Gobierno y Generalitat cierran su maratón de reuniones con acuerdos en Rodalies, quita de deuda y sintonía fiscal
Los dos gobiernos han celebrado este mes cuatro reuniones bilaterales en las que han encarrilado algunos avances que marcarán la legislatura catalana, aunque aún sin entrar en la nueva financiaciónJunqueras anuncia un acuerdo con el Gobierno para condonar 17.000 millones de deuda de la Generalitat En los últimos quince días se ha producido un maratón de reuniones sectoriales entre el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya como no se había visto en décadas. Las dos administraciones han mantenido hasta cuatro encuentros bilaterales, además del Consejo de Política fiscal con todas las autonomías, de donde han salido acuerdos en materias que marcarán la legislatura catalana y, en buena parte, la española. La gincana comenzó el lunes de la semana pasada con la comisión de infraestructuras, en la que se materializó el acuerdo para el traspaso de Rodalies. Un hito político, que necesitará de altas dosis de aterrizaje técnico para cumplir con el calendario marcado, que supone que Renfe deje de operar el servicio de cercanías catalán antes de un año. Una semana después, el pasado lunes, los dos gobiernos volvieron a la carga con dos reuniones: la bilateral, que da salida a los acuerdos al más alto nivel entre ejecutivos, y la comisión mixta de traspasos. De aquí salieron avances en algunas de las políticas en la que el president Salvador Illa quiere destacar. Lo principal, 5.000 mossos más, 60 nuevos juzgados y la semilla de un consorcio de inversiones entre el Estado y Catalunya que deberá desplegarse más adelante. El que sería uno de los platos fuertes de la semana, la condonación de parte de la deuda autonomía, se anunció ese mismo lunes y la sorpresa fue que el encargado de ponerle cifras fue el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Se trataba de un gesto comunicativo para subrayar que era una conquista política de los republicanos, aunque la ministra María Jesús Montero compareció inmediatamente después para dar todas las cifras El plan diseñado en el Ministerio de Hacienda es que el Estado asuma 83.252 millones en total de deuda de las comunidades autónomas –no solo del FLA sino también deuda privada–, a partir de un reparto que pondera nivel de endeudamiento, población y déficit de financiación. Andalucía será la comunidad más beneficada en términos generales, aunque por población lo será Canarias. Por último, la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales ha acordado este viernes una mayor participación de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) en la campaña de la renta de 2024. En concreto, el órgano bilateral que ha reunido a la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y al secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha fijado los términos de la colaboración entre la ATC y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para que la hacienda catalana tenga más peso, tanto en número de efectivos como en puntos de atención. El Govern ve necesario que la ATC se refuerce para poder asumir el nuevo modelo de financiación singular, que no se abordará como tal en la bilateral. La reunión de este viernes supone el primer paso para lograr la recaudación completa del IRPF prevista para 2026 y para el que debe llevarse a cabo un refuerzo humano y material de la estructura de la Generalitat para poder recaudar tributos. Una de las novedades del encuentro es que el responsable de la Hacienda del Estado y la consellera han anunciado que utilizarán el impuesto de matriculación para hacer una prueba piloto sobre las fórmulas de colaboración recaudatoria entre ambas administraciones. Se tratará de un paso previo antes de que la agencia catalana pueda lanzarse sola a recaudar el IRPF de 2026, tal como preveé. En todas las reuniones, aunque especialmente en la comisión económica de este viernes, ha sobrevolado la cuestión de la financiación. Se trata de la patata caliente más importante de la legislatura, no solo para el Govern catalán y para ERC, sino también par la vicepresidenta Montero. Con todo, pese al maratón de reuniones, los avances en esta materia han sido nulos, pues todo está a la espera de que el grupo de trabajo convocado por la Generalitat acabe de dar forma a su propuesta. Algo que no se espera que pase hasta, al menos, el final del semestre.
Los dos gobiernos han celebrado este mes cuatro reuniones bilaterales en las que han encarrilado algunos avances que marcarán la legislatura catalana, aunque aún sin entrar en la nueva financiación
Junqueras anuncia un acuerdo con el Gobierno para condonar 17.000 millones de deuda de la Generalitat
En los últimos quince días se ha producido un maratón de reuniones sectoriales entre el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya como no se había visto en décadas. Las dos administraciones han mantenido hasta cuatro encuentros bilaterales, además del Consejo de Política fiscal con todas las autonomías, de donde han salido acuerdos en materias que marcarán la legislatura catalana y, en buena parte, la española.
La gincana comenzó el lunes de la semana pasada con la comisión de infraestructuras, en la que se materializó el acuerdo para el traspaso de Rodalies. Un hito político, que necesitará de altas dosis de aterrizaje técnico para cumplir con el calendario marcado, que supone que Renfe deje de operar el servicio de cercanías catalán antes de un año.
Una semana después, el pasado lunes, los dos gobiernos volvieron a la carga con dos reuniones: la bilateral, que da salida a los acuerdos al más alto nivel entre ejecutivos, y la comisión mixta de traspasos. De aquí salieron avances en algunas de las políticas en la que el president Salvador Illa quiere destacar. Lo principal, 5.000 mossos más, 60 nuevos juzgados y la semilla de un consorcio de inversiones entre el Estado y Catalunya que deberá desplegarse más adelante.
El que sería uno de los platos fuertes de la semana, la condonación de parte de la deuda autonomía, se anunció ese mismo lunes y la sorpresa fue que el encargado de ponerle cifras fue el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Se trataba de un gesto comunicativo para subrayar que era una conquista política de los republicanos, aunque la ministra María Jesús Montero compareció inmediatamente después para dar todas las cifras
El plan diseñado en el Ministerio de Hacienda es que el Estado asuma 83.252 millones en total de deuda de las comunidades autónomas –no solo del FLA sino también deuda privada–, a partir de un reparto que pondera nivel de endeudamiento, población y déficit de financiación. Andalucía será la comunidad más beneficada en términos generales, aunque por población lo será Canarias.
Por último, la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales ha acordado este viernes una mayor participación de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) en la campaña de la renta de 2024.
En concreto, el órgano bilateral que ha reunido a la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y al secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha fijado los términos de la colaboración entre la ATC y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para que la hacienda catalana tenga más peso, tanto en número de efectivos como en puntos de atención.
El Govern ve necesario que la ATC se refuerce para poder asumir el nuevo modelo de financiación singular, que no se abordará como tal en la bilateral. La reunión de este viernes supone el primer paso para lograr la recaudación completa del IRPF prevista para 2026 y para el que debe llevarse a cabo un refuerzo humano y material de la estructura de la Generalitat para poder recaudar tributos.
Una de las novedades del encuentro es que el responsable de la Hacienda del Estado y la consellera han anunciado que utilizarán el impuesto de matriculación para hacer una prueba piloto sobre las fórmulas de colaboración recaudatoria entre ambas administraciones. Se tratará de un paso previo antes de que la agencia catalana pueda lanzarse sola a recaudar el IRPF de 2026, tal como preveé.
En todas las reuniones, aunque especialmente en la comisión económica de este viernes, ha sobrevolado la cuestión de la financiación. Se trata de la patata caliente más importante de la legislatura, no solo para el Govern catalán y para ERC, sino también par la vicepresidenta Montero.
Con todo, pese al maratón de reuniones, los avances en esta materia han sido nulos, pues todo está a la espera de que el grupo de trabajo convocado por la Generalitat acabe de dar forma a su propuesta. Algo que no se espera que pase hasta, al menos, el final del semestre.
