Qué es la presunción de inocencia y cómo afectan las medidas cautelares a su aplicación

La presunción de inocencia, según la RAE, es un derecho que tiene toda persona acusada de alguna infracción penal a no sufrir una condena salvo que la culpabilidad haya quedado establecida en una sentencia firme tras un juicio justo. 

La presunción de inocencia es una garantía esencial, un derecho fundamental, recogido en los textos legislativos más importantes.

• El derecho a la presunción de inocencia se proclamó en la Revolución Francesa —artículo 9 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789— y se estableció en la quinta y decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Más tarde se introdujo en la Declaración universal de derechos humanos de 1948, en su artículo 11 de esta forma: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”. En España, la Constitución recoge en su artículo 24 que todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia. 

En los tribunales. El Tribunal Constitucional de España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han dictado numerosas resoluciones tutelando el derecho a la presunción de inocencia.

• Como recuerda el análisis del catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón, Juan Luis Gómez, los tribunales han establecido que cuando se inicia una investigación contra cualquier persona debe partirse de su inocencia como una “verdad interina” en virtud de la cual el acusado de la comisión de un delito debe ser considerado inocente, mientras no se practique, con las debidas garantías procesales, una mínima actividad probatoria.
  
• Para deshacer esta presunción es necesario que existan pruebas —recabadas por la acusación y no la defensa— obtenidas con todas las garantías y que un tribunal competente e imparcial declare la culpabilidad, tras comprobar que existen hechos incriminatorios que borren absolutamente la incertidumbre sobre la culpabilidad o inocencia.

La presunción de inocencia se mantiene en la investigación. La presunción de inocencia es un derecho fundamental no susceptible de ser suspendido en ningún caso y nadie puede verse privado de su ejercicio. De hecho, las “diligencias de investigación” que un juez puede adoptar con el fin de garantizar el funcionamiento de un proceso (para proteger a la víctima, para evitar riesgos de fuga o la reiteración delictiva) “no corresponden con principio de delito” y el acusado sigue siendo inocente hasta que no se demuestre lo contrario, explica la abogada penalista Cristina Capuz. 

• “Para adoptar una medida cautelar es necesario que los hechos imputados tengan apariencia de delito”, indica por su parte el abogado penalista Enrique López Sierra. “El juez reconoce adaptándola, implícitamente, que el acusado puede ser autor de un delito, pero, incluso con las medidas más gravosas para el acusado, como es la prisión provisional, el acusado mantiene la presunción de inocencia hasta la sentencia”.

Daños a la presunción de inocencia.  Más allá de las garantías jurídicas, la presunción de inocencia puede verse dañada, según los expertos, por la “contaminación de la instrucción” cuando se proyecta en la sociedad. Por ejemplo, señala López, “acordar una diligencia de entrada y registro de un domicilio puede convertir al acusado en culpable a ojos de sus vecinos”. “Se daña la presunción de inocencia con según que informaciones o manifestaciones”, concluye.

• “El problema es que la sociedad percibe las medidas cautelares como un principio de culpabilidad”, concuerda Capuz. “En realidad, lo que pretenden estas herramientas judiciales es garantizar los derechos de los implicados en el proceso y en ningún caso suponen una presunción de culpabilidad”, indica la letrada.