Innovar es de cobardes

Por Julen Bollain. Publicado originalmente en Catalunya Plural

Es hora de que el debate político en Catalunya deje de girar en torno a remedios parciales y abrace de una vez por todas la renta básica. Porque, desgraciadamente, parece que algo tan simple como garantizar lo básico sigue siendo visto como un lujo.

En un contexto de creciente desigualdad y precariedad, el PSC ha propuesto implementar en Catalunya un modelo de rentas mínimas similar al de Euskadi. Es evidente que la actual Renda Garantida de Ciutadania es, por decirlo de manera políticamente correcta, insuficiente. Por tanto, cualquier mejora, por pequeña que sea, supondrá un alivio para las familias que puedan acceder a ella. Sin embargo, la Generalitat de Catalunya tiene dos opciones: conformarse con lo menos malo o apostar por un futuro donde las necesidades básicas de la población catalana estén cubiertas. Lamentablemente, ha optado por la primera. Quién se lo podría imaginar, ¿verdad?

Sería gracioso si no estuviéramos hablando de las vidas de más del 21% de familias catalanas que están en riesgo de pobreza o exclusión social. Sería gracioso, porque, como en una mala película de domingo por la tarde donde lo único que se salva es la mantita y el sofá, el protagonista se tropezaría, una y otra vez, con la misma piedra. Y es que sería gracioso si los gobiernos no llevaran casi cuatro décadas tropezándose con la misma piedra. Pero el problema no es gracioso, sino que es de suma importancia. Este enfoque que adopta el PSC representa un gravísimo error de diagnóstico y una oportunidad perdida para avanzar hacia una solución verdaderamente efectiva, una solución que realmente ataque de raíz el problema, una solución como es la renta básica.

En un país de ciegos, el tuerto es el rey

El sistema vasco de garantía de ingresos (siendo la RGI su renta mínima) es el no va más de los defensores de las rentas mínimas. Una auténtica referencia dentro del Estado español —incluso en Europa—, al ser uno de los programas de garantía de ingresos más amplios y mejor dotados. Es, como el estudiante mediocre en el grupo que peores notas saca, la punta de lanza de las políticas sociales. No obstante, los datos y estudios más recientes evidencian que esta reina no ha logrado su principal objetivo: erradicar la pobreza en Euskadi. Como tampoco lo logrará en Catalunya.

El vasco es un modelo que funciona. A medias (o menos). Y es que, obviando que el 30% de las personas en situación de pobreza y exclusión social no acceden al sistema, el 53% de las personas beneficiarias no superan la pobreza a pesar de estar dentro del propio sistema. Es decir, que solo acceden siete de cada diez personas en situación de pobreza y, de esas siete, la mitad no logran salir de la pobreza. Como decía, la RGI es la reina en un país de ciegos.

Con todos los datos a su alcance el PSC habrá pensado que, si algo no funciona como se esperaba, ¿qué mejor idea que replicarlo? No vaya a ser que, con un poquito de valentía, nos dé por pensar en alternativas más eficaces al conservadurismo. Si en Euskadi el 20,25% de las familias siguen estando en situación de pobreza y exclusión social, si el sistema está plagado de trabas burocráticas, si de cada diez personas que podrían acceder al sistema tres no lo hacen, y si un montón de gente sigue sin poder vivir dignamente, copiarlo, desde luego, no parece lo más sensato. A no ser que quieras reinar en un país de ciegos, claro está.

No cura, pero al menos no mata al paciente

El problema de la RGI, y de cualquier otra renta mínima, es que nace con un problema de base: es una prestación condicionada. Y como cualquier ayuda que exige mostrar una situación de necesidad para acceder a ella, acaba generando más problemas que los que soluciona. El acceso se convierte en un laberinto burocrático que exige una serie de requisitos que muchas personas no logran cumplir por desconocimiento, falta de información o, porque, simplemente, sienten vergüenza a ser etiquetadas como “dependientes” del Estado. Al final, el sistema logra lo contrario de lo que promete. Es decir, excluye a gran parte de quienes lo necesitan y crea un estigma social que disuade a potenciales personas beneficiaras.

Pero bueno, esto no ha debido preocupar demasiado a quienes han considerado la RGI como su modelo estrella para replicar en Catalunya. Será porque, al fin y al cabo, el hecho de que las rentas mínimas no terminen con la pobreza no es en sí mismo un fallo del sistema, sino una característica del mismo. Es como si un médico se enorgulleciera de recetar un tratamiento que no cura, pero que al menos no mata al paciente. Algo es algo, que diría aquél.

Una oportunidad perdida (otra más)

El intento del PSC de importar el modelo vasco de renta mínima demuestra una falta de ambición y una lectura errónea de la realidad. Creo yo que la experiencia de Euskadi debería servir, precisamente, como advertencia de los límites que tienen las rentas mínimas y no como una hoja de ruta para nuevos experimentos fallidos.

Si el objetivo real fuera abordar el problema de la pobreza, la precariedad y la desigualdad de manera estructural, el debate debe desplazarse hacia la implementación de una renta básica. Pero, como de costumbre, parece que en política lo importante no es solucionar los problemas de raíz, sino maquillar la realidad con soluciones a medias que den la impresión de estar haciendo algo. Insistir en modelos fallidos es, en el mejor de los casos, una muestra de falta de visión política; en el peor, una estrategia que perpetúa la pobreza y la desigualdad en lugar de erradicarlas.

Es hora de que el debate político en Catalunya deje de girar en torno a remedios parciales y abrace de una vez por todas la renta básica. Porque, desgraciadamente, parece que algo tan simple como garantizar lo básico sigue siendo visto como un lujo.