Las telefónicas deberán bloquear las llamadas de 'spam' no identificadas con un código

Se acabaron las llamadas de spam inesperadas o camufladas: las empresas estarán obligadas a marcar con un número determinado todas aquellas llamadas que tengan un fin comercial. Es una de las últimas medidas introducidas por los partidos que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, a la ley de atención al cliente que se debate ahora en el Congreso de los Diputados y que previsiblemente se aprobará en los próximos meses.

Según el Ministerio de Consumo, este cambio normativo, introducido a través de una enmienda pactada con el resto de grupos políticos, pretende "impedir" las llamadas spam, obligando a las empresas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico. De este modo, y para garantizar el cumplimiento de la ley, las compañías telefónicas deberán bloquear todas las llamadas de empresas que no usen ese código.

En esa línea, otra de las medidas introducidas permitirá declarar nulos todos los contratos que se suscriban a través de llamadas telefónicas no consentidas, y obligará a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento del usuario para recibir llamadas. Ambas enmiendas se están negociando con el resto de grupos parlamentarios en el seno de la comisión del ramo del Congreso.

Medidas de la futura ley

La ley de atención al cliente fue enviada a la Cámara Baja hace poco más de un año, y desde entonces se han ido anunciando algunos cambios. El último fue hace apenas una semana, cuando PSOE y Sumar llegaron a un acuerdo para introducir una enmienda que obligará a las empresas a informar a sus consumidores de que una suscripción está a punto de revalidarse. Según esta nueva medida, plataformas como Spotify o Netflix deberán avisar 15 días antes de que venga el plazo, para que los clientes tengan la oportunidad de cancelar esa renovación si así lo desean.

En definitiva, el proyecto de ley aspira a mejorar la experiencia de los usuarios, con otras medidas como un límite de tres minutos en los tiempos de espera al teléfono, la prohibición de que las compañías ofrezcan únicamente la atención de una máquina o la reducción del plazo de respuesta a quejas a 15 días y servicios específicos para personas mayores o con alguna discapacidad. Las empresas que, una vez entre en vigor la ley, no cumplan con esos mandatos se enfrentarán a multas de entre 150 y 100.000 euros, en función de la gravedad de las infracciones.

La ley de Consumo también recoge medidas para los usuarios afectados por incidencias —cortes de suministro, por ejemplo— en servicios básicos (como la luz, el agua, el gas o el internet), las empresas deberán informar del motivo del problema y asegurar una solución del suministro en un plazo máximo de dos horas. Tampoco se podrá cortar el suministro a ninguna familia si hay una reclamación en curso.

Con todo, en principio solo se verán afectados por estas medidas las empresas o grupos de empresas (públicos o privados) con relación al consumo que cumplan una serie de características: que tengan más de 250 trabajadores o un volumen de negocio superior a 50 millones. Aunque en el caso de los servicios básicos se verán afectadas todas las empresas del sector, independientemente de su tamaño.