El fin del mundo, ¿es solo el comienzo? (III)

En las dos entregas anteriores se argumentó que el orden económico internacional basado en eficiencia, apertura y neutralidad está dando paso a un entorno donde predominan la rivalidad geopolítica, la regionalización productiva y el interés nacional como eje de las decisiones económicas. Este viraje ha revalorizado el papel del Estado como arquitecto del desarrollo, especialmente mediante políticas industriales activas.

México se encuentra en un momento bisagra. Las oportunidades asociadas al nearshoring y a la reconfiguración de cadenas de suministro son reales, pero no automáticas. Requieren de capacidades institucionales, visión estratégica y una política industrial que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI. Se trata de construir una nueva generación de políticas públicas que respondan a los dilemas actuales de competitividad, sostenibilidad y seguridad económica.

Frente a este panorama, se vuelve imprescindible delinear una hoja de ruta que oriente la acción pública. Una política industrial moderna para México debería descansar, al menos, en diez ejes estratégicos esenciales:

Innovación y desarrollo tecnológico. México debe convertirse en una economía innovadora. Para ello, es indispensable elevar la inversión en I+D al menos al 2 por ciento del PIB, fortalecer la vinculación entre universidades y empresas, facilitar el acceso a tecnología avanzada y proteger eficazmente la propiedad intelectual.

Estado de derecho y certidumbre jurídica. Sin un marco jurídico sólido, ninguna estrategia industrial será sostenible. Se requiere transparencia en el uso de recursos públicos, un sistema judicial eficiente, combate frontal a la corrupción y una regulación clara y estable.

Digitalización y conectividad. México necesita reducir el costo del espectro, ampliar la conectividad a todo el territorio y diseñar una política digital competitiva que promueva la transformación de las empresas. La inclusión digital y la equidad de género en este campo también deben ser prioritarias.

Encadenamientos productivos y proveedores locales. El reto no es sólo atraer inversión extranjera, sino integrar a las PyMEs nacionales en cadenas de valor complejas. Esto implica crear bases de datos de proveedores, facilitar procesos de certificación y ofrecer programas de apoyo técnico y financiero para aumentar su competitividad.

Acceso a financiamiento diversificado. La banca de desarrollo debe jugar un rol más activo en financiar proyectos industriales, particularmente los de alto riesgo tecnológico. A ello se suman incentivos fiscales estratégicos y el fortalecimiento del mercado de capitales como vía de financiamiento para empresas emergentes.

Infraestructura y logística. La competitividad industrial depende en gran medida de una logística eficiente. Se requiere una estrategia nacional de infraestructura alineada con los polos industriales, una modernización acelerada de puertos, redes ferroviarias y carreteras, así como inversiones en infraestructura energética y de agua.

Sostenibilidad y energías limpias. El país debe cumplir sus compromisos climáticos, adoptar tecnologías limpias, fomentar la economía circular e incentivar proyectos de energía renovable. La transición energética no es sólo un imperativo ambiental, sino un factor de competitividad.

Política fiscal y comercial sostenible. Los estímulos fiscales deben estar orientados a sectores estratégicos como manufactura avanzada, energía y digitalización. Al mismo tiempo, se requiere una política comercial activa que diversifique mercados, ajuste aranceles inteligentemente y proteja sectores clave.

Capital humano y educación técnica. Se necesita una profunda transformación del sistema educativo técnico, con énfasis en carreras STEM, programas de capacitación continua, inclusión de mujeres en sectores industriales y alianzas internacionales que eleven la calidad de la formación.

Gobernanza y monitoreo. Es necesaria la creación de un organismo coordinador multisectorial, la definición de indicadores de desempeño, la evaluación periódica de resultados y la inclusión de la sociedad en el diseño de las decisiones estratégicas.

El país no parte de cero. Cuenta con tratados comerciales, capacidad industrial instalada, una ubicación geográfica privilegiada y talento humano. Pero necesita alinear esas ventajas con un nuevo diseño institucional y estratégico que responda al mundo que viene.

Una política industrial moderna debe ser una herramienta de articulación efectiva entre actores públicos y privados, entre capacidades nacionales y oportunidades globales, entre las urgencias del presente y los desafíos del futuro. El futuro será más competitivo, más fragmentado y más incierto. En ese entorno, los países que logren construir capacidades propias, diversificar sus fuentes de crecimiento y asegurar su resiliencia productiva serán los que marquen la pauta. México aún está a tiempo de situarse entre las economías que lideren esta nueva etapa industrial.