana Ferrer, para la Sala de lo Penal, la que juzga a los aforados; y Pilar Teso, para la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la que revisa los recursos contra las decisiones del Gobierno. Ya propusieron sin éxito a ambas para liderar el órgano. Como entonces, los consejeros conservadores se oponen a apoyar a ambas aspirantes y han trasladado su respaldo a dos candidatos: Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, respectivamente. Se da la circunstancia de que estos últimos, cuya jubilación es próxima, están ocupando en funciones las presidencias de ambas salas. 

En el bloque conservador insisten en la valía de ambos magistrados, que además no están vinculados a ninguna asociación y a los que les atribuyen un carácter moderado. En el sector progresista defienden que, en contraposición, sus candidatas tienen un “proyecto” y, además, “tiempo para poder ejecutarlo”. Y dejan caer incluso que a los vocales elegidos a propuesta del PP les puede interesar dejar paralizadas estas designaciones y retomarlas pasados varios meses, cuando ambos se hayan jubilado y la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) pueda aportar otros perfiles más afines.

Aplicación de la ley de paridad

Son negociaciones condicionadas por cómo se aplica la ley de representación paritaria que, desde el pasado agosto, impone en el caso del CGPJ que en todas las designaciones y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos “se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%”. 

Sin embargo, el texto no define cómo se debe aplicar esa regla, lo que ha derivado en dos posiciones antagónicas dentro del órgano. El bloque progresista defiende que la presencia equilibrada de ambos sexos debe imponerse en cada presidencia, sala o audiencia donde se cubran plazas; mientras que los conservadores ven suficiente lograr la paridad en el conjunto de nombramientos se realicen durante el mandato. 

Hasta ahora, los vocales se han puesto de acuerdo para renovar las presidencias de dos de las cuatro salas del Supremo que tenían presidente interino. Para la Primera (de lo Civil) resultó elegido Ignacio Sancho, que era el único candidato. Sancho está afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Concepción Ureste, de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, fue la elegida para presidir la Sala Cuarta (de lo Social). Además, al frente de la Sala Quinta (de lo Militar) está desde septiembre de 2020 el magistrado Jacobo Barja de Quiroga. 

De ahí que los progresistas hayan defendido la elección de dos mujeres como vía ineludible para cumplir con ese mandato legal que impone la representación paritaria. En este bloque recuerdan que, en el caso del Supremo, tuvieron que pasar 200 años para que una mujer accediera a presidir una de sus salas jurisdiccionales. Ocurrió en 2020, con el nombramiento de María Luisa Segoviano. 

La propia presidenta Perelló desplegó un discurso de cariz feminista en su primera intervención pública como máxima representante del CGPJ. Entonces, reconoció la lucha de las mujeres que han trabajado por el “derecho a la igualdad” y por acabar con la “inmerecida invisibilidad a la que se han visto sometidas en los distintos ámbitos de la vida profesional y social”. Sin embargo, algunas fuentes del órgano creen que su compromiso con la igualdad se ha diluido en estos meses y apuntan que sería partidaria de elegir para las presidencias interinas a los candidatos que propone el bloque conservador. 

Según estas fuentes, ésta es también la posición mayoritaria en la influyente sala de gobierno del Supremo, que no tiene atribuciones jurisdiccionales, pero sí un enorme poder organizativo y administrativo. La tesis mayoritaria en esta instancia es que Martínez Arrieta y Lucas deberían poder culminar sus carreras en la cúspide. Esto es, como presidentes de sala del Supremo.

Ante el evidente bloqueo, algunas voces del bloque progresista empiezan a mostrarse partidarias de transigir con la elección de ambos magistrados y reconocer así sus trayectorias, pero siempre que haya algún tipo de acuerdo que permita en el futuro poder elegir a sus candidatas. Otros vocales consultados rechazan que esa sea una posición mayoritaria dentro del grupo. 

Así las cosas, y aunque nadie cierra la puerta a un acuerdo, no parece que el asunto vaya a resolverse de forma rápida. De hecho, hasta el momento, ni siquiera había una negociación formal abierta. No obstante, del pleno de este martes sí ha salido el acuerdo de que ambos bloques retomen las conversaciones con el objetivo de que estas designaciones puedan votarse al final de este mes o durante el próximo mayo.