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Podemos recupera su ley para crear una energética pública que asuma las concesiones de las hidroeléctricas que caduquen
Apenas 48 horas después del apagón histórico que dejó a oscuras a la Península Ibérica el lunes de la pasada semana, Podemos registró una proposición no de ley (PNL) con la que instaba al Gobierno de Pedro Sánchez a intervenir los operadores energéticos de nuestro país como Red Eléctrica —de cuyo capital, el 80 por ciento, está en manos de empresas privadas— para recabar toda la información de la que dispongan en cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional. Pero la formación morada no se quedó ahí, en una mera iniciativa parlamentaria que además no es vinculante, es decir, que a efectos prácticos no implica nada más allá de que las distintas fuerzas políticas se retraten sobre el asunto en cuestión e insten o no al Gobierno a promover una norma que recoja el mismo. Ese mismo miércoles día 30 de abril impulsaron también una ley para la creación de una empresa energética pública llamada «Producción Energética Española (PEE)» y adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La citada proposición de ley (PL) incluye también que la PEE asuma las concesiones de las centrales hidroeléctricas españolas una vez que caduquen para que también pasen a ser de dominio público, si bien plantea que el Ejecutivo pueda acordar rescindir las mismas para adjudicárselas a la compañía pública sin haber agotado la concesión a terceros. «Creemos que después del apagón del pasado lunes, con unas operadoras privadas negándose a primera hora a dar toda la información que tenían sobre el apagón, queda claro la necesidad de recuperar el control sobre sectores estratégicos del país», subrayan desde la formación morada a colación del registro del texto, el cual ha dado a conocer este martes, casi una semana después, y al que ha tenido acceso ABC. Ya en septiembre del año pasado el Pleno del Congreso de los Diputados debatió una proposición de no de ley (PNL), esta vez, de Sumar, para crear una empresa pública que gestione las centrales hidroeléctricas y se encargue de la producción eléctrica una vez venzan las actuales concesiones a empresas privadas. Este no es el único antecedente. A finales de 2021, cuando Unidas Podemos vivía y era el socio minoritario del Gobierno de coalición con el PSOE, los de Belarra ya impulsaron una ley con el mismo propósito y que fue rechazada por el Pleno del Congreso, incluso por los socialistas que unió sus votos a los de PP, Vox, Ciudadanos o PNV en febrero de 2022 para tumbar la propuesta del Grupo Confederal. La proposición de ley sí que contó entonces con el apoyo de ERC, EH Bildu, Compromís y el BNG. Este último es un episodio que precisamente ha querido recordar el diputado de la formación Javier Sánchez Serna durante la rueda de prensa habitual de los martes anterior a la Junta de Portavoces en el Congreso, criticando el Ejecutivo de Sánchez justificara su 'no' a la compañía pública por su coste inicial de 8.000 euros, pero que, sin embargo, esté dispuesto ahora a desembolsar 10.500 millones de euros con el objetivo de incrementar el gasto militar en nuestro país.
Apenas 48 horas después del apagón histórico que dejó a oscuras a la Península Ibérica el lunes de la pasada semana, Podemos registró una proposición no de ley (PNL) con la que instaba al Gobierno de Pedro Sánchez a intervenir los operadores energéticos de nuestro país como Red Eléctrica —de cuyo capital, el 80 por ciento, está en manos de empresas privadas— para recabar toda la información de la que dispongan en cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional. Pero la formación morada no se quedó ahí, en una mera iniciativa parlamentaria que además no es vinculante, es decir, que a efectos prácticos no implica nada más allá de que las distintas fuerzas políticas se retraten sobre el asunto en cuestión e insten o no al Gobierno a promover una norma que recoja el mismo. Ese mismo miércoles día 30 de abril impulsaron también una ley para la creación de una empresa energética pública llamada «Producción Energética Española (PEE)» y adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La citada proposición de ley (PL) incluye también que la PEE asuma las concesiones de las centrales hidroeléctricas españolas una vez que caduquen para que también pasen a ser de dominio público, si bien plantea que el Ejecutivo pueda acordar rescindir las mismas para adjudicárselas a la compañía pública sin haber agotado la concesión a terceros. «Creemos que después del apagón del pasado lunes, con unas operadoras privadas negándose a primera hora a dar toda la información que tenían sobre el apagón, queda claro la necesidad de recuperar el control sobre sectores estratégicos del país», subrayan desde la formación morada a colación del registro del texto, el cual ha dado a conocer este martes, casi una semana después, y al que ha tenido acceso ABC. Ya en septiembre del año pasado el Pleno del Congreso de los Diputados debatió una proposición de no de ley (PNL), esta vez, de Sumar, para crear una empresa pública que gestione las centrales hidroeléctricas y se encargue de la producción eléctrica una vez venzan las actuales concesiones a empresas privadas. Este no es el único antecedente. A finales de 2021, cuando Unidas Podemos vivía y era el socio minoritario del Gobierno de coalición con el PSOE, los de Belarra ya impulsaron una ley con el mismo propósito y que fue rechazada por el Pleno del Congreso, incluso por los socialistas que unió sus votos a los de PP, Vox, Ciudadanos o PNV en febrero de 2022 para tumbar la propuesta del Grupo Confederal. La proposición de ley sí que contó entonces con el apoyo de ERC, EH Bildu, Compromís y el BNG. Este último es un episodio que precisamente ha querido recordar el diputado de la formación Javier Sánchez Serna durante la rueda de prensa habitual de los martes anterior a la Junta de Portavoces en el Congreso, criticando el Ejecutivo de Sánchez justificara su 'no' a la compañía pública por su coste inicial de 8.000 euros, pero que, sin embargo, esté dispuesto ahora a desembolsar 10.500 millones de euros con el objetivo de incrementar el gasto militar en nuestro país.
