Las defensas de la 'Operación Drake' piden a la Audiencia que revele si agentes de la UCO están involucrados en otras causas
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a partir del próximo 26 de mayo a Hafesa Energía, operador mayorista del sector de los hidrocarburos, en el marco de la conocida como Operación Drake. El caso ha levantado una intensa polémica al destaparse presuntas irregularidades procesales y una supuesta trama de corrupción dentro de la Guardia Civil, lo que ha llevado a las defensas a poner en duda la legalidad de todo el procedimiento. En los días previos al inicio del juicio, las representaciones legales de los acusados han presentado una batería de escritos reclamando el acceso a pruebas fundamentales. Denuncian que la Fiscalía cuenta con grabaciones y transcripciones clave a las que las defensas no han podido acceder en su totalidad, además de referirse a fallos técnicos en la plataforma judicial que gestiona el material probatorio. Esta desigualdad, según fuentes jurídicas cercanas al caso, vulneraría el derecho a un juicio justo recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 588 ter i). A este escenario se suma el contenido del Informe 12/2024 elaborado por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que revela la existencia de una presunta red corrupta integrada por agentes que habrían manipulado causas judiciales. Según el documento, la estructura operaba con una clara finalidad: beneficiar ilícitamente a determinados grupos empresariales del sector energético, en detrimento de competidores legales como Hafesa. Entre los señalados figuran dos capitanes de la Unidad Central Operativa (UCO), acusados de colaborar con una organización criminal encargada de filtrar información confidencial, recibir sobornos, colocar a familiares en empresas investigadas e influir en procesos judiciales en curso. Por estos motivos, la defensa de José Norberto Uzal, ex director general de Hafesa, ha solicitado que se identifique a los agentes responsables de los informes policiales, así como sus posibles vínculos con otras causas abiertas. La petición incluye la remisión de antecedentes disciplinarios o penales de los agentes implicados y los informes internos relacionados con su actuación en la investigación. Según documentación recogida entre octubre de 2018 y junio de 2019, se habrían producido transferencias económicas sin justificación clara, recepción de bienes de lujo y la disolución de sociedades presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales. Estos hechos, recogidos en el citado informe, apuntan a una supuesta connivencia entre agentes del Estado y organizaciones empresariales con intereses en el mercado energético. Las defensas también han solicitado a los Juzgados de Instrucción número 5 y 6 de la Audiencia Nacional que confirmen si los agentes investigados están siendo objeto de seguimiento en las Diligencias Previas 100/2021 y 35/2019, relacionadas con estas actuaciones irregulares. Las sospechas se ven reforzadas por investigaciones publicadas en medios como The Objective, El Periódico de España, Diario Red o El Economista, que han desvelado presuntas prácticas corruptas en el seno de la Guardia Civil: pagos en metálico, contratación de familiares de agentes, manipulación de testigos protegidos o generación de pruebas supuestamente falsas con fines comerciales. Súmate a Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a...
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a partir del próximo 26 de mayo a Hafesa Energía, operador mayorista del sector de los hidrocarburos, en el marco de la conocida como Operación Drake. El caso ha levantado una intensa polémica al destaparse presuntas irregularidades procesales y una supuesta trama de corrupción dentro de la Guardia Civil, lo que ha llevado a las defensas a poner en duda la legalidad de todo el procedimiento. En los días previos al inicio del juicio, las representaciones legales de los acusados han presentado una batería de escritos reclamando el acceso a pruebas fundamentales. Denuncian que la Fiscalía cuenta con grabaciones y transcripciones clave a las que las defensas no han podido acceder en su totalidad, además de referirse a fallos técnicos en la plataforma judicial que gestiona el material probatorio. Esta desigualdad, según fuentes jurídicas cercanas al caso, vulneraría el derecho a un juicio justo recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 588 ter i). A este escenario se suma el contenido del Informe 12/2024 elaborado por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, que revela la existencia de una presunta red corrupta integrada por agentes que habrían manipulado causas judiciales. Según el documento, la estructura operaba con una clara finalidad: beneficiar ilícitamente a determinados grupos empresariales del sector energético, en detrimento de competidores legales como Hafesa. Entre los señalados figuran dos capitanes de la Unidad Central Operativa (UCO), acusados de colaborar con una organización criminal encargada de filtrar información confidencial, recibir sobornos, colocar a familiares en empresas investigadas e influir en procesos judiciales en curso. Por estos motivos, la defensa de José Norberto Uzal, ex director general de Hafesa, ha solicitado que se identifique a los agentes responsables de los informes policiales, así como sus posibles vínculos con otras causas abiertas. La petición incluye la remisión de antecedentes disciplinarios o penales de los agentes implicados y los informes internos relacionados con su actuación en la investigación. Según documentación recogida entre octubre de 2018 y junio de 2019, se habrían producido transferencias económicas sin justificación clara, recepción de bienes de lujo y la disolución de sociedades presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales. Estos hechos, recogidos en el citado informe, apuntan a una supuesta connivencia entre agentes del Estado y organizaciones empresariales con intereses en el mercado energético. Las defensas también han solicitado a los Juzgados de Instrucción número 5 y 6 de la Audiencia Nacional que confirmen si los agentes investigados están siendo objeto de seguimiento en las Diligencias Previas 100/2021 y 35/2019, relacionadas con estas actuaciones irregulares. Las sospechas se ven reforzadas por investigaciones publicadas en medios como The Objective, El Periódico de España, Diario Red o El Economista, que han desvelado presuntas prácticas corruptas en el seno de la Guardia Civil: pagos en metálico, contratación de familiares de agentes, manipulación de testigos protegidos o generación de pruebas supuestamente falsas con fines comerciales. Súmate a Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a...
