El Supremo de EEUU desconfía de las aspiraciones absolutistas de Trump, pero tampoco va a la confrontación directa

La guerra judicial de Donald Trump contra los tribunales está llegando al final del recorrido: el Tribunal Supremo. La máxima instancia judicial ya ha comenzado a pronunciarse sobre algunas de las más de cien órdenes ejecutivas que el presidente estadounidense ha firmado en sus tres meses de mandato. Aunque la mayoría conservadora del alto tribunal (6 a 3) se muestra favorable a la agenda de Trump, la agresividad con la que se ha comportado esta nueva administración ha llevado al tribunal a actuar con cautela.

“Hay seis jueces que están de acuerdo con la mayoría de lo que la administración intenta hacer, pero creo que hay señales crecientes de que se sienten incómodos con la forma en que esta está acaparando poder”, apunta David Super, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Georgetown. Los fallos recientes que ha emitido el Supremo son respuestas a recursos de emergencia, en los que ha evitado pronunciarse sobre el fondo para eludir la confrontación directa con el gobierno. Aunque, probablemente, a finales de junio los magistrados tendrán que emitir sentencias sustantivas en casos como el derecho a la ciudadanía por nacimiento o el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Las decisiones de los jueces serán clave por dos motivos: volverán a trazar los límites que Trump parece haber desdibujado a golpe de decreto y pondrán a prueba hasta qué punto la administración está dispuesta a saltarse los marcos constitucionales para lograr sus objetivos. Hasta ahora, el gobierno de Trump se ha dedicado a desafiar a los jueces federales con el fin de mermar sus competencias y ganar tiempo hasta que el alto tribunal se pronuncie de forma definitiva. “Si entonces el Supremo determina que realmente [Trump] debe cumplir las órdenes de los jueces inferiores, tendrá que aplicarlas. Y si las ignora, entraremos en un escenario completamente distinto, que representaría un punto de inflexión para el sistema democrático”, explica Hans Noel, politólogo de la Universidad de Georgetown.

Por ahora, según apunta Super, el Supremo parece estar aplazando la resolución de esa incógnita mientras muestra cada vez más desconfianza hacia la voluntad del presidente de respetar el sistema de contrapesos. “En las últimas sentencias vemos ciertos patrones: la Corte Suprema adopta decisiones que no son un respaldo sustantivo al Gobierno, pero que sí le dan más margen y tiempo de actuación antes de llegar a un fallo de fondo. Al mismo tiempo, muestra una creciente desconfianza hacia la administración”, explica Super. El ejemplo más claro de este comportamiento son los fallos de emergencia respecto a la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar migrantes.

En uno de los recursos sobre la ley de 1789, el Supremo evitó pronunciarse sobre el fondo y levantó el bloqueo cautelar que el juez de Washington, James Boasberg, había impuesto a la aplicación de dicha ley. En un fallo de 5 a 4, los magistrados argumentaron que los migrantes deportados estaban en Texas y, por tanto, la jurisdicción recaía en un juez federal de ese estado y no del Distrito de Columbia. Aun así, también especificaron que el gobierno debía cumplir con las garantías procesales de los afectados y ordenaron notificar su caso con antelación suficiente para que pudieran defenderse. El resultado fue que tanto la Casa Blanca como los abogados de inmigración celebraron la sentencia por los aspectos que les favorecían.

En otra resolución, derivada de un recurso paralelo sobre la deportación de un grupo de venezolanos a El Salvador bajo la misma ley, el Supremo bloqueó de forma urgente la expulsión con una mayoría de 7 a 2. Ordenó suspender el vuelo al considerar que no estaba claro si la administración había cumplido con las garantías procesales exigidas en el fallo anterior. “La respuesta sugiere que los magistrados creen que la administración intenta evitar la revisión judicial, y no van a permitirlo. Están diciendo: los demandantes deben acudir al tribunal adecuado, pero si lo hacen, tienen derecho a ser escuchados”, sostiene Super.

La aparente contradicción entre ambas sentencias (permitir el uso de la ley en un caso y bloquearlo días después) refleja el debate interno del Supremo entre su afinidad con la agenda presidencial y su alarma por los intentos de Trump de invadir las competencias del poder judicial.

La misma mayoría conservadora que el verano pasado concedió la inmunidad presidencial a Trump —convirtiéndolo en un “rey por encima de la ley”— ahora parece estar “incómoda” ante sus aspiraciones absolutistas. Esta desconfianza hacia un Trump que se cree impune —ya ha desobedecido dictámenes judiciales, como la orden de devolver a un hombre deportado “por error” a El Salvador— podría traducirse en fallos distintos a los esperados hace solo unos meses. “Estamos viendo casos en los que los fallos son 7 a 2 o incluso 9 a 0 a favor de los demandantes, lo que sugiere que el tribunal empieza a alarmarse por los intentos del presidente de acaparar poder”, expone Super.

El fallo de 7 a 2 corresponde al bloqueo mencionado sobre la suspensión del vuelo de deportación. El fallo unánime de 9 a 0 es el recurso por la deportación “por error” del salvadoreño Kilmar García Abrego. El Supremo intervino después de que el gobierno de Trump desoyera la orden de la jueza federal Paula Xinis de devolver al hombre de inmediato a EEUU. Un detalle relevante —y que refleja estas medias tintas judiciales— es que se trata de una sentencia no firmada. Además, indica que el gobierno debe “facilitar” el retorno del afectado, en lugar de ordenarlo directamente.

Para Super, una de las sentencias clave en esta batalla judicial será la relativa al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, que ya ha derivado en un conflicto sobre el derecho al habeas corpus y al debido proceso judicial. “Estamos viendo cómo la administración condena abiertamente la idea del debido proceso legal. Pero la Corte Suprema ha dicho unánimemente que este proceso debe garantizarse antes de que una persona sea deportada. Así que nos acercamos rápidamente a un conflicto entre ambas partes, y la forma en que se resuelva nos dirá mucho sobre si puede alcanzarse un entendimiento o si habrá una confrontación directa entre las dos instituciones”, afirma el profesor.

Esta incomodidad, que ha provocado la ruptura del bloque 6 a 3, se refleja también en los comentarios de algunos jueces en sus sentencias. En el bloque conservador están el presidente del Supremo, John G. Roberts, y los jueces Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh, Amy Coney Barrett, Clarence Thomas y Samuel A. Alito.

En el lado progresista se encuentran Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Sotomayor fue quien advirtió, en la sentencia de inmunidad, de que se convertía al presidente en “un rey por encima de la ley”, mientras que Alito ha estado envuelto en polémicas por colgar la bandera estadounidense boca abajo durante la investidura del presidente Joe Biden.

De hecho, Alito sigue siendo el más alineado con las decisiones de Trump dentro del bloque conservador. Recientemente, criticó a sus compañeros por suspender el vuelo de deportación sin pruebas claras de que el gobierno estuviera incumpliendo las garantías procesales. “Me negué a sumarme a la orden del Tribunal porque no teníamos una razón de peso para pensar que, en esas circunstancias, emitir una orden a medianoche fuera necesario o apropiado”, escribió. Según él, el problema era de tiempos y consideraba la medida “jurídicamente cuestionable”. Clarence Thomas fue el otro juez disidente, mientras que el resto de los jueces conservadores votaron junto con las progresistas para frenar la deportación.