Congelar cuentas no es justicia

María Fernanda Buergo Gómez

Abogada especializada en materia penal

Buergo Gómez Abogados, S.C.

Cuando el gobierno decide congelar las cuentas bancarias de una persona o empresa sin una orden judicial, no está actuando en favor de la justicia: está aplicando una sanción anticipada. Y esa práctica, que ha sido avalada y normalizada en muchos casos, representa uno de los riesgos más graves para el patrimonio, la operación y la estabilidad financiera de cualquier ciudadano o negocio en México.

El caso de Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Álvarez Puga, puede ser el pretexto para llegar a algo más grande y grave. El discurso del gobierno federal apunta nuevamente a impulsar reformas que permitan congelar cuentas sin el estudio de un juez, argumentando que así se combate mejor la corrupción, el lavado de dinero y la delincuencia organizada. Pero esa narrativa es peligrosa.

El papel del juez es fundamental para verificar si existen o no elementos suficientes para restringir el uso del patrimonio. No se puede congelar la totalidad de una cuenta si el monto investigado es solo una fracción de ella. Por ejemplo, si hay una transferencia de dos millones de pesos bajo investigación, no se justifica bloquear los recursos restantes sin una base legal. De lo contrario, se compromete el derecho a la presunción de inocencia y se castiga a quien ni siquiera ha sido vinculado a proceso.

Además, si el propio gobierno promueve la elección popular de jueces con el argumento de

combatir la corrupción judicial, ¿por qué quitarles facultades y no dejar que decidan si una medida como el congelamiento es procedente o no? Si confiamos en que la renovación del Poder Judicial nos dará jueces más honestos, quitarles esta función es contradictorio. No se puede, por un lado, hablar de fortalecer la justicia y, por el otro, debilitar la función judicial empoderando a otras áreas que no necesariamente dominan o tienen presentes los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Precisamente por esto, es urgente que las empresas comprendan que no basta con tener asesores tributarios. Muchas estrategias fiscales, si no se revisan con enfoque penal, pueden caer en supuestos de lavado de dinero.

La línea entre una planeación fiscal agresiva y un delito puede ser más delgada de lo que se cree. Por eso, toda empresa que emprenda una estrategia fiscal debe contar también con asesoría penal calificada. No es raro que, por querer ahorrar impuestos, se implementen estructuras que, desde la perspectiva penal, puedan ser interpretadas como simulación o encubrimiento.

Un despacho penalista no solo interviene cuando hay una emergencia o una carpeta de investigación abierta. También puede revisar esquemas de operación, identificar riesgos y prevenir situaciones que podrían escalar a consecuencias graves como el congelamiento de cuentas, órdenes de aprehensión o aseguramiento de bienes.

Congelar cuentas sin orden judicial no es justicia. Es una medida extrema que, si se normaliza, puede destruir patrimonios, paralizar empresas y empobrecer a personas que ni siquiera han tenido la oportunidad de defenderse ante un juez. La justicia no puede ser instrumento de presión política ni castigo anticipado. Por eso, antes de quitar filtros judiciales, el Estado debería fortalecer las instituciones que ya tiene, garantizar jueces imparciales y dejar de usar la narrativa del combate al crimen como justificación para vulnerar derechos fundamentales.