El Senado de Texas dio un paso significativo en su postura contra la inmigración indocumentada al aprobar un duro proyecto de ley que refuerza la colaboración entre los sheriffs y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La iniciativa, conocida como SB 8, establece la obligación de los alguaciles de los condados más poblados de firmar acuerdos para hacer cumplir la ley federal. Ahora, la regla enfrenta un nuevo desafío antes de poder entrar en vigor.

Los puntos clave del proyecto SB 8: la nueva ley antiinmigrantes de Texas

El proyecto de ley SB 8, impulsado por los senadores republicanos Charles Schwertner y Joan Huffman, establece nuevas reglas para la participación de los sheriffs texanos en la aplicación de leyes migratorias.

• Acuerdos obligatorios con ICE: los alguaciles de condados con más de 100 mil habitantes deben solicitar y firmar un acuerdo con ICE bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, lo que les permitirá actuar como agentes migratorios.
• Opcional para condados pequeños: aquellos que administran condados con menos de 100 mil residentes podrán firmar el acuerdo de manera voluntaria.
• Asignación de recursos: se exige a los alguaciles destinar personal y presupuesto para cumplir con los objetivos de detención y deportación.
• Reaplicaciones anuales: en caso de que el ICE rechace una solicitud, los alguaciles de condados grandes deberán insistir al menos una vez por año.

El camino legislativo de la regla anti inmigrantes ilegales: ¿qué falta para que sea ley?

El proyecto SB 8 superó varios pasos en el Senado antes de llegar a la Cámara de Representantes de Texas, donde ahora se definirá su destino.

• Aprobación en el Senado: se realizó una serie de enmiendas y votaciones entre el 1° y 2 de abril de 2025. Finalmente, la Cámara alta aprobó el proyecto con una votación unánime en el Comité de Asuntos Estatales, con nueve votos a favor y dos ausentes.
• Paso a la Cámara de Representantes: el 2 de abril, la iniciativa llegó a la Cámara baja, donde podría ser aprobada, modificada o rechazada.
• Posibles enmiendas: en la Cámara de Representantes, los legisladores podrían cambiar algunos aspectos del proyecto. Si se realizan modificaciones sustanciales, el Senado deberá revisarlas antes de dar su aprobación final.
• Firma del gobernador: si la Cámara aprueba el texto sin cambios o tras negociaciones con el Senado, el gobernador Greg Abbott decidirá si lo firma o lo veta.

Para apoyar la implementación de SB 8, el gobierno texano prevé un programa de subsidios administrado por el contralor estatal, destinado a sheriffs que necesiten fondos para cumplir con los nuevos requisitos.

No obstante, el proyecto generó un intenso debate. Los sectores críticos, incluidos defensores de los derechos de los inmigrantes y algunos legisladores demócratas, consideran que la ley podría derivar en perfilamiento racial y separación de familias.

El futuro de SB 8 ahora depende de la Cámara de Representantes de Texas. Si supera esta etapa y el gobernador lo aprueba, la ley entrará en vigor a partir del 1° de enero de 2026, según lo dispuesto en la última sección aprobada en el Senado. Mientras tanto, el debate continúa en torno a sus implicaciones para las comunidades migrantes y el papel de las autoridades locales en la aplicación de leyes federales.