Universidades en locales comerciales, en polígonos o sin profesores: los 'chiringuitos' que Sánchez quiere cortar

El Gobierno le ha declarado la guerra a los “chiringuitos” universitarios. A las “fábricas de títulos”, en palabras del presidente, Pedro Sánchez, que se despachó a gusto el lunes contra un determinado tipo de centro privado que prolifera por todo el territorio en los últimos años: el centrado en ganar dinero.

Lo explicó también este martes la Ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ante las críticas de trazo grueso que elevó principalmente el PP contra el plan del Gobierno de endurecer los requisitos para abrir universidades. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que “hay bastantes más chiringuitos en el entorno de Sánchez” que en la Universidad, mientras la madrileña Isabel Díaz Ayuso –que preside la región que de largo tiene más campus privados, 13 frente a 6 públicos– calificó de “suicidio” atacar a la universidad privada y tachó de “sectario” a Sánchez.

“No va de públicas contra privadas, va de buenas contra malas”, trató de ser didáctica Alegría rechazando el maniqueísmo en la crítica popular. También lo había especificado el presidente Sánchez durante su intervención del lunes, cuando anunció que, entre otras medidas dirigidas a asegurar la calidad de las universidades, el Gobierno va a imponer que los nuevos proyectos deberán contar con un nuevo informe que elaborará la Aneca (la agencia que vela por la calidad del sistema universitario) y cuyo dictamen será vinculante, a diferencia de lo que sucede ahora con el que elabora el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Sánchez mencionó en más de una ocasión durante su anuncio que no hay que meter a todas las universidades privadas en el mismo saco y que las medidas anunciadas –aparte del nuevo informe de Aneca se añaden más requisitos de investigación, un mínimo de 4.500 estudiantes o tener al menos tres programas de doctorado– van dirigidas a lo que calificó de “academias” venidas a más con el lucro como principal afán. Hay universidades privadas, Deusto o Mondragón son dos ejemplos, sin ánimo de lucro, lo que casi automáticamente las saca de la crítica gubernamental.

“Se centran en titulaciones con mayor rendimiento”

“El chiringuito universitario obedece a entidades en las que prima únicamente el interés económico”, ilustra Santiago Cuesta, adjunto a la secretaría de participación institucional y movimientos sociales de CCOO. “Y en vez de ofrecer, como hacen las públicas, una estructura de grados, másteres y doctorados se centran en titulaciones con un mayor rendimiento económico, como los másteres”.

La cuenta es sencilla: un máster le cuesta a la universidad, de media, unos 7.500 euros por estudiante. Si se cobran 10.000 euros, una cifra moderada para los centros privados, el resto es beneficio. En regiones como la Comunidad de Madrid, el coste para el centro que lo imparte es aún menor, unos 6.500 euros por alumno, y es poco probable que el precio sea menor. Más ganancia. Hay una estadística que corrobora de algún modo la apuesta de los centros privados por estos posgrados: este curso, por primera vez, hay más estudiantes de máster en universidades privadas que en las públicas.

Por eso el Gobierno quiere obligar a los centros que quieran llamarse universidades que tengan más alumnado de grado que de máster –una medida que ya se incluyó en el decreto Castells– y a la vez forzarlas a ofrecer todo el ciclo formativo, hasta el doctorado. La reforma que anunció Sánchez el lunes incluye subir hasta tres los programas de doctorado que debe tener una universidad (hasta ahora se exigían dos), lo que además redunda en un impulso a la investigación, que es la otra pata en la que flojean algunos centros.

Son universidades que generalmente no están interesadas en la investigación ni en generar beneficios sobre el territorio a través de la transferencia de conocimiento o la colaboración con otros actores del entorno

“Son universidades que generalmente no están interesadas en la investigación ni en generar beneficios sobre el territorio a través de la transferencia de conocimiento o la colaboración con otros actores del entorno”, explican fuentes universitarias respecto al concepto “chiringuito” utilizado por el presidente. La calidad de la docencia también es cuestionable en algunos casos: “Contratan profesores a tiempo parcial que no tienen el doctorado”, continúan. Cuesta, de CCOO, explica que mientras los centros públicos no tienen profesorado que no sea doctor (excepto los asociados, una figura particular), para los privados la exigencia es solo del 50%.

“Se parecen más a academias que a universidades. La falta de actividad de investigación y la dedicación a tiempo parcial del profesorado hace que la docencia pierda calidad. Los criterios de admisión de alumnos son muy laxos –basta con que puedan pagar la matrícula–. Si no son rentables cerrarán, lo que supone un gran riesgo para los alumnos que se matriculen”, cierra la fuente. Tampoco suelen ofrecer servicios en las facultades como biblioteca o comedor, y es común que no tengan ningún programa de doctorado: son caros y no ofrecen mucha rentabilidad directa.

Técnicamente insuficiente, políticamente aceptable

Un análisis de las universidades privadas aprobadas en los últimos años, algunas de ellas contra el criterio de los técnicos del Ministerio de Universidades o de la propia comunidad autónoma que luego la validaría, da cuenta del tipo de proyecto que se está dando por bueno y que el Gobierno pretende cortar. Ya lo intentó en 2021, pero Castells se equivocó –coinciden todos los expertos universitarios consultados– al no obligar a los centros a cumplir los requisitos antes de entrar en funcionamiento y darles cinco años de margen, rendija por la que se han colado varios dudosos.

“El proyecto (...), en realidad, pretende convertir el Instituto Europeo de Posgrado (...) en una universidad. Se constata (...) que los promotores no tenían ni tienen un proyecto definido y de calidad para la Universidad Abierta de Europa”, escribieron los técnicos del Ministerio de Universidades respecto a uno de los últimos proyectos que les llegaron de la Comunidad de Madrid. “La universidad no tiene un sistema de investigación propio. No concreta la colaboración con los sectores productivos o la participación en proyectos de investigación competitivos (...). El régimen de alquiler no garantiza un proyecto con estabilidad”, “se desconoce el coste de las enseñanzas”, “sorprende por la escasa entidad de las cifras destinadas a inversiones, especialmente el primer año”, continuaron. Concluía el informe: “Las numerosas lagunas y deficiencias de este determinan (...) que se emita informe desfavorable”.

Pero como los informes son preceptivos, pero no vinculantes, por muy negativo que sea el dictamen la comunidad autónoma, Madrid en este caso, tiene manos libres para aprobarlo. Todo apunta que ese es el destino de la que sería la decimocuarta universidad madrileña.

Rechazo en Melilla, aprobación en Andalucía

En el caso de lo que finalmente se convirtió en la universidad Utamed, en Andalucía, contra las recomendaciones del Ministerio, los técnicos destacaban negativamente la “inviabilidad financiera del proyecto”, la “inexistencia de un plan de investigación”, la “falta de concreción del modelo académico” y la ausencia del aval prometido. El proyecto había fracasado en Melilla porque ahí la educación depende del Gobierno, que con ese informe rechazó aprobarlo.

Los promotores, relacionados con el que entonces era consejero de Universidades de la Junta, Javier Imbroda, presentaron prácticamente el mismo plan en Andalucía. ¿Le importó a la Junta que otra administración hubiera cerrado la puerta a Utamed, que los rectores de las universidades públicas denunciaran la falta de calidad del proyecto, que estuviera relacionado en sus orígenes con Imbroda o que se fuera a instalar en la sede de otra empresa? Si le importó no se notó. Utamed ya es una realidad hoy.

Este caso ilustra también por qué el Gobierno ha decidido otorgar un ámbito de actuación estatal a las universidades online, como es Utamed, para que las tenga que aprobar el Congreso y no la comunidad autónoma donde decida poner su sede. Explicó Sánchez que dado que son centros a distancia importa poco dónde se ubiquen: dan servicio a todo el mundo y lo que están haciendo es buscar la administración que consideren que mejores opciones de aprobación les ofrezcan. Ya no podrán hacerlo más.

Estreno desfavorable en Extremadura

“No acredita solvencia financiera”, “la plantilla de profesorado es escasa”, “el proyecto de investigación no responde a los criterios requeridos en el Real Decreto”. Unide, la que se postulaba en su momento como primera universidad privada en Extremadura tampoco pasó el examen ministerial. Este proyecto, un centro de capital chileno, pretende además ubicarse en un bajo comercial ocupado por una entidad bancaria y un local en el centro comercial Las Vaguadas de Badajoz.

El informe está lleno de negativas de los técnicos. El proyecto pone 3.000 euros de capital social inicial, que “se consideran insuficientes para el inicio y como garantía a terceros”. Respecto al funcionamiento académico, el informe refleja que “no se especifica qué formación continúa van a dar ni las prácticas académicas”, “no se especifica la formación al profesorado ni la internacionalización” y el apartado de la investigación está “poco definido”. Tampoco será un obstáculo ya que la Junta de Extremadura se dispone a darle el “sí”, según fuentes conocedoras de la situación.

“Debilidades” en Euskadi

La Agencia Vasca de Calidad del Sistema Universitario, Unibasq, observó “debilidades” en el proyecto de universidad privada de Josean Querejeta en Vitoria, Euneiz. Hablaba Unibasq de “titulaciones sin aparente relación entre sí” y que “no representan una oferta completa en ninguna de las ramas en que se enmarcan”. Este organismo tenía dudas sobre la calidad del programa investigador del nuevo centro, así como por el “insuficiente cumplimiento” de los requisitos de plantilla. Tampoco le quedaba claro “de qué instalaciones van a disponer”.

Unibasq realizó posteriormente un informe favorable, aunque para entonces la universidad pública vasca se había sumado a las críticas bajo el argumento de que “resulta extremadamente arriesgado aceptar la viabilidad de una propuesta de nueva Universidad sin conocer el CV del capital humano académico que la va a formar […]. La capacidad de investigación y de docencia no se improvisan”. Añadía el centro público: “Debemos recordar que se está sopesando la posibilidad de implantar una universidad privada con ánimo de lucro en el País Vasco, lo que acarrea una enorme responsabilidad”. Las instituciones vascas –y todos los partidos, excepto Podemos– apoyaron al nuevo centro y Euniz es hoy la tercera universidad privada vasca, pero la única que puede repartir beneficios entre sus dueños.