MASC, negocia o revienta
La nueva ley que obliga a un trámite de mediación en la jurisdicción civil y mercantil añade un paso más, o sea un gasto más. No me gusta que me obliguen a transaccionar, sobre todo si creo que un derecho ha sido pisoteado y quiero recuperarlo íntegro Antes de entrar en el templo de la Justicia se debe pasar por el templo de la Concordia Louis Prougnon Tenemos un legislador divino. Lo mismito que el supremo hacedor dijo: “Hágase la luz y la luz se hizo” y fue el día primero, nuestros próceres votaron “Hágase la mediación” y la concordia llegó a nuestros pleitos. No sé si están al corriente de la entrada en vigor de una nueva ley, la niña bonita del ministro Bolaños, que instituye como obligatorios los MASC en la jurisdicción civil y mercantil. No, no salgan corriendo, que les toca de cerca por muy atrabilario que les parezca. El divino legislador dice que les traerá paz y concordia, cuando es muy posible que les traiga más costes, más tiempo y más quebraderos de cabeza, pero qué sabremos los sufridos ciudadanos. Los citados MASC, un acrónimo bien antipático, son los denominados Métodos Alternativos de Solución de Controversias, es decir, intentar arreglar los asuntos mediante acuerdo y mediación antes de llegar al juez. Suena precioso, ¿a qué sí? Es algo que se hace ya en muchos países y que ha desarrollado toda una teoría y práctica de la mediación. “Un mal acuerdo es mejor que un buen pleito” les habrán dicho, con razón, alguna vez alguien que les quería bien. Lo que no está tan claro es que sea buena idea imponerlo. La nueva ley de Eficiencia Procesal, la LOMESPJ que suena a borborigmo, lo impone. Así que ya lo saben, ahora antes de cualquier reclamación civil o mercantil será necesario acreditar que se ha recurrido a un MASC y, en caso contrario, no se aceptará la demanda. Esto vale lo mismo si le deben dinero por un trabajo que si le han dejado fuera de una herencia, si el vecino le ha raspado un trozo de su finca moviendo la linde o si se quiere divorciar. Da igual. El MASC se ha convertido en requisito de procedibilidad y sin haberlo cumplido no se podrá llevar nada a un juzgado civil o mercantil. O sea un paso más, o sea un gasto más: su mediador, su procurador y su abogado. Caja. Que le dirán que, si se llega a un acuerdo, el procurador y el abogado le sobrarán, pero, ¿cuántas veces se llegará a un acuerdo forzado? ¿No es más cierto que cuando las cosas se pueden negociar ya se están negociando y que cuando se llega al juzgado es que no hay nada que pactar? Lo cierto es que el negocio ya se está animando. Los cursos de mediador se ofrecen y llegarán a espuertas, a veces por entidades de escasa solvencia; los colegios de abogados y notarios harán sus formaciones y sus cursos de formación, las universidades crearán sus pertinentes másteres online, y los grandes despachos abrirán sus departamentos de solución de controversias y a facturar, amigos. Una ventana de negocio que se abre. ¿Y los ciudadanos? Los ciudadanos, ojo, porque la ley contempla también una nueva figura que es la del abuso del servicio público de Justicia que te puede llevar unas costas, o sea, otro castigo, si resulta que, a discreción del juez, no has pactado lo que era obvio pactar. A mí el concepto de resolución extrajudicial de conflictos me parece muy inspirador. Nadie que se mueva dentro del mundo de la Justicia les recomendará que anden por ahí poniendo pleitos a diestro y siniestro. Si algo me ha enseñado vivir entre jueces, fiscales y abogados es que hay que pensárselo bien antes de entablar un proceso. Eso está genial. Ahora, ¿obligar a negociar? Llámenme ácrata, no me gusta que me obliguen a transaccionar, sobre todo si creo que un derecho ha sido pisoteado y quiero recuperarlo íntegro. Negociar, ya saben, es ceder. Tengo la impresión de que existe también un derecho a no negociar, a no querer llegar a un acuerdo, a que sea el juez el que determine quien lleva razón. En ese caso, obligar a entablar una negociación no es sino añadir tiempo y dinero, dificultar mi acceso a la Justicia. Hay muchos asuntos civiles en los que es posible llegar a un acuerdo extrajudicial. Yo, sin ir más lejos, llegué a uno el verano pasado, que no puedo contarles porque contiene una cláusula de confidencialidad, pero que acabó con las disensiones entre las dos partes sin pleitear. Hay otros, sin embargo, en los que intentar llegar a un acuerdo es absurdo o imposible. Tengan en cuenta que el MASC rige para los asuntos de tráfico, las reclamaciones de cantidad o los divorcios y tantas cosas que les afectan. ¿Alguien cree que cuando se llega a un divorcio contencioso es posible una mediación real? ¿No se divorcia de mutuo acuerdo todo el que puede hacerlo? Las modalidades que permite la ley son varias: negociación, mediación, conciliación, oferta vinculant

La nueva ley que obliga a un trámite de mediación en la jurisdicción civil y mercantil añade un paso más, o sea un gasto más. No me gusta que me obliguen a transaccionar, sobre todo si creo que un derecho ha sido pisoteado y quiero recuperarlo íntegro
Antes de entrar en el templo de la Justicia se debe pasar por el templo de la Concordia
Tenemos un legislador divino. Lo mismito que el supremo hacedor dijo: “Hágase la luz y la luz se hizo” y fue el día primero, nuestros próceres votaron “Hágase la mediación” y la concordia llegó a nuestros pleitos. No sé si están al corriente de la entrada en vigor de una nueva ley, la niña bonita del ministro Bolaños, que instituye como obligatorios los MASC en la jurisdicción civil y mercantil. No, no salgan corriendo, que les toca de cerca por muy atrabilario que les parezca. El divino legislador dice que les traerá paz y concordia, cuando es muy posible que les traiga más costes, más tiempo y más quebraderos de cabeza, pero qué sabremos los sufridos ciudadanos.
Los citados MASC, un acrónimo bien antipático, son los denominados Métodos Alternativos de Solución de Controversias, es decir, intentar arreglar los asuntos mediante acuerdo y mediación antes de llegar al juez. Suena precioso, ¿a qué sí? Es algo que se hace ya en muchos países y que ha desarrollado toda una teoría y práctica de la mediación. “Un mal acuerdo es mejor que un buen pleito” les habrán dicho, con razón, alguna vez alguien que les quería bien. Lo que no está tan claro es que sea buena idea imponerlo. La nueva ley de Eficiencia Procesal, la LOMESPJ que suena a borborigmo, lo impone. Así que ya lo saben, ahora antes de cualquier reclamación civil o mercantil será necesario acreditar que se ha recurrido a un MASC y, en caso contrario, no se aceptará la demanda. Esto vale lo mismo si le deben dinero por un trabajo que si le han dejado fuera de una herencia, si el vecino le ha raspado un trozo de su finca moviendo la linde o si se quiere divorciar. Da igual. El MASC se ha convertido en requisito de procedibilidad y sin haberlo cumplido no se podrá llevar nada a un juzgado civil o mercantil.
O sea un paso más, o sea un gasto más: su mediador, su procurador y su abogado. Caja. Que le dirán que, si se llega a un acuerdo, el procurador y el abogado le sobrarán, pero, ¿cuántas veces se llegará a un acuerdo forzado? ¿No es más cierto que cuando las cosas se pueden negociar ya se están negociando y que cuando se llega al juzgado es que no hay nada que pactar? Lo cierto es que el negocio ya se está animando. Los cursos de mediador se ofrecen y llegarán a espuertas, a veces por entidades de escasa solvencia; los colegios de abogados y notarios harán sus formaciones y sus cursos de formación, las universidades crearán sus pertinentes másteres online, y los grandes despachos abrirán sus departamentos de solución de controversias y a facturar, amigos. Una ventana de negocio que se abre. ¿Y los ciudadanos? Los ciudadanos, ojo, porque la ley contempla también una nueva figura que es la del abuso del servicio público de Justicia que te puede llevar unas costas, o sea, otro castigo, si resulta que, a discreción del juez, no has pactado lo que era obvio pactar.
A mí el concepto de resolución extrajudicial de conflictos me parece muy inspirador. Nadie que se mueva dentro del mundo de la Justicia les recomendará que anden por ahí poniendo pleitos a diestro y siniestro. Si algo me ha enseñado vivir entre jueces, fiscales y abogados es que hay que pensárselo bien antes de entablar un proceso. Eso está genial. Ahora, ¿obligar a negociar? Llámenme ácrata, no me gusta que me obliguen a transaccionar, sobre todo si creo que un derecho ha sido pisoteado y quiero recuperarlo íntegro. Negociar, ya saben, es ceder. Tengo la impresión de que existe también un derecho a no negociar, a no querer llegar a un acuerdo, a que sea el juez el que determine quien lleva razón. En ese caso, obligar a entablar una negociación no es sino añadir tiempo y dinero, dificultar mi acceso a la Justicia.
Hay muchos asuntos civiles en los que es posible llegar a un acuerdo extrajudicial. Yo, sin ir más lejos, llegué a uno el verano pasado, que no puedo contarles porque contiene una cláusula de confidencialidad, pero que acabó con las disensiones entre las dos partes sin pleitear. Hay otros, sin embargo, en los que intentar llegar a un acuerdo es absurdo o imposible. Tengan en cuenta que el MASC rige para los asuntos de tráfico, las reclamaciones de cantidad o los divorcios y tantas cosas que les afectan. ¿Alguien cree que cuando se llega a un divorcio contencioso es posible una mediación real? ¿No se divorcia de mutuo acuerdo todo el que puede hacerlo?
Las modalidades que permite la ley son varias: negociación, mediación, conciliación, oferta vinculante confidencial, opinión de persona experta independiente y derecho colaborativo. Cualquiera de ellas debe quedar debidamente acreditada para darte paso a presentar una demanda. La cosa es que tampoco la ley deja claro cómo queda acreditado que se cumplió la obligación así que ahora tenemos a los lajs y a los jueces civiles, haciendo acuerdos sobre qué vale o no vale (el mail, sí pero reiterado, el burofax pero de tal forma). Legislando lo que el legislador obvió. Algo que se está haciendo por territorios sin seguridad de que en todos se vaya a llegar a la misma conclusión, lo que añadiría confusión y distingos.
Que miren, que no llegar ante un juez es cosa fantástica, si se puede. Que obligar a negociar o a intentar arreglarse antes de llegar a un juzgado es una entelequia que lo más seguro es que no funcione. Hecha la ley, hecha la trampa. Se cobrará por la gestión y se cumplirá el requisito y a volar, más despacio de lo ya habitual evidentemente, o poco conozco yo este negociado. Y la mayoría no tiene derecho a la justicia gratuita así que tendrá que rascarse aún más el bolsillo lo que puede tener el efecto de descargar los tribunales. Ya ven lo que pasa ahora con las conciliaciones previas a demanda del honor, que no conozco a nadie que haya asistido a una de ellas o que haya salido conciliado.
Es una lástima que exista esta cultura legislativa. Leyes mal redactadas y con problemas técnicos, leyes que pretenden cambiar la realidad a toque de silbato, sin haber intentado previamente preparar el terreno y crear una conciencia ciudadana. ¿De dónde van a salir los mediadores o conciliadores o terceros expertos? Porque en las grandes ciudades puede que los haya con experiencia, pero en los partidos judiciales pequeños te da la risa de cómo y quién va a hacer esas conciliaciones. Debería haberse implantado poco a poco, en asuntos y temas concretos y más proclives a las cesiones y componendas, y con instrucciones claras de cómo cumplir el requisito, incluso con un servicio público de mediación gratuita que ahora sólo podrán tener aquellos que tengan derecho a la justicia gratuita.
Ojalá me equivoque y esto se una maravilla para el ciudadano, para la estadística no es a mí a quién debe importarle. Ojalá, aunque oigo MASC y me imagino a los hombres de Harrelson saltando de una furgoneta más que a pacíficos ciudadanos solucionando sus asuntos con un apretón de manos que, por cierto, siempre pueden darse sin que les obligue la ley.
Hágase la mediación, y el acuerdo se hizo. Génesis apócrifo. Amén.