González Amador defiende en el Supremo la demanda de 40.000 euros a Montero por llamarle delincuente y la Fiscalía se opone

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Ignacio Sancho, ha escuchado este jueves a las partes sobre la demanda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra la vicepresidenta María Jesús Montero por vulnerar su derecho al honor al llamarlo en reiteradas ocasiones "delincuente confeso" e insinuar que el piso en el que vive lo adquirió gracias al fraude fiscal. La defensa del demandante, Alberto González Amador, ha defendido que las declaraciones desbordan la libertad de expresión, son afirmaciones falsas y solo buscaron "atacar" a Ayuso. En cambio, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a Montero, creen que las palabras de la ministra de Hacienda están amparadas en la libertad de expresión y no aprecian vulneración del derecho al honor.

Gran parte del debate sobre esta demanda de 40.000 euros contra la vicepresidenta ha girado en torno al interés general de lo declarado por ella. La abogada de González Amador, Guadalupe Sánchez, ha sostenido en la Sala de lo Civil que "el hecho de que [su cliente] sea pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid no justifica que a un ciudadano particular se le tilde de delincuente confeso o se le acuse de haber conseguido su vivienda con fraude a la Hacienda Pública".

El fiscal ha negado que haya vulneración al derecho al honor y ha señalado que, aunque no haya una condena en firme, si hay un "sustrato fáctico" en el que se basan las declaraciones de Montero. Se ha referido, en este punto, a los mails en los que el abogado de González Amador reconoció que su cliente había cometido delitos de fraude fiscal. Correos que se filtraron a los medios y que son objeto de una causa penal en el Supremo, que investiga si García Ortiz es el autor de la filtración.

A juicio del fiscal, aunque las manifestaciones de la ministra de Hacienda pueden constituir "una crítica agria, malsonante o molesta", no implican una vulneración del derecho al honor de González Amador. El representante del Ministerio Público ha señalado que el novio de Ayuso tiene "proyección pública, lo quiera o no lo quiera".

El abogado del Estado José María Molero ha argumentado que González Amador "no es un simple particular". "Lo es con carácter general, pero no lo es desde que participa activamente en un debate público cuando su núcleo más cercano se refiere a esta situación", ha apuntado la defensa de María Jesús Montero. El letrado también se ha esmerado en señalar que las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno eran comentarios sobre informaciones previamente publicadas en prensa. La Abogacía del Estado, por tanto, ha solicitado "la íntegra desestimación" de la demanda impuesta por la pareja de la presidenta madrileña.

Guadalupe Sánchez ha pedido la estimación, al entender que las expresiones objeto del procedimiento son "muy graves" y "desbordan la libertad de expresión". "Se refieren a mi representado como autor de delitos por los que no ha sido condenado. Es absolutamente falso que Alberto González Amador haya cometido o declarado la confesión de delito alguno, en tanto que no ha recaído sentencia condenatoria que así lo declare", ha afirmado la letrada.

En su intervención durante el trámite de conclusiones, la defensa de González Amador ha insistido en el hecho de que las declaraciones de María Jesús Montero no fueron "espontáneas", sino parte de una estrategia orquestada para atacar a la pareja de su cliente, vulnerando en el camino su derecho al honor. Para reforzar esta tesis, ha solicitado que se incluya en la causa un correo del PSOE enviado por error a la prensa bajo el título: "Argumentario". En el mail se incluían textuales sobre Ayuso y González Amador, tales como: "hay que recordar que todo este tema surge porque la señora Ayuso miente sobre su pareja".

Antes de que cada parte defendiera su postura en la audiencia previa celebrada este jueves, en la Sala se ha discutido cuáles eran los hechos objeto de denuncia. La defensa de González Amador ha defendido la inclusión de los hechos relatados en la ampliación de la demanda inicial, entre ellos varias declaraciones de María Jesús Montero en diciembre de 2024 y a principios de 2025; y también el mencionado correo del PSOE, que contenía declaraciones similares a las pronunciadas por Montero. Guadalupe Sánchez también ha pedido a la sala que se reclame a la ministra, a la Secretaría de Estado de Comunicación o al PSOE el argumentario relativo a González Amador.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido a la Sala que se limite a analizar los hechos contenidos en la denuncia inicial, señalando que otros se añadieron de forma "extemporánea". Se han mostrado, por tanto, contrarios a que se incluya el correo electrónico del PSOE. La Sala ha admitido todas las pruebas documentales que se incluyeron en la ampliación, entre ellas el correo, pero ha rechazado solicitar nuevas pruebas, como proponía Guadalupe Sánchez. El asunto, por tanto, ha quedado visto para sentencia.