La Xunta defiende su legislación ambiental frente a aquellos que priman «la ideología»
En una semana donde la energía volvió a copar buena parte de la actualidad y del interés ciudadano tras el apagón inaudito que dejó a la Península Ibérica a oscuras durante horas, desde la Xunta mueven ficha para avanzar en uno de los principales escollos en la materia para el Ejecutivo gallego: el parón eólico por sentencias judiciales, que ya afecta a 98 instalaciones eólicas en la Comunidad . «Una parálisis inédita en España, que supone la pérdida de 2.574,19 MW de energía limpia que se podría estar generando en Galicia», afirmó la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que mantuvo un encuentro con la comisaria de Medio Ambiente de la UE, Jessika Roswall, y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, para abordar la cuestión. Una reunión celebrada ayer en valencia en el marco del Congreso del PP Europeo celebrado en la ciudad levantina, en el que la responsable de Medio Ambiente en Galicia puso en valor el «rigor» de la legislación comunitaria, así como el trabajo de los técnicos encargados de elaborar los informes medioambientales. Una adecuación que la conselleira contrastó con aquellos que « anteponen la ideología a la legislación ». Así se lo hizo saber a la comisaria, a la que invitó a Galicia para conocer de primera mano el proceso de tramitación ambiental y los criterios empleados para la selección de proyectos. Asimismo, Vázquez insistió en la necesidad de garantizar seguridad jurídica en las tramitaciones ambientales para «frenar a ciertos grupos políticos que priman su ideología frente a la legislación vigente con el fin de paralizar el asentamiento de proyectos industriale s en la Comunidad», aseveró la conselleira de Medio Ambiente. A pesar de que el Tribunal Supremo dictaminó el pasado mes de marzo que la autorización del parque eólico de Campelo (entre Coristanco y Santa Comba) llevada a cabo a la Xunta era adecuada, sentando jurisprudencia que podría afectar a otros 60 parques eólicos bloqueados por motivos similares, queda pendiente que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Europa (TJUE). Una respuesta a la solicitud del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), de donde proceden las sentencias de paralización cautelar de los eólicos, en la que instó al tribunal europeo a pronunciarse sobre si se adaptó correctamente la normativa europea a la legislación española en 2013 , lo que afectaría a proyectos de todo el país, sin limitarse a los eólicos. Mientras, prácticamente la mitad de los parques eólicos gallegos -98 de 191- continúan judicializados y la Comunidad continúa perdiendo relevancia en su implementación frente a otros territorios como Aragón o Castilla y León.
En una semana donde la energía volvió a copar buena parte de la actualidad y del interés ciudadano tras el apagón inaudito que dejó a la Península Ibérica a oscuras durante horas, desde la Xunta mueven ficha para avanzar en uno de los principales escollos en la materia para el Ejecutivo gallego: el parón eólico por sentencias judiciales, que ya afecta a 98 instalaciones eólicas en la Comunidad . «Una parálisis inédita en España, que supone la pérdida de 2.574,19 MW de energía limpia que se podría estar generando en Galicia», afirmó la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que mantuvo un encuentro con la comisaria de Medio Ambiente de la UE, Jessika Roswall, y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, para abordar la cuestión. Una reunión celebrada ayer en valencia en el marco del Congreso del PP Europeo celebrado en la ciudad levantina, en el que la responsable de Medio Ambiente en Galicia puso en valor el «rigor» de la legislación comunitaria, así como el trabajo de los técnicos encargados de elaborar los informes medioambientales. Una adecuación que la conselleira contrastó con aquellos que « anteponen la ideología a la legislación ». Así se lo hizo saber a la comisaria, a la que invitó a Galicia para conocer de primera mano el proceso de tramitación ambiental y los criterios empleados para la selección de proyectos. Asimismo, Vázquez insistió en la necesidad de garantizar seguridad jurídica en las tramitaciones ambientales para «frenar a ciertos grupos políticos que priman su ideología frente a la legislación vigente con el fin de paralizar el asentamiento de proyectos industriale s en la Comunidad», aseveró la conselleira de Medio Ambiente. A pesar de que el Tribunal Supremo dictaminó el pasado mes de marzo que la autorización del parque eólico de Campelo (entre Coristanco y Santa Comba) llevada a cabo a la Xunta era adecuada, sentando jurisprudencia que podría afectar a otros 60 parques eólicos bloqueados por motivos similares, queda pendiente que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Europa (TJUE). Una respuesta a la solicitud del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), de donde proceden las sentencias de paralización cautelar de los eólicos, en la que instó al tribunal europeo a pronunciarse sobre si se adaptó correctamente la normativa europea a la legislación española en 2013 , lo que afectaría a proyectos de todo el país, sin limitarse a los eólicos. Mientras, prácticamente la mitad de los parques eólicos gallegos -98 de 191- continúan judicializados y la Comunidad continúa perdiendo relevancia en su implementación frente a otros territorios como Aragón o Castilla y León.
