La presidenta del CGPJ se planta y da un ultimátum para resolver las salas clave del Supremo

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial ha dado un golpe en la mesa para urgir a los vocales que componen el órgano que lleguen a un acuerdo sobre las presidencias de las salas clave del Tribunal Supremo en las próximas semanas. Según detallan fuentes del órgano de gobierno de los jueces a Vozpópuli, Isabel Perelló ha pedido a los vocales conservadores y progresistas cerrar los nombramientos de las presidencias de la Sala de lo Penal y de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal antes de que acabe el mes de mayo.

Tras más de seis meses de negociaciones, la presidenta del CGPJ pisa el acelerador y exhorta a sus vocales para que apuntalen las conversaciones en torno a los nombramientos más polémicos y, así, desbloquear el acuerdo sobre las salas claves del Supremo. De esta forma, apuntan las fuentes consultadas, se podrá acelerar el resto de nombramientos, aproximadamente unas 60 plazas vacantes.

En paralelo, la Comisión de Calificación del CGPJ continúa realizando entrevistas y avanzando en aquellas plazas con candidatos únicos, una dinámica que se ha ido reproduciendo en las últimas semanas. No obstante, tras el toque de atención de Perelló se prevé que ambos bloques intensifiquen los contactos con vistas a los Plenos convocados para los próximos 7 y 21 de mayo. Según las fuentes consultadas, el mensaje de la presidenta del Supremo ha calado entre los vocales que se predisponen a cambiar la dinámica de las negociaciones que, hasta ahora, estaban más enfocadas a cubrir otras vacantes pendientes en audiencias provinciales o tribunales de justicia. 

Las rencillas que han aflorado estos últimos meses en el seno del órgano de gobierno de los jueces en torno al nombramiento de 105 altos cargos judiciales ha salpicado de manera indirecta a Perelló. El pasado mes de febrero, el bloque progresista hizo saltar por los aires el acuerdo para nombrar a un total de 36 jueces, la decisión de parte de los vocales del CGPJ de romper con el pacto preestablecido en el último momento dejó a la presidenta sin margen de maniobra, ya que la retirada 'in extremis' de los progresistas se ejecutó pocas horas antes de que se celebrase el pleno convocado por la propia Perelló. 

Tras la celebración de un pleno marcado por la tensión interna, fuentes del CGPJ interpretaron este movimiento como una maniobra para socavar el poder de Perelló y presionar para colocar a ciertos nombres en las salas clave del Tribunal Supremo. La retirada del acuerdo para nombrar a más de una treintena de altos cargos judiciales se sumó al fracaso para elevar una propuesta conjunta para la renovación del sistema de vocales. Estos dos hitos marcaron un punto de inflexión en la presidencia de la primera mujer designada para dirigir el Poder Judicial y el Supremo. Propiciar la ruptura de un acuerdo de estas características a pocas horas de un Pleno es "dejar a Perelló vendida", anotaron entonces fuentes del órgano de gobierno de los jueces. 

Los nombramientos que más tensiones provocan entre ambos bloques son los de las presidencias de la Sala Segunda y la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas son los favoritos de los conservadores, mientras que Ana Ferrer y Pilar Teso son las candidatas promocionadas por los progresistas.

La llegada de Isabel Perelló de semana de bloqueo se vivió desde ambos bloques como síntoma de cambio y el inicio de una nueva etapa alejada de la sombra de la anterior legislatura donde los consensos marcarían el legado de un nuevo Consejo General del Poder Judicial. Una candidata progresista propuesta por parte del bloque conservador, una figura conciliadora para acabar con cinco años de bloqueo en el Poder Judicial. No obstante, los últimos desacuerdos en el seno del CGPJ, para elevar a las Cortes una propuesta única para el sistema de renovación de vocales y la falta de consenso para nombrar las presidencias claves del Supremo, han salpicado de manera indirecta la buena imagen con la que arrancaba el nuevo órgano de gobierno de los jueces que busca alejarse de la mala prensa que tuvo el Consejo bajo la presidencia de Carlos Lesmes, que dimitió en octubre de 2022 a la imposibilidad de un acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el Poder Judicial.