La lista de espera en dependencia baja un 9,4% en un año, aunque los solicitantes aguardan su prestación hasta 338 días

Un total de 182.532 personas estaban en marzo de 2025 esperando a recibir los servicios o las prestaciones que les corresponden por su situación de dependencia. Una lista de espera que, aunque se mantiene en un número elevado, se ha reducido un 9,4% en un año y más de un 40% desde 2020. No obstante, el tiempo que pasa desde que una persona dependiente pide una prestación —como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o los servicios de residencia— es de casi un año: 338 días tienen que esperar los solicitantes para recibir esos servicios, esto es, el doble del tiempo medio de resolución que fija la ley y diez días más que lo que tenían que esperar el año pasado, en 2024.

Son datos facilitados este jueves por el Ministerio de Derechos Sociales, que desde ahora empezará a recopilar y ofrecer trimestralmente las cifras de la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para identificar los avances y los retos del sistema. Las estadísticas, presentadas por la secretaria de Estado, Rosa Martínez, señalan que en España hay más de 1,5 millones de personas que ya reciben una prestación actualmente, 108.851 más que el año anterior. Un número que, según ha apuntado Martínez, seguirá aumentando en los próximos años por la tendencia demográfica y el aumento de la esperanza de vida. El Ejecutivo calcula que, de aquí a 2030, habrá unos 400.000 solicitantes de dependencia más.

Para la número dos de Pablo Bustinduy, que la lista de espera se haya reducido en los últimos años es un dato especialmente positivo si se tiene en cuenta que el número de solicitudes ha crecido un 5,4% en un año y un 0,7% en tan solo un mes. El Gobierno cifra en más de dos millones el número de solicitudes para recibir atención en España (personas activas en el sistema), entre los dependientes que están en lista de espera, los que están pendientes de una resolución y aquellos que ya tienen atribuida una prestación.

Según ha señalado Martínez en rueda de prensa, una de las principles razones de esa reducción de la lista de espera "es sin duda el aumento de la financiación" destinada a la dependencia, que ha crecido un 150% en los últimos cinco años, hasta los 3.411 millones destinados en 2024. Aunque esa inversión quedará bloqueada este año por la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Que el sistema necesita más financiación es una evidencia", ha reconocido la secretaria de Estado de Derechos Sociales, que ha instado a "invertir en un sistema de protección social que será cada vez más importante".

En esa línea, Martínez ha apuntado que el tiempo medio de resolución a finales de 2020 era de 457, lo que significa que se ha producido una disminución de 109 días en cinco años. No obstante, ha reiterado la necesidad de "inyectar más financiación" en dependencia, teniendo en cuenta que la previsión del ministerio es que, al ritmo actual, se necesitarían diez años para acabar con la lista de espera. "Las tendencias actuales siempre se pueden cambiaron decisiones políticas", ha insistido.

Casi un año para recibir una prestación

Se incluye en la lista de espera a todas las personas que, habiendo pasado más de seis meses desde su solicitud, aún no han recibido ninguna prestación sin que exista una causa justificada para ello. "Pueden estar esperando una resolución del grado de discapacidad, un reconocimiento del derecho a la prestación o a que la prestación reconocida sea efectiva", ha detallado Martínez. Además, solo durante este marzo fallecieron 2.592 personas que estaban esperando que se valorara su solicitud o que tenían su dependencia reconocida pero sin una prestación atribuida. Esto es, un 18% menos que el mismo mes de 2024.

Por territorios, Andalucía es la comunidad con mayor proporción de población dependiente aguardando a recibir una prestación (8,83%), seguida de Cataluña (6,12%), Canarias (4,20%), Comunidad Valenciana (3,95%) y Madrid (3,38%). En el otro extremo, con menos lista de espera, están Castilla y León (con solo un 0,01%), Ceuta (0,22%), Cantabria (0,34%), La Rioja (0,42%) y Melilla (0,47%).

Uno de los mayores retos señalados por Derechos Sociales está relacionado con el tiempo que esas personas dependientes deben aguardar hasta que reciben el servicio que han pedido. Si la ley marca un máximo de 180 días de gestión de procedimiento, en marzo de 2025 ese plazo estaba en 388 días, esto es, el doble. Una situación que la secretaria de Estado atribuye a que cada vez más gente solicita atención. La espera se dispara en algunas comunidades como Andalucía (587 días), Canarias (549), Murcia (543), Galicia (393) y Asturias (342). Por el contrario, los territorios con un menor tiempo de espera son Ceuta (54 días), Castilla y León (115 días) y País Vasco (128 días).

Mujeres: dependientes y cuidadoras no profesionales

Los datos facilitados este jueves muestran también un perfil de los solicitantes y de las personas cuidadoras. En ambos casos, las mujeres son mayoría. De los más de 2,1 millones de personas solicitantes de alguna prestación, el 62% son mujeres y más de la mitad tienen más de 80 años.

En cuanto a las personas cuidadoras no profesionales —vinculadas a una ayuda económica de cuidado de un familiar— son también mayoritariamente mujeres que cuidan de sus padres y madres y tienen una esa de entre 50 y 65 años. "Estos datos nos obligan a hablar del sistema de atención a la dependencia con perspectiva de género", ha defendido Martínez, quien también ha subrayado la "imperiosa necesidad" de introducir en el sistema a más cuidadores profesionales "que puedan cubrir una mayor parte del trabajo que realizan las familias", con el impacto que ello tiene en su carrera profesional y su calidad de vida.

Martínez se ha referido también al anteproyecto de ley de dependencia, que previsiblemente será enviado al Congreso para su tramitación parlamentaria en los próximos meses. La norma del Ejecutivo plantea reconocer automáticamente el 33% de discapacidad a todas las personas dependientes, algo que generará una mayor presión sobre el sistema de dependencia. Preguntada al respecto, la secretaria de Estado ha defendido la ley que, sostiene, pretende "preparar al sistema, flexibilizarlo, dar una mayor personalización de servicios y apoyos". En definitiva, ha subrayado, el objetivo es adaptar el modelo de cuidados para que en los próximos años, "cuando más gente entre en el sistema, ya tengamos las bases para esa transformación".