Ley de Telecomunicaciones: Netflix estará obligado a dar los DATOS de suscriptores a las autoridades
La Ley de Telecomunicaciones en su reforma nueva de Claudia Sheinbaum obliga a Netflix a entregar datos de suscriptores a las autoridades

La reciente iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha desatado una intensa controversia en México. Presentada al Senado el 23 de abril de 2025, esta legislación busca modernizar el marco regulatorio del sector, pero ha sido señalada por expertos y opositores como un riesgo para la privacidad y la libertad de expresión.
Entre sus disposiciones más polémicas está la obligación de plataformas como Netflix, Uber y Amazon de compartir datos de sus usuarios con autoridades judiciales, así como la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). A continuación, desglosamos los puntos clave de esta reforma.
¿Cuándo se reformó la Ley de Telecomunicaciones?
La iniciativa para expedir una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue enviada al Senado el 23 de abril de 2025, con el objetivo de reemplazar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014.
Aunque el dictamen fue aprobado en comisiones, su discusión en el pleno fue pausada el 28 de abril de 2025 tras críticas sobre posibles violaciones a la libertad de expresión y al T-MEC. La presidenta Sheinbaum solicitó un análisis más profundo, retrasando su aprobación antes del cierre del período legislativo el 30 de abril.
Este proyecto, de 283 artículos y 27 transitorios, busca regular el espectro radioeléctrico, los servicios digitales y la publicidad extranjera, pero aún está bajo revisión.
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¿Por qué se dice que promueve la censura?
La reforma ha sido apodada “Ley Censura” por la oposición debido al Artículo 109, que permite a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) bloquear plataformas digitales por “incumplimiento de normativas” no especificadas, a solicitud de “autoridades competentes” sin definir.
Esta redacción ambigua podría habilitar restricciones arbitrarias sin orden judicial, violando la prohibición de censura previa de la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Críticos como el senador Ricardo Anaya advierten que la ley concentra facultades en la ATDT para controlar contenidos en radio, televisión y redes sociales, afectando a medios o comunicadores “incómodos” para el gobierno. Organismos como Artículo 19 y la ONU-DH han alertado sobre el riesgo de un régimen de control gubernamental.
Netflix y otras plataformas: obligación de entregar datos (artículos 160 y 161) según Ley de Telecomunicaciones
El Artículo 160 de la reforma obliga a plataformas digitales como Netflix, Uber y Amazon a proporcionar datos de sus usuarios a autoridades de seguridad y justicia para investigaciones, con plazos breves y multas de hasta el 4% de sus ingresos por incumplimiento.
Este artículo también propone crear una Plataforma Digital de Usuarios de Telefonía Móvil, alimentada por empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios digitales, accesible por autoridades bajo criterios definidos por la ATDT.
Por su parte, el Artículo 161 permite a instancias de seguridad fabricar y operar equipos para bloquear señales de telecomunicaciones, lo que podría facilitar “apagones de internet”. Estas medidas han generado preocupación por la falta de supervisión judicial y claridad en los procedimientos.
¿Qué pasará con el IFT según Ley de Telecomunicaciones?
La reforma extingue al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo creado en 2014, trasladando sus funciones a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo.
La ATDT asumirá la regulación del espectro radioeléctrico, la asignación de concesiones y la supervisión de contenidos, concentrando un poder sin precedentes. La desaparición del IFT, justificada por la “simplificación administrativa”, ha sido criticada por triplicar costos administrativos y debilitar la competencia en el sector. Expertos advierten que esta centralización podría favorecer a actores afines al gobierno y limitar la pluralidad de voces.
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Implicaciones en la privacidad de la Ley de Telecomunicaciones
La reforma plantea serias amenazas a la privacidad. La creación de un registro de usuarios de telefonía móvil y la facultad de la ATDT para definir quién accede a él, sin salvaguardas claras, abre la puerta a abusos y filtraciones.
La exigencia de datos a plataformas digitales sin control judicial estricto podría vulnerar derechos humanos, según la ONU-DH. Además, la capacidad de bloquear señales de telecomunicaciones, contemplada en el Artículo 161, recuerda a prácticas autoritarias documentadas en otros países.
Organizaciones como R3D han señalado que estas disposiciones carecen de transparencia y podrían normalizar la vigilancia masiva, afectando la confianza en los servicios digitales.