PP y Vox rechazan retirar los nombres de calles, las placas y los monumentos con simbología franquista en Balears

En medio de las negociaciones de los Presupuestos autonómicos de 2025, con Vox redoblando sus presiones al PP para que derogue la ley balear de memoria democrática a cambio de dar su respaldo a las cuentas, conservadores y extrema derecha han tumbado una iniciativa dirigida, entre otros puntos, a reclamar al Govern la retirada de elementos y vestigios antidemocráticos del paisaje urbano de Balears, como las placas con simbología fascista, los monumentos a los “caídos” y los nombres de calles dedicadas a aquellos que colaboraron con el golpe de estado de 1936 o con la represión franquista, tal como obliga la normativa que los de Santiago Abascal quieren suprimir.

Durante la Comisión Asuntos Institucionales y Generales celebrada este miércoles en el Parlament, ambas formaciones han emitido siete votos en contra de esta Proposición No de Ley (PNL), defendida por Podemos (Grupo Mixto), frente a los seis votos a favor de la propia formación impulsora, PSIB-PSOE y Més per Mallorca.

Durante su intervención en la sesión, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha calificado de “vergonzosa” la ley de memoria, considerándola “digna de Corea del Norte”, y ha asegurado que su formación no es “franquista”, a pesar de que el pasado mes de abril el propio Rodríguez enalteció a los golpistas deseando en pleno hemiciclo un “feliz día de la victoria” en alusión al 1 de abril de 1939, fecha en la que se proclamó oficialmente el fin de la Guerra Civil y marcó el inicio de la dictadura franquista. “Nosotros no somos franquistas, hablamos de reconciliación nacional y de cerrar heridas de una guerra de la que se van a cumplir cien años”, ha dicho, en línea del argumentario de un partido, Vox, empeñado en apuntalar su negacionismo histórico en torno a los crímenes perpetrados por el bando fascista.

El parlamentario de extrema derecha ha aprovechado su discurso para arremeter contra Aurora Picornell, icono del republicanismo en Mallorca asesinada por el franquismo la noche de reyes de 1937, de quien ha manifestado que “tenía el mismo amor por la República que el general Mola, el general Sanjurjo y el general Franco”. “Picornell fue otra víctima de la represión, pero sus ideas no eran democráticas, ni a favor de la segunda república ni de las libertades: quería la dictadura del proletariado y un estado comunista como la URSS”, ha espetado. Picornell, activista sumamente comprometida con los derechos humanos, laborales y de la mujer, figuraba en la fotografía que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, rompió el año pasado mientras se debatía la derogación de la ley de memoria, unos hechos por los que se encuentra pendiente de ser previsiblemente juzgado.

Entre otras medidas, la iniciativa tumbada por PP y Vox reclamaba al Govern de la popular Marga Prohens retomar el impulso dado por el anterior Ejecutivo progresista a la hora de eliminar cualquier elemento que hubiera sido levantado o colocado “en honor a los caídos por Dios y por España”, atendiendo a lo establecido en la ley autonómica de memoria. En 2019, el gabinete presidido por la socialista Francina Armengol y con Juan Pedro Yllanes (Podemos) al frente de la Conselleria de Memoria Democrática, elaboró un censo integrado por un total de 95 símbolos franquistas materializados en su mayoría en forma de placas y cruces. La ley de memoria insta su retirada, pero muchos de ellos continúan presentes en los espacios públicos de las islas.  

Desde que los populares, con el apoyo de Vox, se hiciesen con el poder en julio de 2023, varios ayuntamientos han retomado los pasos para recuperar antiguos vestigios franquistas, como en el caso del municipio mallorquín de Bunyola, que llevó a pleno una moción que instaba a alzar de nuevo la cruz erigida en 1939 en honor a los combatientes fascistas.

El ejemplo más significativo de monumentos que continúan en pie en homenaje a las tropas franquistas es el monolito de Sa Feixina, en Palma, erigido por la dictadura en 1947 para glorificar a los “héroes” del Crucero Baleares, hundido en marzo de 1938 y responsable del bombardeo llevado a cabo un año antes contra la población civil que huía de Málaga a Almería en plena ofensiva fascista –episodio históricamente conocido como 'la Desbandá'–.

Convertido en uno de los símbolos más controvertidos del paisaje urbano de Palma, este vestigio de la arquitectura fascista ha sido, durante décadas, foco de varios intentos de resignificación, campañas en pro de su demolición y distintas batallas judiciales. Recientemente, el Ayuntamiento de la capital balear, gobernado por PP y Vox, aprobó incluirlo, con la máxima protección integral, en el catálogo municipal de bienes de interés histórico, artístico y arquitectónico.

Junto al Parlament balear permanece, además, una placa apenas visible recuerda “la victoria del glorioso ejército sobre los rojos de Málaga la mártir”, mientras que, en el cementerio de Palma, continúa en pie un mausoleo que las autoridades italianas hicieron construir en 1942 para conservar “los restos mortales de los camaradas que dieron su vida en la lucha contra el marxismo”, por el derrocamiento de la Segunda República y por la implantación de un régimen fascista en España. Para garantizar su mantenimiento, el Gobierno italiano abona cada año 449,11 euros a la Empresa Funeraria Municipal (EFM), de acuerdo a la documentación consultada en su día por elDiario.es.

Oficina de atención a las víctimas del golpe franquista

La PNL también instaba a la reanudación de las tareas de atención específica que llevaba a cabo la Oficina de Atención Directa a las Víctimas del golpe de estado fascista de 1936, la Guerra Civil y el franquismo, creada a principios de 2023 por el anterior Govern progresista con el objetivo de ofrecer a los familiares de las víctimas la posibilidad de intercambiar información con la Dirección General de Memoria Democrática de forma individualizada, además de recibir asesoramiento jurídico y atención psicológica si así lo deseaban. También incluía la recogida documental audiovisual de testigos de familiares de víctimas, la recogida de muestras de ADN para posibles identificaciones o la entrega de copias de documentación histórica relacionada con el asesinato de sus familiares. Se trataba de un ente pionero a nivel estatal.

Otra de las medidas que PP y Vox han rechazado reclamar al Govern es la puesta a disposición de las familias de las víctimas de un lugar adecuado donde poder ser atendidas por el servicio de psicología a su disposición para tratar posibles traumas y que en la actualidad se está proporcionando en las dependencias privadas de un hotel, así como la reanudación de la entrega de los certificados de víctimas del franquismo a las familias que sufrieron la represión.

La iniciativa de la diputada morada reclamaba al mismo tiempo la inauguración pública del Memorial de la Dignidad, un mausoleo adquirido por el Govern del Pacte para albergar en el cementerio de Palma los restos de víctimas del franquismo no identificadas, además de urgir a la necesidad de diseñar y licitar el quinto plan de fosas al abrigo de la ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo y dirigido a exhumar a las más de 2.000 víctimas que fueron asesinadas por el fascismo en Balears.