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El juez Marchena se une al "quien pueda hacer, que haga" contra el Gobierno
El magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y uno de los jueces más influyentes del país, ha vuelto a la primera línea con la publicación de su nuevo libro, titulado La justicia AMENAZADA. Lejos de la pretendida neutralidad que ha cultivado durante años, Marchena lanza en esta obra una crítica soterrada, pero inequívoca, al Ejecutivo de Pedro Sánchez, sumándose así al coro de jueces que, en los últimos meses, han optado por posicionarse abiertamente contra el Gobierno. La ofensiva judicial se intensifica, y el juez Marchena, lejos de ejercer como contrapeso moderado, parece haberse alineado con el "quien pueda hacer, que haga" que se extiende en ciertos sectores del poder judicial. Con un título tan explícito como revelador -La justicia AMENAZADA, en mayúsculas- y una portada cargada de simbolismo en la que aparecen togas atadas con cadenas sobre fondo negro, el libro no deja lugar a dudas sobre el tono general. Su tesis central gira en torno a una supuesta pérdida de independencia del Ministerio Fiscal, de la que responsabiliza indirectamente al Gobierno. Marchena rescata, como punto de partida de su crítica, la ya célebre respuesta del presidente en una entrevista radiofónica en 2018: "¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está". Una frase que el magistrado recupera para plantear dudas sobre la neutralidad de la Fiscalía General del Estado y su relación con el poder político. "Al poder político le resulta indiferente el desenlace de esas millas de juicios que se celebran cada día, pero tiene un inocultable interés en que esa docena de procesos penales que puedan afectar a que sus intereses estén férreamente controlados por el fiscal general", escribe Marchena. La judicatura conservadora contra el Gobierno Estas palabras llegan en un momento de tensión máxima entre el Gobierno y parte de la judicatura. En este caldo de cultivo, el juez Marchena se incorpora a una suerte de frente judicial que viene ganando visibilidad en los últimos meses, con nombres como los de Juan Carlos Peinado y Ángel Hurtado a la cabeza. Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, es el magistrado que lleva la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. A pesar de que no ha trascendido prueba alguna que sustente indicios sólidos contra ella, el juez ha mantenido abierta la causa, citando incluso a Pedro Sánchez como testigo. La Audiencia de Madrid, que no encuentra indicios de delito, ha pedido archivar el caso, pero Peinado insiste en avanzar en una instrucción que numerosos juristas califican de artificial. No son pocos los que interpretan su actuación como una estrategia judicial para desgastar al Ejecutivo en un momento político delicado. Ángel Hurtado, por su parte, vocal del Consejo General del Poder Judicial y también juez de la Sala Segunda del Supremo, ha criticado abiertamente la ley de amnistía. En diferentes foros, Hurtado ha advertido de lo que considera una erosión de la separación de poderes y un uso político del derecho penal. En su voto particular en...
El magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y uno de los jueces más influyentes del país, ha vuelto a la primera línea con la publicación de su nuevo libro, titulado La justicia AMENAZADA. Lejos de la pretendida neutralidad que ha cultivado durante años, Marchena lanza en esta obra una crítica soterrada, pero inequívoca, al Ejecutivo de Pedro Sánchez, sumándose así al coro de jueces que, en los últimos meses, han optado por posicionarse abiertamente contra el Gobierno. La ofensiva judicial se intensifica, y el juez Marchena, lejos de ejercer como contrapeso moderado, parece haberse alineado con el "quien pueda hacer, que haga" que se extiende en ciertos sectores del poder judicial. Con un título tan explícito como revelador -La justicia AMENAZADA, en mayúsculas- y una portada cargada de simbolismo en la que aparecen togas atadas con cadenas sobre fondo negro, el libro no deja lugar a dudas sobre el tono general. Su tesis central gira en torno a una supuesta pérdida de independencia del Ministerio Fiscal, de la que responsabiliza indirectamente al Gobierno. Marchena rescata, como punto de partida de su crítica, la ya célebre respuesta del presidente en una entrevista radiofónica en 2018: "¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está". Una frase que el magistrado recupera para plantear dudas sobre la neutralidad de la Fiscalía General del Estado y su relación con el poder político. "Al poder político le resulta indiferente el desenlace de esas millas de juicios que se celebran cada día, pero tiene un inocultable interés en que esa docena de procesos penales que puedan afectar a que sus intereses estén férreamente controlados por el fiscal general", escribe Marchena. La judicatura conservadora contra el Gobierno Estas palabras llegan en un momento de tensión máxima entre el Gobierno y parte de la judicatura. En este caldo de cultivo, el juez Marchena se incorpora a una suerte de frente judicial que viene ganando visibilidad en los últimos meses, con nombres como los de Juan Carlos Peinado y Ángel Hurtado a la cabeza. Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, es el magistrado que lleva la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. A pesar de que no ha trascendido prueba alguna que sustente indicios sólidos contra ella, el juez ha mantenido abierta la causa, citando incluso a Pedro Sánchez como testigo. La Audiencia de Madrid, que no encuentra indicios de delito, ha pedido archivar el caso, pero Peinado insiste en avanzar en una instrucción que numerosos juristas califican de artificial. No son pocos los que interpretan su actuación como una estrategia judicial para desgastar al Ejecutivo en un momento político delicado. Ángel Hurtado, por su parte, vocal del Consejo General del Poder Judicial y también juez de la Sala Segunda del Supremo, ha criticado abiertamente la ley de amnistía. En diferentes foros, Hurtado ha advertido de lo que considera una erosión de la separación de poderes y un uso político del derecho penal. En su voto particular en...
