El Gobierno prohibirá la entrada en España de la munición israelí para evitar pagar los 6 millones del contrato rescindido

Moncloa cree que no tendrá que pagar los seis millones de euros del contrato adjudicado a una empresa israelí para la compra de balas porque dice tener una "causa justificada" para rescindirlo sin abonar esa cuantía o pagar una indemnización. Fuentes gubernamentales aseguran a 20minutos que tienen un "motivo justificado" para anular esa adjudicación, que es que el órgano que regula la entrada de material de defensa a España, dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio, denegará el permiso de importación de ese material a España "por razones de interés general", dando vía libre a la anulación del contrato sin tener que pagar ni la cuantía del contrato ni una eventual multa.

Fuentes gubernamentales confirmaron este jueves que este contrato adjudicado por el Ministerio del Interior a una empresa israelí se rescindirá. Así se lo ordenó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro Fernando Grande-Marlaska, después de que el contrato se hiciese público y causase un cisma dentro de la coalición. Sumar pidió la anulación inmediata del mismo e IU incluso amagó con salir del Gobierno de coalición. La polémica se desactivó tras el movimiento de Moncloa de rescindir de "forma unilateral" este contrato a la empresa israelí IMI Systems.

En ese momento, tanto la abogacía del Estado como los ministerios competentes se pusieron en marcha para estudiar las "posibles reacciones legales y reclamaciones". Moncloa sostiene que ya ha encontrado la fórmula a través de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, pese a que la Abogacía del Estado había desaconsejado anular el contrato porque podría implicar el pago a la empresa israelí aunque no se reciba el material contratado.

Precisamente, esa advertencia fue la que provocó que Marlaska insistiese en mantener la adjudicación; no obstante, Moncloa cree que si alega que las balas no llegarán a su destino porque no tienen autorización en la frontera, evitarán esa posibilidad y las sanciones. En todo caso, desde el Ministerio del Interior aún se muestran dudosos sobre si esta alegación será suficiente, aunque garantizan que el contrato será anulado.

El Gobierno asegura que todos los contratos para comprar armamento a Israel están paralizados y no les consta ninguna adjudicación vigente posterior al inicio de la guerra, es decir, a octubre de 2023. Reconocen que sí que existen contratos plurianuales anteriores a esa fecha que se podrían haber extendido y ya no pueden paralizarse a medio camino, pero insisten en que están cumpliendo con su compromiso y que no se han realizado más compras. Aseguran que las que aparecen vigentes en el Portal de Contratación estarían paralizadas.

Lo que sí reconocen es que se han podido realizar compras a Israel que no son de armamento o incluso podrían figurar adjudicaciones a una empresa española o de otro país que, a su vez, comprase piezas o componentes a Israel. Al respecto, fuentes de Moncloa aseguran que esta es una cuestión que no pueden controlar desde la Administración y precisan que su "acuerdo político" con Sumar se refiere a las compras a Israel y solo incluye armamento.

Ha sucedido, por ejemplo, con dos contratos realizados por el Ministerio de Defensa. Uno para el lanzacohetes SILAM, cuyo desarrollo y fabricación se firmó en España con la empresa Escribano y Expal, sin embargo, en la cadena de suministros se incluía un componente tecnológico de la empresa israelí Elbit, que fuentes de Defensa reconocen que a día de hoy “no es sustituible".

También ocurre con la adquisición de misiles SLIKE, desarrollados por la compañía española Pap-Tecnos, cuyo proveedor tecnológico es la empresa israelí Rafael, que Defensa también asegura que "no es sustituible" en este momento. En este sentido, el Ministerio de Margarita Robles asegura que actualmente "no compra armamento ni munición" a Israel y que el último contrato que se podría realizar con este país se paralizó el 26 de noviembre del pasado año al comprobarse que el adjudicatario era israelí, por lo que no se formalizó.