37,5 horas: más tiempo, más derechos, más país
Los que dicen que no hace falta una ley, que debe ser la negociación entre empresarios y sindicatos de cada sector la que pacte la jornada, parecen ignorar que desde 2013 prácticamente no se ha reducido la jornada pactada en los convenios La reducción de la jornada laboral aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes es una medida de extraordinaria relevancia, que justifica, en sí misma, una legislatura. En un contexto internacional de retroceso en derechos —también laborales—, establecer una jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales nos sitúa como referencia en todo el mundo. España es la economía que más crece, la que más empleo crea y la que más avanza en derechos laborales. Y, sin ninguna duda, existe una relación directa entre estas tres variables. La jornada de 40 horas está en vigor en España desde 1983: han pasado ya 42 años, un largo periodo de tiempo en el que se ha producido una enorme transformación de la economía y de la sociedad española. Nada tiene que ver la forma en la que vivimos y trabajamos hoy con las de hace cuatro décadas. Pero la jornada laboral máxima —regulada por el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores— sigue anclada en las mismas 40 horas. Este es el momento y la oportunidad de transformarlo, entre otras razones, porque la economía española está en una fase de fuerte crecimiento, de una intensa generación de empleo, con un incremento significativo de la productividad y con elevados márgenes y beneficios empresariales, lo que configura un escenario que permite reducir la jornada sin impactos negativos en las empresas. La reducción de la jornada aprobada por el Gobierno es una medida que hace un reparto más justo, entre el capital y el trabajo, de la mayor riqueza que generamos, que sirve para hacer realidad el principio de la prosperidad compartida que guía nuestra acción de gobierno. La regulación de la jornada laboral máxima se hace a través de una ley porque esa es la fórmula que garantiza que todas las personas se beneficien de la medida. Más aún, es una cuestión de justicia social, porque en España hay muchas empresas y sectores que ya tienen jornadas inferiores a las 40 horas semanales. Desde los empleados públicos a las que trabajan en la banca o las compañías eléctricas, porque los convenios colectivos en las actividades que tienen una mayor capacidad de negociación han ido reduciendo su jornada. Sin embargo, hay millones de personas que trabajan en el comercio, en la hostelería, en la ayuda a domicilio o en la limpieza que siguen ancladas muy cerca de las 40 horas. La mayoría de ellas, mujeres. Los que dicen que no hace falta una ley —que debe ser la negociación entre empresarios y sindicatos de cada sector la que pacte la jornada— parecen ignorar que desde 2013 prácticamente no se ha reducido la jornada pactada en los convenios. Es otra consecuencia más de las políticas de austeridad y devaluación salarial que se aplicó en la crisis financiera. Por eso hay que hacerlo por ley, para proteger a todos, estableciendo la jornada legal máxima en 37,5 horas semanales. Reducir la jornada, además de mejorar la vida de las personas, es una oportunidad para modernizar la economía y las empresas españolas, porque va a servir para una redistribución del tiempo de trabajo, concentrando los recursos en las horas y los días de mayor actividad de las empresas, mejorando de esta forma la productividad por hora trabajada. Una medida que completa la reforma estructural del mercado de trabajo que ha llevado a cabo el ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, con el acuerdo de sindicatos y empresarios en el marco del diálogo social. Proteger al empleo en las crisis con los ERTE, recuperar los salarios con la subida del 61 % del SMI y mejorar la calidad del empleo con la reforma laboral han cambiado el mercado de trabajo en nuestro país, haciéndolo más sólido, hasta convertirlo en el principal factor que explica el mayor crecimiento económico de España. Proteger a las personas y al tejido productivo es la mejor política económica. El proyecto de ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores ya inició el trámite parlamentario. Ahora depende de que lo apruebe la mayoría del Congreso de los Diputados. Es el momento, por lo tanto, de que cada partido tome posición. De la ultraderecha ya sabemos que votará que no. Vox es el heredero del falangismo de los años 50 del siglo pasado: se le llena la boca con la palabra obrero, pero cada vez que el Congreso vota para ampliar derechos de los trabajadores, ellos votan en contra. Una de las claves del resultado es el Partido Popular, o mejor dicho, la decisión que adopte su presidente, Núñez Feijóo, que tiene que elegir entre plegarse a la parte más reaccionaria de su partido y de la patronal -que no por casualidad están ambas domiciliadas en la Comunidad de
Los que dicen que no hace falta una ley, que debe ser la negociación entre empresarios y sindicatos de cada sector la que pacte la jornada, parecen ignorar que desde 2013 prácticamente no se ha reducido la jornada pactada en los convenios
La reducción de la jornada laboral aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes es una medida de extraordinaria relevancia, que justifica, en sí misma, una legislatura.
En un contexto internacional de retroceso en derechos —también laborales—, establecer una jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales nos sitúa como referencia en todo el mundo. España es la economía que más crece, la que más empleo crea y la que más avanza en derechos laborales. Y, sin ninguna duda, existe una relación directa entre estas tres variables.
La jornada de 40 horas está en vigor en España desde 1983: han pasado ya 42 años, un largo periodo de tiempo en el que se ha producido una enorme transformación de la economía y de la sociedad española. Nada tiene que ver la forma en la que vivimos y trabajamos hoy con las de hace cuatro décadas. Pero la jornada laboral máxima —regulada por el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores— sigue anclada en las mismas 40 horas.
Este es el momento y la oportunidad de transformarlo, entre otras razones, porque la economía española está en una fase de fuerte crecimiento, de una intensa generación de empleo, con un incremento significativo de la productividad y con elevados márgenes y beneficios empresariales, lo que configura un escenario que permite reducir la jornada sin impactos negativos en las empresas.
La reducción de la jornada aprobada por el Gobierno es una medida que hace un reparto más justo, entre el capital y el trabajo, de la mayor riqueza que generamos, que sirve para hacer realidad el principio de la prosperidad compartida que guía nuestra acción de gobierno.
La regulación de la jornada laboral máxima se hace a través de una ley porque esa es la fórmula que garantiza que todas las personas se beneficien de la medida. Más aún, es una cuestión de justicia social, porque en España hay muchas empresas y sectores que ya tienen jornadas inferiores a las 40 horas semanales. Desde los empleados públicos a las que trabajan en la banca o las compañías eléctricas, porque los convenios colectivos en las actividades que tienen una mayor capacidad de negociación han ido reduciendo su jornada.
Sin embargo, hay millones de personas que trabajan en el comercio, en la hostelería, en la ayuda a domicilio o en la limpieza que siguen ancladas muy cerca de las 40 horas. La mayoría de ellas, mujeres.
Los que dicen que no hace falta una ley —que debe ser la negociación entre empresarios y sindicatos de cada sector la que pacte la jornada— parecen ignorar que desde 2013 prácticamente no se ha reducido la jornada pactada en los convenios. Es otra consecuencia más de las políticas de austeridad y devaluación salarial que se aplicó en la crisis financiera. Por eso hay que hacerlo por ley, para proteger a todos, estableciendo la jornada legal máxima en 37,5 horas semanales.
Reducir la jornada, además de mejorar la vida de las personas, es una oportunidad para modernizar la economía y las empresas españolas, porque va a servir para una redistribución del tiempo de trabajo, concentrando los recursos en las horas y los días de mayor actividad de las empresas, mejorando de esta forma la productividad por hora trabajada.
Una medida que completa la reforma estructural del mercado de trabajo que ha llevado a cabo el ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, con el acuerdo de sindicatos y empresarios en el marco del diálogo social.
Proteger al empleo en las crisis con los ERTE, recuperar los salarios con la subida del 61 % del SMI y mejorar la calidad del empleo con la reforma laboral han cambiado el mercado de trabajo en nuestro país, haciéndolo más sólido, hasta convertirlo en el principal factor que explica el mayor crecimiento económico de España. Proteger a las personas y al tejido productivo es la mejor política económica.
El proyecto de ley que modifica el Estatuto de los Trabajadores ya inició el trámite parlamentario. Ahora depende de que lo apruebe la mayoría del Congreso de los Diputados. Es el momento, por lo tanto, de que cada partido tome posición.
De la ultraderecha ya sabemos que votará que no. Vox es el heredero del falangismo de los años 50 del siglo pasado: se le llena la boca con la palabra obrero, pero cada vez que el Congreso vota para ampliar derechos de los trabajadores, ellos votan en contra.
Una de las claves del resultado es el Partido Popular, o mejor dicho, la decisión que adopte su presidente, Núñez Feijóo, que tiene que elegir entre plegarse a la parte más reaccionaria de su partido y de la patronal -que no por casualidad están ambas domiciliadas en la Comunidad de Madrid-, o votar a favor de una medida de la que se benefician más de 12 millones de personas, entre los que también hay votantes de su partido y que ayudan a conformar esa mayoría del 65% de las personas que en España apoyan la reducción del tiempo de trabajo.
El Gobierno de coalición cumple con su programa, que en su apartado 2 recogía la reducción de la jornada a 37,5 horas sin reducción salarial. Y lo vamos a seguir haciendo, porque cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía, hacer lo que se les dice a las personas en las campañas electorales, es la mejor forma de fortalecer la democracia.
