Otros sectores que Trump podría acosar

La decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de Suspensión del Tomate Fresco de 2019 (ASTF) debe hacer que las autoridades mexicanas se cuestionen cuáles pueden ser otros productos o sectores que el gobierno de Donald Trump pueda utilizar para seguir presionando al país, de cara a la renegociación del TMEC, sobre todo que en el sexenio anterior se generaron varios problemas comerciales que no se resolvieron. Más aún cuando la terminación del ASTF se debe a la iniciativa del secretario de Estado, Marco Rubio, que desde que era senador por Florida patrocinó varias investigaciones por prácticas comerciales ilegales en contra de los tomateros mexicanos, sin que se encontrara evidencia de alguna violación.

El primero es el aguacate. En febrero del año pasado, un grupo de senadores encabezados por Peter Welch (demócrata de Vermont) solicitó al USTR, y a otros miembros del gabinete de Biden, intervenir ante sus contrapartes mexicanas, argumentando que el aguacate que exporta México utiliza una cantidad de agua no sustentable y promueve la deforestación en Jalisco y Michoacán. Más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas de aguacate van hacia Estados Unidos, donde este producto tiene el 70 por ciento del mercado y el año pasado logró ventas alrededor de 2 mil 700 millones de dólares, las que se espera crezcan 5 por ciento este año.

El embajador Ken Salazar declaró que deberían rechazarse las exportaciones de aguacate que promovieran la deforestación, lo que forzó al gobernador Ramírez Bedolla a involucrarse y prevenir una crisis. El aguacate volvió a ser noticia en junio cuando dos inspectores del departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) fueron atacados y se suspendieron por dos semanas las exportaciones de aguacate y mango. En julio se restableció el comercio luego que el USDA transfiriera las labores de inspección a las autoridades mexicanas, pero las exportaciones de mango cayeron 5.3 por ciento respecto al 2023 debido a la sequía y a las restricciones impuestas en la Unión Americana, generando unos 450 millones de dólares para los productores.

El tercero es la protección a la totoaba y a la vaquita marina. En julio del 2023, Biden anunció que pospondría un embargo a las exportaciones de pescados y mariscos mexicanos, por unos 810 millones de dólares, aunque el gobierno de López Obrador había disminuido la efectividad de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, al no detener la pesca ilegal y el comercio de la totoaba, lo que constituye una violación al capítulo ambiental del TMEC. Biden llamó a mantener un diálogo constante al más alto nivel entre las autoridades responsables y pospuso su decisión hasta julio del 2024.

En octubre del 2023, la Sociedad para la Conservación Sea Shepherd y el gobierno mexicano firmaron un acuerdo que amplía un 60 por ciento el área de protección de la vaquita marina y la totoaba, aunque quedaron dudas sobre la manera cómo el gobierno mexicano les cuidaría. Los organismos no gubernamentales que promovieron la certificación del departamento del Interior -el Centro para la Diversidad Biológica, el Instituto para el Bienestar Animal y el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales- siguen monitoreando de cerca este tema y han demostrado su efectividad para generar acciones del gobierno estadounidense.

El cuarto tema es la pesca ilegal de huachinango en aguas de Estados Unidos, considerada como una importante fuente de ingresos del Cártel del Golfo. Apenas el mes pasado, la Guardia Costera detuvo a 16 pescadores mexicanos frente a la costa sur de Texas a los que les fueron incautados mil 137 kilos de huachinango y dos lanchas rápidas, y en noviembre, el departamento del Tesoro sancionó a cinco mexicanos vinculados con este cártel por pesca ilegal de tiburón y huachinango. Este es un tema que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del departamento de Comercio ha reportado al USTR desde el 2020, sin que hasta la fecha haya sido atendido.

Finalmente, el limón, donde Michoacán es el mayor productor en México y donde varias organizaciones criminales se disputan el control de la producción. Esto genera un argumento adicional de intervención al gobierno de Trump, al igual que en los casos del aguacate, mango y huachinango, luego de haber declarado a seis carteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que le da derecho al gobierno de Estados Unidos de investigar y detener sus fuentes de ingreso y hará más complejas las negociaciones comerciales.