Texas sigue en el centro del debate nacional por sus políticas migratorias, alineadas con el endurecimiento de medidas de la Administración Donald Trump. En 2025, se mantiene vigente una combinación de normas federales y estatales que redefine cómo se aplica la ley, por ejemplo en la frontera con México, con medidas que van desde penas más duras hasta la ampliación de facultades policiales.

Leyes federales que impactan en la política migratoria de Texas

El marco legal federal es la base sobre la que Texas construye sus propias regulaciones. La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), vigente desde 1952, establece las categorías de visas, el proceso de asilo y las competencias del gobierno federal.

Definiciones y categorías migratorias:

• Sección 1101: define términos clave como “extranjero”, “residente permanente” y “refugiado”.
• Sección 1153: establece las visas por reunificación familiar y por empleo, con cupos anuales.
• Sección 1157: autoriza al presidente a fijar el número máximo de refugiados admitidos cada año, en consulta con el Congreso.

Asilo y deportación:

• Sección 1158: regula el derecho a solicitar asilo por persecución en el país de origen.
• Título 8, CFR, Parte 208: detalla los procedimientos para pedir asilo, entre las cuales se incluyen las evaluaciones de “temor creíble” de persecución.
• Título 8, CFR, Parte 239: explica cómo se inician los procesos de deportación, desde la notificación hasta la audiencia.

Leyes estatales: el enfoque duro de Texas sobre la migración

Bajo el liderazgo del gobernador Greg Abbott, Texas implementó medidas que convierten la migración irregular en un delito estatal y refuerzan la cooperación con autoridades federales.

Senate Bill 4 (SB4): arrestos locales por cruce ilegal

Aprobada en 2023 y aún en disputa judicial, la SB4 permite a la policía estatal y local detener a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente a Texas.

• Penalidades: primera infracción, delito menor (Clase B), con hasta seis meses de cárcel; reincidencia, delito grave (segundo grado), con penas de hasta 20 años de prisión.
• Deportación: tras cumplir la condena, un juez puede ordenar la entrega del migrante en un puesto fronterizo para su expulsión.
• Excepciones: las familias pueden ser derivadas a la Patrulla Fronteriza para evitar separaciones.

Recursos estatales destinados a la seguridad fronteriza

Desde el lanzamiento de la Operación Lone Star, Texas destinó cantidades históricas de fondos estatales a la seguridad en la frontera. Según Texas Tribune, se invirtieron más de 11.000 millones de dólares en este programa, que incluye la presencia de la Guardia Nacional y el patrullaje estatal en zonas fronterizas.

• Se desplegaron miles de elementos de la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia.
• Se destinaron fondos para la adquisición de tecnología de monitoreo y drones de vigilancia.
• La legislatura texana aprobó un aumento en el financiamiento para el refuerzo de carreteras y vallas de contención en puntos críticos de cruce irregular.

Nuevas propuestas migratorias en Texas para 2025: más controles y sanciones

Con el regreso de Donald Trump a la presidencia, los legisladores texanos impulsan proyectos aún más restrictivos. Por ejemplo, la Senate Bill 8 busca obligar a los condados con más de 100 mil habitantes a firmar acuerdos 287(g), que autorizan a policías locales a realizar funciones de inmigración. Esto llevaría a que tengan una cooperación obligatoria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Por su parte, la House Bill 1308, presentada en noviembre de 2024 por Carl Tepper, exige que las empresas contratistas del estado usen E-Verify para confirmar el estatus migratorio de sus empleados. También obliga a la creación de un sistema de multas de hasta US$10.000 por trabajador indocumentado detectado.

En materia de muros fronterizo, la House Bill 247, ofrece exenciones fiscales a dueños de tierras limítrofes que autoricen la construcción de barreras. En tanto, la Senate Bill 316 permite al estado expropiar terrenos para el muro con compensaciones.