Elche desmonta la coartada del Gobierno para recortar el trasvase Tajo-Segura: no hay conducción para desalar
El presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda, Roque Bru , ha desmontado la coartada del Gobierno para recortar a la mitad el trasvase Tajo-Segura al esgrimir la desalación como recurso hídrico sustitutivo: «Las alternativas que proponen por parte del Ministerio no se pueden cumplir porque a Elche no puede llegar el agua desalada ya que no hay infraestructuras para ello». Hasta ahora, cuando a esta agrupación de agricultores usuarios del acueducto -una de las más numerosas- se le asignan caudales de la desalinizadora de Torrevieja (la de mayores dimensiones de Europa), como las conducciones sólo llegan hasta Orihuela, se tienen que permutar esos mismos volúmenes por agua del trasvase. Con lo cual, si se cierra ese grifo, no hay forma de compensar y se quedarían secos. «Los recortes en el trasvase se van a llevar a cabo a pesar de contar con más de 1.500 hectómetros cúbicos de agua en cabecera», ha subrayado, además, Bru, para quien conviene explicar con transparencia y claridad la situación a la opinión pública y al sector primario. «Vamos a tener que hacer pedagogía y hacer ver a nuestros agricultores que, si se aplican las nuevas reglas de explotación, empezaremos a pasarlo mal en el año 2027», ha advertido. Así lo ha expuesto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche , donde se ha celebrado este miércoles la primera Mesa Local del Agua , un órgano en el que están representados todos los agentes sociales y actores involucrados en las políticas hídricas que afectan al municipio, y en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de actuar conjuntamente para garantizar el agua después de que el Ministerio de Transición Ecológica anunciara nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura. Según el alcalde, Pablo Ruz «se trata de una propuesta que liquida la viabilidad del trasvase y que condena aquí a la extinción a la agricultura , un sector estratégico, que da empleo a muchas familias, y que en momentos de crisis mundial como la pandemia de 2020 fue la que aseguró el suministro de alimentos a muchas familias españolas». En este sentido, Ruz ha apelado a la unidad «para alzar con fuerza la voz frente a este atropello porque si las nuevas reglas de explotación del trasvase se aprueban se estaría asistiendo a la cancelación de esta agricultura, a un tremendo hachazo al desarrollo económico, y, lo que es todavía más dramático, se estaría incluso poniendo en peligro el suministro de agua necesario para el consumo humano, para la vida de los ciudadanos». En primer lugar, en el encuentro se ha constituido la Mesa Local del Agua y tras su composición, se le ha encomendado a este órgano, la redacción de un acuerdo con el que se pretende exigir al Gobierno de España que no se modifiquen las reglas con el objetivo de garantizar el futuro de la ciudad de Elche y de su sector primario, así como de todo el Levante español. La tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Elche, Aurora Rodil, ha abundado en esta preocupación ante «una decisión que puede suponer la destrucción del sector primario que es vital para este municipio y para muchas otras regiones de España que también se van a ver afectadas, porque sin el sector primario no se existe». Por su parte, Ángel Urbina , de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, ha calificado la decisión del Gobierno central como «un insulto cuando hoy en día hay 1.500 hectómetros cúbicos en los embalses de Entrepeñas y Buendía y más de 9.000 en la cuenca del Tajo y llegan aquí tan sólo 100 hectómetros cúbicos de agua; un insulto que ni esta tierra, ni estos ciudadanos, incluidos los no regantes, deben consentir». Desde el Sindicato Central de Regantes del Acuerdo Tajo-Segura, Lucas Jiménez , ha instado a la movilización, como ya hizo este martes en el acto de protesta en Murcia, con el respaldo de los presidentes autonómicos Carlos Mazón y Fernando López Miras , y el consejero andaluz Ramón Fernández Pacheco . «Ya nos encontramos en la casilla de salida para defender y enfrentarnos a las decisiones que tome el Ministerio desde este preciso momento», ha anticipado, y se ha mostrado dispuesto al diálogo para aportar ideas ante las nuevas reglas . Desde la Diputación de Alicante, su vicepresidenta y diputada del Ciclo Hídrico, Ana Serna , ha ofrecido «toda la ayuda económica, judicial o social para intentar parar este ataque brutal a la provincia y a la comunidad hermana, la Región de Murcia». El acto se ha convertido en un clamor para exigir de forma unánime el mantenimiento de las normas actuales de las transferencias hídricas entre ambas cuencas. Serna ha puesto el acento en que el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez «pone en riesgo la viabilidad del trasvase y con ello el futuro de un sector tan importante como el de la agricultura, del que dependen miles de familias». Y todo -ha denunciado- con la falta de « criterios técnicos » que lo avalen este cambio. Por eso, ha reclamado «a todos los grupos políticos que defiendan desde Alicante los intereses de esta tierra por
El presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda, Roque Bru , ha desmontado la coartada del Gobierno para recortar a la mitad el trasvase Tajo-Segura al esgrimir la desalación como recurso hídrico sustitutivo: «Las alternativas que proponen por parte del Ministerio no se pueden cumplir porque a Elche no puede llegar el agua desalada ya que no hay infraestructuras para ello». Hasta ahora, cuando a esta agrupación de agricultores usuarios del acueducto -una de las más numerosas- se le asignan caudales de la desalinizadora de Torrevieja (la de mayores dimensiones de Europa), como las conducciones sólo llegan hasta Orihuela, se tienen que permutar esos mismos volúmenes por agua del trasvase. Con lo cual, si se cierra ese grifo, no hay forma de compensar y se quedarían secos. «Los recortes en el trasvase se van a llevar a cabo a pesar de contar con más de 1.500 hectómetros cúbicos de agua en cabecera», ha subrayado, además, Bru, para quien conviene explicar con transparencia y claridad la situación a la opinión pública y al sector primario. «Vamos a tener que hacer pedagogía y hacer ver a nuestros agricultores que, si se aplican las nuevas reglas de explotación, empezaremos a pasarlo mal en el año 2027», ha advertido. Así lo ha expuesto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche , donde se ha celebrado este miércoles la primera Mesa Local del Agua , un órgano en el que están representados todos los agentes sociales y actores involucrados en las políticas hídricas que afectan al municipio, y en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de actuar conjuntamente para garantizar el agua después de que el Ministerio de Transición Ecológica anunciara nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura. Según el alcalde, Pablo Ruz «se trata de una propuesta que liquida la viabilidad del trasvase y que condena aquí a la extinción a la agricultura , un sector estratégico, que da empleo a muchas familias, y que en momentos de crisis mundial como la pandemia de 2020 fue la que aseguró el suministro de alimentos a muchas familias españolas». En este sentido, Ruz ha apelado a la unidad «para alzar con fuerza la voz frente a este atropello porque si las nuevas reglas de explotación del trasvase se aprueban se estaría asistiendo a la cancelación de esta agricultura, a un tremendo hachazo al desarrollo económico, y, lo que es todavía más dramático, se estaría incluso poniendo en peligro el suministro de agua necesario para el consumo humano, para la vida de los ciudadanos». En primer lugar, en el encuentro se ha constituido la Mesa Local del Agua y tras su composición, se le ha encomendado a este órgano, la redacción de un acuerdo con el que se pretende exigir al Gobierno de España que no se modifiquen las reglas con el objetivo de garantizar el futuro de la ciudad de Elche y de su sector primario, así como de todo el Levante español. La tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Elche, Aurora Rodil, ha abundado en esta preocupación ante «una decisión que puede suponer la destrucción del sector primario que es vital para este municipio y para muchas otras regiones de España que también se van a ver afectadas, porque sin el sector primario no se existe». Por su parte, Ángel Urbina , de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, ha calificado la decisión del Gobierno central como «un insulto cuando hoy en día hay 1.500 hectómetros cúbicos en los embalses de Entrepeñas y Buendía y más de 9.000 en la cuenca del Tajo y llegan aquí tan sólo 100 hectómetros cúbicos de agua; un insulto que ni esta tierra, ni estos ciudadanos, incluidos los no regantes, deben consentir». Desde el Sindicato Central de Regantes del Acuerdo Tajo-Segura, Lucas Jiménez , ha instado a la movilización, como ya hizo este martes en el acto de protesta en Murcia, con el respaldo de los presidentes autonómicos Carlos Mazón y Fernando López Miras , y el consejero andaluz Ramón Fernández Pacheco . «Ya nos encontramos en la casilla de salida para defender y enfrentarnos a las decisiones que tome el Ministerio desde este preciso momento», ha anticipado, y se ha mostrado dispuesto al diálogo para aportar ideas ante las nuevas reglas . Desde la Diputación de Alicante, su vicepresidenta y diputada del Ciclo Hídrico, Ana Serna , ha ofrecido «toda la ayuda económica, judicial o social para intentar parar este ataque brutal a la provincia y a la comunidad hermana, la Región de Murcia». El acto se ha convertido en un clamor para exigir de forma unánime el mantenimiento de las normas actuales de las transferencias hídricas entre ambas cuencas. Serna ha puesto el acento en que el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez «pone en riesgo la viabilidad del trasvase y con ello el futuro de un sector tan importante como el de la agricultura, del que dependen miles de familias». Y todo -ha denunciado- con la falta de « criterios técnicos » que lo avalen este cambio. Por eso, ha reclamado «a todos los grupos políticos que defiendan desde Alicante los intereses de esta tierra por encima de posiciones partidistas».
