“Sánchez no descarta nada”: El presidente pone la prórroga nuclear en manos de las eléctricas

"El presidente hizo lo que mejor sabe hacer, poner el titular donde él quiere: Nucleares, no gracias... pero no descartó ningún escenario". Así explican varias fuentes gubernamentales la invitación de Pedro Sánchez a las empresas eléctricas para que propongan una prórroga mínima del calendario de cierre de las centrales nucleares más allá de 2035, si es lo que desean. "Se estudiará", advirtió por dos veces el miércoles en el transcurso del Pleno del Congreso que debatió el gran apagón del 28 de abril, siempre y cuando no suponga merma de ingresos para Hacienda y la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) ni un aumento del recibo de la luz al consumidor.

Eso les aboca a seguir pagando durante la prórroga una elevada tasa a la Enresa, a lo cual las operadoras Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP no parecen dispuestas porque consideran que penaliza la generación nuclear frente a la renovable (eólica y solar) e incluso frente a la hidroeléctrica y ciclo combinado (gas). En junio de 2024, bajo el principio quién contamina paga, el Ministerio de Transición Ecológica elevó un 30% esa tasa sobre la basura radiactiva: de los 0,798 céntimos de €/kWh (7,98 €/MWh) que pagaban las empresas hasta entonces por gestionarla,  a los actuales 1,036 céntimos de €/kWh (10,36 €/MWh).

Esa subida es la que quieren que el Gobierno se replantee tras el gran apagón, después de haber quedado "demostrado" que sin la producción de sus centrales operativas -Almaraz, Vandellos (I y II), Cofrentes, Ascó (I y II) y Trillo, aportan en conjunto un 20% del mix energético nacional-, el suministro no está garantizado en España. En un momento, añaden, en el que crece la previsión de demanda eléctrica en los próximos años por las previsiones de instalación en España de Centros de Protección de Datos (CPD), hidrógeno verde y otras insdustrias electrointensivas.

El plan de cierre, acordado en 2019 entre el Gobierno, Enresa y la patronal eléctrica comenzará, si ese hipotético acuerdo no lo paraliza in extremis, con el inicio del desmantelamiento de la central de Almaraz (Cáceres) en noviembre de 2027 -el Consejo de Ministros licitó las primeras obras justo antes del 28M- y finalizará en 2035 con el apagado de Trillo (Guadalajara). Las operadoras tienen de plazo este mayo para formalizar su petición de retrasar el calendario, pero no lo harán si el Ejecutivo se cierra en banda, como parece, a rebajar los costes.

El plan de cierre, acordado en 2019 entre el Gobierno, Enresa y la patronal eléctrica comenzará, si ese hipotético acuerdo no lo paraliza in extremis, con el inicio del desmantelamiento de la central de Almaraz (Cáceres) en noviembre de 2027 -el Consejo de Ministros licitó las primeras obras justo antes del 28M- y finalizará en 2035 con el apagado de Trillo (Guadalajara). Las operadoras tienen de plazo este mayo para formalizar su petición de retrasar el calendario, pero no lo harán si el Ejecutivo se cierra en banda, como parece, a rebajar los costes.

Llegados a este punto, el conflicto para el Gobierno no es únicamente económico, es, sobre todo, político y social: la prórroga la piden las eléctricas, el PP, Junts per Catalunya, Vox y la CEOE, pero también federaciones socialistas que se juegan mucho con el cierre y están muy presionadas por el electorado de sus comunidades, como les ocurre al PSOE extremeño de Juan Ignacio Gallardo con Almaraz y al PSOE de Castilla La Mancha de Emiliano García Page con la central de Trillo; incluso, a ese PSC -muy significativo el silencio de Salvador Illa- consciente de que el 60% de la energía consumida en Cataluña proviene de las nucleares de Ascó y Vandellós, y de que Junts y Carles Puigdemont aprietan para evitar el cierre, y hasta su socio ERC se ha puesto de perfil.

Miles de empleos en juego

Hay miles de empleos en juego repartidos por toda la geografía española. Un retrato de situación que puede acabar forzando a Pedro Sánchez a llegar a un acuerdo con la patronal eléctrica para no aparecer ante la opinión pública como "el que cerró Almaraz" de aquí a dos años -en 2027 hay elecciones generales si no se adelantan- y así sucesivamente.

"Escuchándole el otro dia me dio la impresión de que estaba diciendo sin decir a las eléctricas: de acuerdo, yo salvo la cara de mi apuesta por las energías renovables con una prórroga mínima tras el apagón y a cambio os alivio algo vuestros balances de cuentas", describe un alto cargo socialista de uno de los territorios afectados por el cierre nuclear. Esa fuente admite que nota un aumento de la presión social en los territorios por algo que antes del 28M no existía y que puede hacer cambiar el tradicional sentimiento antinuclear español: la necesidad de garantía de suministro.

"Es que la garantía de suministro ha pasado a ser un argumento muy poderoso", ironiza una fuente de un Gobierno autonómico del PP. "En el fondo, todos somos antinucleares y esas centrales morirán como murieron las térmicas de carbón y nadie echa de menos su suciedad y contaminación, pero al final, la gente quiere que le garantices luz, renovable, hidroeléctrica, nuclear o con un tipo dandopedales a una dinamo".

"Es que la garantía de suministro ha pasado a ser un argumento muy poderoso", ironiza una fuente de un gobierno autonómico del PP, en línea con argumentos que se escuchan sotto voce estos días en el seno del PSOE. "En el fondo, todos somos antinucleares y esas centrales morirán como murieron las térmicas de carbón y nadie echa de menos su suciedad y contaminación, pero al final, la gente quiere que le garantices luz, renovable, hidroeléctrica, nuclear o con un tipo dando pedales a una dinamo".

El tema no es que "España será verde o no será", que dice la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, sino a qué ritmo puede serlo; sobre todo con una competidora directa como Francia que no parece muy dispuesta a aumentar la interconexión eléctrica con España, más allá de las muy avanzadas obras del cale submarino por el Golfo de Vizcaya. Ahora esa interconexión apenas alcanza los tres gigavatios y en 2030 deberían ser 15 entre ambos países, una exigencia de la Unión Europea que va a ser difícil alcanzar a este ritmo.

Francia juega a la contra

Fuentes gubernamentales admiten a Vozpópuli que la oposición a una tercera interconexión por Aragón -además de las del País Vasco y Cataluña- cuenta con una fuerte oposición por parte de los alcaldes y prefectos de los departamentos pirenaicos porque la vertiente norte de la cordillera que separa ambos países es mucho más "abrupta" y vertical que la Sur, es decir, que las obras que hay que hacer resultan más invasivas incluso paisajísticamente. Frente a esas protestas, España propone un túnel por el centro de los Pirineos pero lo cierto es que nunca llega.

Desde hace dos décadas ningún presidente de la República Francesa, no sólo el actual, Emmanuel Macron, ha demostrado el más mínimo interés en superar esas dificultades sociopolíticas y en agilizar una obra porque, en el fondo, admiten todas las fuentes consultadas, España produce ahora una electricidad más barata que la nuclear francesa -tienen 56 reactores- y la no interconexión permite al paìs vecino tener la sartén por el mango a la hora de ofrecerse como lugar de ubicación alternativa a nuestro país de esas industrias electorintensivas (CPD y otras) que necesitan, por encima de todo, garantía de suministro.

Y éste diferencial competitivo en el mercado europeo es otro de los argumentos que está usando la patronal eléctrica española en su diálogo con el Gobierno, para que éste se replantee el cierre de las cinco centrales nucleares españolas a la luz de lo sucedido con el gran apagón del 28M, reconocen fuentes del sector.