Trump y las universidades

La sorprendente batalla en los Estados Unidos sobre la autonomía y libertad de las casas de altos estudios parece extraída de los peores registros de lo que ocurre donde impera el desapego absoluto por los principios liberales. En ese país, donde el derecho a la libertad de expresión fue constantemente defendido desde 1776, la disputa constituye una clara regresión de imprevisibles consecuencias.

A partir de mediados de marzo pasado, el gobierno norteamericano ha comenzado a exigir a varias universidades privadas que adopten medidas concretas para reducir o eliminar la propagación de ideas progresistas y supuestamente antisemitas; dejar sin efecto sus políticas sobre diversidad, equidad e inclusión; modificar las reglas de admisión de nuevos estudiantes e, incluso, expulsar a los sospechados de protestar contra esas exigencias.

Mediante un decreto, el presidente Donald Trump impuso nuevos requisitos a los colleges y universidades privadas para poder recibir fondos públicos que, en muchos casos, son la principal fuente de ingresos de esas casas de altos estudios. Los ministros federales de Justicia y Educación deberán ahora verificar que esas instituciones constituyan “meritocracias auténticas” y dejen de lado políticas de ingreso que puedan favorecer la situación de sectores desprotegidos. Otros decretos establecen severas restricciones a las instituciones privadas que acepten donaciones provenientes del exterior.

La administración de Trump ha comenzado a retacear (y en muchos casos a eliminar) las remesas de fondos públicos destinadas a financiar muchos programas de investigación que se llevaban adelante en esas universidades. Bajo una clara política de amedrentamiento, ha revocado incluso las visas de numerosos estudiantes, detenido y repatriado a varios de ellos en procedimientos que dejaron de lado las mínimas exigencias procesales que garantizan la defensa en juicio y eliminado programas de becas. Algunas recientes decisiones judiciales ya han puesto freno a semejantes desatinos.

Como una de las tantas consecuencias negativas de esas medidas, las tradicionales becas Fulbright, que permitieron que decenas de argentinos se educaran o perfeccionaran en universidades norteamericanas ahora solo serán otorgadas a quienes realicen cursos de maestría en asuntos “de seguridad nacional”.

Las casas de estudios afectadas por estas políticas están entre las más prestigiosas de los Estados Unidos. Harvard, en un principio, sufrió el congelamiento de 2200 millones de dólares en fondos federales destinados a la investigación médica y el gobierno amenazó el martes último con realizarle un nuevo recorte de 450 millones de dólares adicionales de subvenciones provenientes de ocho agencias federales.

A la de Columbia se le retuvieron 400 millones de dólares en subvenciones y lo mismo ocurrió con Cornell, Brown, Princeton y Northwestern, entre otras.

Antes que plegarse a las exigencias del gobierno (que en su caso fueron aun más severas que en el de otras universidades), Harvard ha resuelto resistir al pedido de investigar a los integrantes de sus claustros por posibles plagios y determinar el grado de adhesión de ciertos catedráticos a las ideas gubernamentales. Su máxima autoridad, Alan Garber, no obstante ser de origen judío, cuestionó severamente el argumento del presidente Trump referido a que las decisiones gubernamentales tienen como único objetivo combatir el antisemitismo. El 14 del mes último notificó al gobierno federal que rechazaría cualquier exigencia ilegal y luego, con amplio apoyo de la comunidad académica, presentó una demanda judicial contra las autoridades responsables de esas medidas coercitivas.

Ante los tribunales, Harvard ha dicho explícitamente que la supuesta batalla contra el antisemitismo que el gobierno usa como argumento principal no es más que una excusa para llevar adelante una política ilegal cuya principal motivación es determinar qué se enseña y quiénes lo hacen, para obtener así el control académico de la educación superior en ese país.

En una típica actitud populista, la primera reacción gubernamental a la demanda judicial no reparó en incluir términos despreciativos y burlones. Además aseguró que Harvard carecía de las condiciones básicas necesarias para acceder al privilegio de contar con fondos provistos por los contribuyentes.

Es muy probable que la educación superior en los Estados Unidos requiera un análisis crítico de las bases sobre las que opera. Seguramente existen casos en que los fondos recibidos por las universidades no se destinan a los objetivos previstos. También es posible que los sesgos selectivos aplicados por algunas universidades privadas en materia de selección de profesores o alumnos no coincidan con los que utilizaría el gobierno norteamericano en otras circunstancias (como en política migratoria, por ejemplo). Puede darse también que las áreas de investigación en las que se concentran algunas unidades académicas no sean aquellas a las que los funcionarios políticos desearían apoyar. Y, seguramente, hay catedráticos que proponen puntos de vista disímiles de los de ciertos sectores de la sociedad y muchos otros que no comulgan con las ideas del presidente de la República. Pero nada de ello sirve de argumento para dar por tierra con la libertad académica y, mucho menos, arrasar con la libertad de expresión.

El 22 del mes último, directivos de cientos de universidades, colleges e instituciones científicas de los Estados Unidos levantaron una voz unánime “contra la intervención gubernamental sin precedentes y la interferencia política que pone en peligro la educación superior en el país”.

La expansión del conocimiento y los avances de las ciencias han estado siempre estrechamente vinculados con las políticas educativas. Cuando estas están fundadas en la libertad de cátedra y el derecho a la libre expresión, las fuerzas creativas surgidas del debate académico son el combustible vital para alimentar la investigación científica, el análisis de los problemas que aquejan a la humanidad y la búsqueda de un futuro mejor.

Que esta grave situación ocurra en los Estados Unidos es, además, una pésima señal para el resto del mundo, que supo ver en ese país un bastión invencible contra todo extremismo doctrinario.