Megaestafa inmobiliaria. Los L’Abbate afirman que la familia está “rota”, pero la Justicia les negó la excarcelación

La familia L’Abbate sufrió un nuevo revés de la Justicia. La jueza de instrucción Paula González rechazó los pedidos de morigeración de la prisión preventiva presentados por las defensas, que fundaron el requerimiento en el hecho de que siempre estuvieron a derecho y, además, ya no se los puede considerar una asociación ilícita –uno de los delitos más graves que se les atribuye– porque, como consecuencia de la causa, los dos hijos menores están peleados con su padre y con su hermano mayor.

Con todos ellos, en tanto, también está peleado quien era el apoderado de Induplack SA, la empresa “madre” de la eventual megaestafa, el quinto arrestado en este caso que cuenta con cientos de damnificados por la compra de departamentos de pozo en edificios que nunca llegaron a construirse o con unidades que fueron vendidas hasta seis veces a distintos clientes.

Según informaron fuentes judiciales a LA NACION, la jueza González acompañó el rechazo de las excarcelaciones expresado en el expediente por la fiscal Mónica Cuñarro, que es quien lleva adelante la investigación que comenzó hace cinco años y que en las últimas semanas comenzó a acumular denuncias a diario, con lo que llevó a más de 200 el número de damnificados. Una cifra que crecerá en los próximos días, dado que muchos damnificados se enteran de que fueron víctimas de esta megaestafa cada vez que sale una noticia del caso.

En las últimas horas los abogados de Vito Antonio L’Abbate y su hijo mayor, Emanuel Andrés, pidieron que ambos sean trasladados a la Cárcel de Contraventores, la Alcaidía 15 de la Ciudad o alguna dependencia en la que “reciban un trato digno”. Manifiestan que el jefe de la familia “está desesperado” porque las condiciones de detención en la comisaría 1B de la Policía de la Ciudad, en la que se entregó el 10 de abril pasado, son “inaceptables”. Sus letrados dijeron que “no se pudo bañar en 20 días”, está con fiebre hace días y anoche debió dormir junto a un adicto al paco que se había electrocutado y estaba fuera de sí.

Vito, que tiene 65 años, está en una celda con otros diez hombres y si bien hay una indicación de la jueza de traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal, la añeja puja entre Ciudad y Nación por los cupos en penales obtura, por ahora, su deseo de cambiar de lugar de detención. Esta noche la pasará en la celda de la comisaría de Tacuarí e Independencia.

Cambios de estrategias

El incidente de morigeración de la prisión preventiva expuso una supuesta “división de bandos” entre los detenidos, que se encuentran alojados aún en el mismo lugar donde se entregaron por orden judicial el 10 de abril pasado: la comisaría 1B de la Policía de la Ciudad, en Tacuarí e Independencia.

Vito y su hijo mayor comparten abogados en la defensa: Alejandro Drago y Juan José Oribe. Sus otros dos hijos tienen sus propios representantes legales desde octubre del año pasado, cuando las cosas comenzaron a ponerse peor: Juan Ignacio es asistido por José María Figuerero y Santiago Fontán Balestra y Santiago David, por Pedro Molina Portela, del estudio Fontán Balestra & Asociados. Patricio Gastón Flores, exapoderado de Induplack y firmante de decenas de boletos de compraventa ahora cuestionados en la Justicia por haberse convertido, virtualmente, en papel mojado, revocó el patrocinio de Rodrigo Carral y, desde que está preso, lo representa la defensa oficial.

Esa supuesta divergencia de intereses y responsabilidades, expresada en la decisión de contar con abogados distintos, fue utilizada como argumento por los defensores de Vito y Emanuel L’Abbate al solicitar la excarcelación con monitoreo a través de tobillera electrónica para controlar que “no se alejarán de la jurisdicción” o, subsidiariamente, la detención domiciliaria.

En su escrito sostuvieron que el último llamado a indagatoria y el posterior procesamiento fueron “una bomba en la familia”. En su línea argumentativa interpretaron que esa divergencia de intereses legales en juego demuestra que no forman –al menos, no ahora– una asociación ilícita, delito que tiene una alta expectativa de pena, lo que supone un eventual riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa.

Drago y Oribe dijeron que los dos hermanos menores cambiaron de abogados en octubre “porque, con razón, Juan Ignacio y Santiago vienen sosteniendo que no tienen relación alguna con los hechos investigados y porque la existencia de la causa generó una enorme pelea familiar que rompió cualquier tipo de cohesión”.

Recordaron que Vito y Emanuel L’Abbate dijeron en sus indagatorias que con Juan Ignacio y Santiago “no se hablan hace meses, no tienen diálogo alguno, y ni ellos ni sus esposas dejan que Vito y su mujer vean a sus nietos; lo mismo con Emanuel y sus sobrinos”.

“La familia está peleada hace meses y meses. No se veían, no se llamaban. No se hablaban. No se mandaban mensajes. El vínculo está roto”, sostuvieron los abogados de Vito y Emanuel.

También enfocaron la reacción del quinto detenido de la causa: “Flores está enojadísimo, no les habla, dejó de atenderles el teléfono con el procesamiento por asociación ilícita […] Ni estar con ellos en la misma celda quiere, cuando lo lógico sería que cualquier persona querría enfrentar esta situación junto al grupo que conoce, la banda que integró, en la hipótesis de asociación ilícita que se sostuvo”.

A la hora de oponerse al pedido de los defensores, la fiscal Cuñarro resaltó que las internas familiares resultan inoponibles para el derecho penal, pero, no obstante, era posible encontrar en el propio expediente que la presencia de todos los L’Abbate en distintas sociedades relacionadas desmiente la teoría de la “desaparición de la cohesión familiar” y “exhibe una realidad diametralmente opuesta a la que los letrados defensores intentan mostrar”.

El entramado societario, en la mira

Cuñarro agregó que “con el correr de los años, al generar más estafas y cada vez mayores, y comenzar a ser denunciados, los imputados fueron incorporando nuevas empresas al holding […] en las que sus integrantes son los mismos, aunque intercambiando roles […] con el fin de engañar a los nuevos compradores y, por otra parte, a la Justicia, lo que hace palmaria su burla al sistema para continuar con sus maniobras”.

Según la investigación de la representante del Ministerio Público Fiscal, en las operaciones inmobiliarias a través de fideicomisos en 13 desarrollos edilicios comercializados y administrados por Induplack Fiduciaria SA, la “nave insignia” del clan familiar comandado por Vito L’Abatte, se presume que hubo no menos de 300 damnificados, en una estafa cuyo monto supera los 25 millones de dólares.

Cuñarro ya pidió a la jueza Paula González la ampliación de indagatoria para los cinco empresarios detenidos y para los responsables de una inmobiliaria involucrada en muchas de las operaciones cuestionadas.

La titular de la Fiscalía N°16 puso el foco en el entramado societario que les permitió a los L’Abbate continuar con la comercialización de emprendimientos inmobiliarios nuevos a pesar de las inhibiciones que les iban cayendo encima por los flagrantes incumplimientos de los contratos previos.

Cuñarro advirtió que “los imputados, desde el año 2008, se encuentran vinculados en 23 sociedades. Y es a partir de 2019 que se constituyen 14 de esas 23 sociedades”.

El parteaguas trazado no es azaroso: para 2019 ya habían comenzado a recibir demandas; el cambio de CUIT y de nombre les permitió sortear el primer filtro de duda de los eventuales nuevos compradores, opina la fiscal.

La representante del Ministerio Público, en su más reciente dictamen, reparó en que en 2023 (año en que se produjeron los hechos que fundamentan los primeros procesamientos del clan L’Abbate) se constituyeron siete de esas sociedades que compartían o alternaban integrantes; cuatro de ellas aparecían destinadas a un fin aparentemente diverso al de las operaciones inmobiliarias o de venta de materiales para la construcción: estaban destinadas a la comercialización de artículos de bazar y cotillón. Tenían como directora a Carolina Carnevale y a su esposo, Emanuel L’Abbate, como director suplente.

“Se observa entonces en esta organización el empleo para los fines delictivos de estructuras societarias con permanencia temporal y una especificidad en una forma de comisión delictiva determinada”, sostuvo Cuñarro en el dictamen en el que solicitó la ampliación de indagatoria de los acusados.

“A tal punto llegó esta asociación ilícita que tenían montado todo un escenario societario que permitía cubrir las diferentes aristas de un proyecto de construcción inmobiliaria. No puede pasar desapercibido que los imputados, con el correr de los años, al generar más estafas y cada vez mayores, al empezar a ser denunciados fueron incorporando nuevas empresas en la que los integrantes de esas sociedades son los mismos, pero intercambiando roles; me refiero a con el fin de engañar a los nuevos compradores y por otra parte a la Justicia, lo que hace palmaria su burla al sistema, para continuar con sus maniobras", señaló la fiscal.

“En efecto, la estructura empleada por la asociación de la que formaron parte los incusos se encuentra constituida por distintas sociedades interconectadas, lideradas en los hechos por Vito L’Abbate, y en las que él y sus consortes rotaban en los roles societarios” en firmas tales como Integral Home, Icons Tech, Iwin SA, Iwin Aberturas SA.

La fiscal Cuñarro se valió de los dichos en declaración indagatoria de uno de los acusados para fundar su tesis de que se buscó desviar las inversiones de los damnificados a través de la maraña de empresas.

“En el descargo efectuado el pasado 15 de abril, Emanuel L’Abbate intentó justificar la proliferación de empresas al explicar que en el año 2018 sufrieron un default por 14 millones de dólares, por lo que empezaron a vender activos de la familia y de la empresa familiar, y que no quisieron concursar. Y afirmó categóricamente: ‘El concurso nunca fue una alternativa moral porque todos pierden […] por eso seguimos construyendo y generando ganancias, y la única manera era creando nuevas empresas para poder seguir ejecutando la construcción de los edificios".

Al respecto, la fiscal respondió: “Es sabido que la presentación en concurso preventivo importa una verdadera demanda a través de la cual se procura poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional con el fin de superar la insolvencia patrimonial del interesado y los conflictos de distinta índole que aquella provoca. Así, puede protegerse en cierta forma el patrimonio de los acreedores, pues permite que la empresa siga operando y reestructure su deuda. […] Ellos, en lugar de presentarse a concurso siguieron construyendo nuevas empresas cada vez que quedaban inhibidos y continuaban vendiendo y revendiendo las unidades funcionales, para lograr sortear obstáculos legales y, de esta manera continuar recibiendo dinero de los compradores/ víctimas sabiendo que jamás iban a poder cumplir con sus obligaciones".