Un polémico 2%

Sin previo aviso, el Consejo de Ministros español aprobó, este martes, un plan para aumentar este año el presupuesto de defensa español hasta el 2% del PIB, tal como le habían pedido –o más bien exigido– sus aliados de la OTAN, en especial su líder, EEUU. Para ello, se prevé un gasto adicional de 10.471 millones de euros, que se sumaría a otras partidas anteriormente aprobadas –la última, de 2.084 millones, hace apenas 15 días– hasta totalizar aproximadamente 33.000 millones, que es un 85% más que el presupuesto oficial de 2024 y más de un 60% sobre el gasto real de ese año. La nueva partida saldrá de los fondos europeos, de reasignaciones de otros capítulos y de ingresos adicionales de Hacienda.

Esta decisión tan radical ha sido una sorpresa para todos, además de causar cierta consternación en la izquierda, aunque la que forma parte del gobierno intenta lógicamente desvincularse de ella, por más que se trate de una decisión del Consejo de Ministros y, por tanto, colegiada. El umbral del 2% del PIB para el presupuesto de defensa fue acordado por el anterior presidente, Mariano Rajoy, en la cumbre de la OTAN en Gales en el año 2014 y ratificada por el actual presidente, Pedro Sánchez, en la cumbre de Madrid en 2022. Todos los aliados debían alcanzar ese nivel de gasto en 2024, pero al terminar el año había siete que aún no lo habían alcanzado, entre los cuales España ocupaba el último lugar, siempre según el criterio de porcentaje del PIB y de acuerdo con los criterios que aplica la Alianza Atlántica. Sánchez y sus ministros siempre habían afirmado que España cumpliría ese compromiso en 2029, incluso hasta el mes pasado cuando desmintieron las declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que afirmó que España pretendía alcanzarlo este verano, aunque entonces el presidente ya empezó a decir que se llegaría antes de 2029. Al parecer, Rutte sabía más sobre las intenciones de nuestro Gobierno que los propios españoles.

Tal vez este súbito cambio de rumbo no sea ajeno a la reciente visita del ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, al secretario del Tesoro estadounidense durante la cual este último reiteró el deseo de Washington de que España aumentara el gasto en defensa. El presidente Sánchez siempre se ha reservado las decisiones principales de política exterior y de seguridad, a pesar del frecuente disenso de sus socios de coalición, y siempre las ha dirigido hacia posiciones conciliadoras y acordes con sus socios y aliados, incluido por supuesto EEUU, salvo con ciertas tímidas iniciativas en relación con Israel y Palestina. Ahora aduce para su cambio de criterio que el mundo ha cambiado, pero lo único que ha cambiado en los últimos tres años es que Donald Trump ha sido reelegido presidente de EEUU, y ante la falta de cohesión europea para resistirlo, Sánchez se rinde a la evidencia. 

El presidente del Gobierno sostiene que, dado que esta decisión no supone un incremento de los presupuestos generales ni afecta al déficit público, no está obligado a someterlo a la aprobación del Congreso. Esto puede ser cierto desde un punto de vista legal, pero es difícilmente aceptable desde la óptica política. Se trata de una inversión muy importante de un dinero que pertenece a todos los españoles, salga de donde salga, y que marca además un cambio sustancial en la política hacia el gasto en defensa que contradice la que se venía defendiendo hasta ahora desde el propio Gobierno. Si, como parece, la mayoría de investidura no le apoyaría en este caso, podría poner al principal partido de la oposición ante la disyuntiva de aprobar su propuesta o enfrentarse a sus correligionarios europeos.

Se nos dice también, previniendo críticas, que este aumento del gasto militar no afectará al gasto social. Pero esto solo significa que el que ha sido presupuestado no disminuirá, no que no pudiera aumentar si en vez de emplear ese dinero en defensa se dedicara a gastos sociales. Si el Gobierno es capaz de arañar más de 10.000 millones de otros capítulos o fondos europeos, ¿qué le impediría dedicarlos –por ejemplo– a construir 75.000 viviendas en suelo público en lugar de adjudicarlos a defensa? O dedicar solo una cuarta parte a defensa, para alcanzar el 2% en 2029 como estaba previsto, e invertir el resto en programas sociales.

Aun no dejándonos engañar, tenemos que tratar de ser muy objetivos, ya que las características peculiares de este asunto propician la demagogia, que debemos evitar porque degrada los razonamientos y las críticas. Una de las obligaciones esenciales del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos. No solo la física, por supuesto, sino la política, la económica, la habitacional, sanitaria, alimentaria, energética, asistencial, etc. Pero también la física, tanto la que se refiere a la integridad personal, como a los bienes individuales o colectivos –como las infraestructuras–, y al territorio, porque esa es la condición primaria y esencial de nuestra libertad. Para eso, puede usar medios políticos, diplomáticos, económicos, tecnológicos, y en última instancia –si se viera obligado a ello– militares. Que en el estado actual de la evolución de las sociedades humanas y de las relaciones internacionales es necesario dedicar ciertos recursos a las fuerzas armadas, y si es posible establecer alianzas con otros, ofrece pocas dudas. Si el gasto correspondiente es razonable y está justificado.

No es esto lo que discutimos, sino la forma repentina y unilateral de aumentar el presupuesto de defensa en un 60%, sin que esté motivado por un incremento de la amenaza o porque repentinamente se hayan descubierto unas carencias que pongan en riesgo vital nuestra seguridad. De hecho, la parte positiva de la decisión tomada el martes es que solo una quinta parte del aumento presupuestario se va a dedicar a adquisición de armas, y el resto a mejoras de la seguridad que –como la ciberseguridad o el desarrollo tecnológico– tienen también repercusiones civiles, además de lo que se dedique a enfrentar catástrofes naturales. Según ha dicho el presidente, el 87% de las nuevas partidas se gastará en España. Veremos si esto satisface a los que promueven el aumento del gasto militar, y sobre todo a Trump, más preocupado por las ventas de la industria de armamento estadounidense que por la seguridad de España. Pero ese uso del dinero en áreas más de seguridad que de estrictamente de defensa no es sino un reconocimiento de que la decisión no responde a una necesidad defensiva actual, sino que tenemos que gastar el 2% porque no los exigen, y a partir de ahí vamos a ver en qué lo gastamos para que sea lo menos oneroso posible para la sociedad española. 

La única explicación que se nos da es la de “ser solidarios con nuestros socios”, un eufemismo para decir que no somos capaces de resistir su imposición. España ya muestra solidaridad con sus socios, es uno de los países que más recursos dedica a despliegues militares fuera de nuestro territorio, y en concreto en los flancos noreste y sureste de la OTAN o la UE. Mucha más solidaridad de la que mostraron los países ricos de la UE en la gran recesión de 2008-2012, cuando primaron sus intereses egoístas sobre lo que pasara a los del sur. O de la que muestra la Alianza Atlántica al excluir de su cobertura a Ceuta y Melilla.

Para ser solidarios hace falta que exista una necesidad real por parte de quien requiere solidaridad. Lo que se hace ahora no es solidaridad, es ceder a la presión para aumentar el gasto militar de una forma radical e inmediata, sin justificación ni propósito claros. En el seno de la OTAN –y menos en el de la UE– no existe ninguna obligación de gasto nacional, ningún mínimo prefijado, los países son absolutamente soberanos para decidir cuánto invertir y en qué. La estructura militar integrada hace recomendaciones, pero cada aliado es libre de seguirlas o no. En el Tratado del Atlántico Norte solo hay una mención genérica, en su artículo 3 a que ...“ las Partes” ... “mantendrán y acrecentarán su capacidad individual y colectiva de resistir a un ataque armado”. Por supuesto España –como todos los aliados– no ha dejado de acrecentar su capacidad militar año tras año, pero ni el Tratado obliga, ni nadie – ni siquiera el presidente de EEUU– puede determinar lo que hay que gastar o cuándo.

Lo que sus socios o aliados pueden pedir a España no es más gasto sin decir para qué, sino capacidades que consideren que nuestro país debe aportar al conjunto. Por ejemplo, pueden decir: necesitamos que estén en condiciones de controlar el estrecho de Gibraltar, o de contribuir a la defensa del espacio aéreo de los Estados Bálticos, o de desplegar en tal plazo cuatro Brigadas con sus apoyos para reforzar el este de Europa si fuera necesario. Entonces el gobierno español, si está de acuerdo, evaluará lo que tiene, lo que le falta y cómo subsanarlo. Según los plazos que se negocien, eso puede dar lugar a un aumento temporal del gasto para completar esas capacidades, que luego puede volver a moderarse si solo hay que mantenerlas, y tal vez volverá a subir cuando haya que renovar algunos equipos. Pero parece inverosímil que esas variaciones vayan a coincidir precisamente con un porcentaje exacto del PIB.

Nada de esto se hace, no se estudian las amenazas ni lo que hace falta para enfrentarlas y no se posee aún en grado suficiente. Solo se fija un porcentaje del PIB para defensa, igual para todos los aliados, con independencia del estado de modernización u operatividad de sus fuerzas armadas, o de sus capacidades y carencias. El compromiso de Gales procedía de Washington y la intención de elevarlo aún más, también. Trump ha reiterado que los aliados europeos deben aumentar su presupuesto de defensa hasta el 5% del PIB, con la intención de rebajar luego sus exigencias, como hace siempre, y su mayordomo en Europa, Mark Rutte, se encarga de difundir los deseos del jefe. No dicen la causa ni el propósito, solo que hay que gastar más. Rutte, como otros dirigentes europeos, alude a la inverosímil amenaza del muy deficiente ejército ruso. Trump no, claro, porque pretende llegar a acuerdos económicos y políticos con Putin, mucho más allá de la paz en Ucrania, hasta repartirse influencias y recursos, y tiene que ser consciente de la contradicción que esto implica con la exigencia de mayor gasto militar a sus socios europeos, aunque no parece importarle demasiado.

En el mes de junio habrá una cumbre de la OTAN en Países Bajos, en la que se va a proponer un aumento del presupuesto de defensa de los aliados hasta el 3% o el 3,5% del PIB, aunque si en ese momento Trump y Putin han alcanzado un acuerdo va a ser difícil justificarlo. Pero en todo caso se presentará, porque así lo exige el presidente de EEUU, y la pregunta es si el gobierno español va a dar su consentimiento, si lo va a aprobar. Aunque sea una recomendación, el acuerdo del 2% se introdujo como recomendación en la cumbre de Gales, y luego se convirtió en obligación. Aunque los plazos sean largos, antes o después España se vería forzada a alcanzarlo, y serían otros 15.000 o 20.000 millones más.

No está obligado a aprobarlo, como no estaba obligado a llegar al 2%, y menos este año.  A veces en política exterior ser demasiado prudente puede conducir a una menor relevancia, No puede haber represalias dentro de la UE, y las que pudiera imponer EEUU serían a toda la UE, porque a efectos comerciales y monetarios es una entidad única, como se ha podido comprobar en las aplazadas medidas arancelarias con las que España tendría que soportar las impuestas a toda la Unión a pesar de que EEUU tiene superávit comercial con nuestro país. Si lo acepta será una decisión libre y tendrá que responder políticamente ante los españoles por ella, que además será mucho más difícil de maquillar que la que se ha tomado el martes.

El aumento de los presupuestos de defensa europeos no responde a una amenaza real sino a una exigencia de Washington, que viene de muy atrás, para gastar menos en Europa y recuperar lo invertido en la OTAN. La realidad es que los países europeos agachan la cabeza ante el líder, aunque algunos intentan maquillarlo como una necesidad de que la UE asuma sus responsabilidades defensivas ante el abandono por EEUU de sus compromisos. Un abandono que no se va a producir porque Washington necesita imperiosamente mantener su dominio sobre Europa para tener alguna posibilidad de ganar su pugna con China. Pero si esa intención europeísta fuera real, se estarían tomando medidas para poner en marcha la tantas veces debatida Unión Europea de Defensa y esto no sólo no se está haciendo, sino que ni siquiera se habla de planes o proyectos futuros para hacerlo. Y no es tan difícil.

Si un día existe una defensa común europea, que tantos defendemos como la única manera de independizarnos del diktat de Washington, y España se compromete a una determinada aportación - que se deberá fijar cuando se constituya -, estaremos obligados a hacerlo. Y será bueno, porque, en el mundo en el que ya vivimos, compartir soberanía con los afines no es perderla, sino ganarla. Pero mientras tanto, somos soberanos y los únicos que pueden decir cuánto se gasta en defensa en España son los españoles, a través de sus representantes elegidos democráticamente. Un gobierno no puede aceptar más presión que la de sus ciudadanos. Si después de tener toda la información disponible y veraz, los españoles deciden que es mejor construir casas antes que tanques, nadie, esté en el puesto que esté, ni en España ni mucho menos fuera, puede decidir que se haga lo contrario. De eso trata la democracia.