Durante la madrugada del viernes, tres menores ciudadanos estadounidenses, de dos, cuatro y siete años, fueron deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a Honduras junto a sus madres. Las expulsiones ocurrieron en Louisiana, según confirmaron abogados de las familias involucradas.

Deportaciones en Louisiana: tres menores con ciudadanía estadounidense entre los afectados

Las familias asistían a controles rutinarios del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva en Nueva Orleans cuando autoridades del ICE las detuvieron, según detallaron los abogados. Posteriormente, las trasladaron a Alexandria, a tres horas de distancia, donde impidieron cualquier comunicación con personas cercanas y representantes legales.

De acuerdo a The Washington Post, desde allí, fueron enviadas en un vuelo hacia Honduras. La deportación del niño de cuatro años, diagnosticado con cáncer en etapa 4, se realizó sin acceso a medicamentos ni contacto con sus médicos, tal como denunció la defensa legal de su familia.

Alanah Odoms, directora ejecutiva de ACLU en Louisiana, calificó el hecho como una “violación constitucional clara”, en especial al tratarse de niños vulnerables. Las expulsiones reactivaron críticas hacia las deportaciones aceleradas durante la administración de Donald Trump y el respeto de los derechos al debido proceso.

El ICE deportó a menores ciudadanos sin procedimientos claros

No existe un registro oficial sobre cuántos ciudadanos estadounidenses detuvo o deportó el ICE por error desde 2003, indicó el mencionado medio. Sin embargo, investigaciones independientes identificaron miles de casos similares. El caso de los tres menores intensificó las sospechas sobre irregularidades en el manejo de estos procedimientos.

La situación de la niña de dos años expone las fallas del sistema. Su padre presentó un recurso de emergencia ante el Tribunal del Distrito Oeste de Louisiana, pero la expulsión ocurrió antes de la apertura de la corte, explicaron sus abogados. Posteriormente, el juez federal Terry A. Doughty manifestó su preocupación sobre la legalidad de la medida.

Juez Doughty cuestionó la deportación de la menor de dos años

Doughty, juez designado por Trump, sostuvo que deportar ciudadanos estadounidenses resulta “ilegal e inconstitucional”. Aunque no ordenó el regreso de la niña, estableció una audiencia para el 16 de mayo con el fin de investigar si el gobierno violó derechos fundamentales en este caso.

En sus escritos, el juez Doughty expresó dudas sobre el supuesto consentimiento de la madre para que su hija sea deportada con ella a Honduras. El magistrado remarcó que no existe certeza suficiente para validar esa decisión sin una verificación adecuada.

La defensa legal afirmó que el ICE no permitió a las madres consultar a los padres de los menores ni recibir asesoramiento adecuado. Gracie Willis, representante del padre de la niña de dos años, señaló que “ambas mujeres tomaron decisiones personales y difíciles sin la posibilidad de dialogar con los otros tutores”.

En ese sentido, Willis sostuvo que no existe prueba fehaciente de que las madres otorgaran consentimiento pleno. Además, los abogados presentaron la partida de nacimiento de la niña, emitida en Baton Rouge, para acreditar su ciudadanía y la relación con su padre.

La administración Trump defendió las expulsiones pese a las críticas

La defensa oficial alegó que los niños partieron junto a sus madres por decisión de ellas mismas. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dijo a The Washington Post que “es común que los padres quieran ser removidos con sus hijos”.

Además, los abogados del DHS argumentaron que “el hombre que afirma ser el padre de la niña no logró probar su identidad ante el gobierno”, a pesar de los pedidos para que se presentara ante agentes del ICE. También señalaron que el hombre “demostró una considerable vacilación” respecto a las consultas sobre su estatus migratorio.