Es oficial: el Gobierno suspendió a una reconocida compañía de seguros

El Gobierno de Javier Milei, a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación, tomó una drástica medida contra una reconocida compañía de seguros local tras constatar el incumplimiento de sus obligaciones financieras. 

Mediante la Resolución 2025-216, el organismo resolvió prohibir a la empresa celebrar nuevos contratos de seguros y le exigió devolver más de $ 500 millones en un plazo de 30 días. 

¿Cuál es la compañía de seguros que prohibió el Gobierno?

Se trata de la Aseguradora del Finisterre Compañía Argentina de Seguros S.A., una firma nacional que no cumplió con el Plan de Regularización y Saneamiento que había sido aprobado en septiembre de 2024 mediante la resolución RESOL-2024-480. 

La Superintendencia de Seguros de la Nación consideró que la compañía desoyó las exigencias establecidas en dicho plan, por lo que se activaron las sanciones previstas en la Ley N° 20.091, que rige la actividad aseguradora en el país. 

El incumplimiento fue tan grave que la entidad quedó impedida de seguir ofreciendo nuevas pólizas hasta que regularice su situación financiera y normativa. 

¿Qué medidas tomó el Gobierno?

Según el texto oficial, la Superintendencia emplazó a Finisterre a reintegrar la suma de $ 516.667.327 en un plazo máximo de 30 días. A la vez, se dispuso la prohibición de celebrar nuevos contratos de seguros, un paso clave que deja a la empresa virtualmente paralizada dentro del sector. 

La disposición también deja abierta la puerta a la aplicación de sanciones más severas si la compañía no cumple con el reintegro en el plazo estipulado, conforme al artículo 48 de la Ley N° 20.091.

¿Qué es Finisterre?

Aseguradora del Finisterre Compañía Argentina de Seguros S.A. es una firma de capital nacional que opera dentro del mercado asegurador local. Si bien no posee el alcance internacional de otras empresas del rubro, venía funcionando en diversas ramas del seguro tradicional. 

Con la medida adoptada por el Gobierno, la continuidad de Finisterre queda ahora supeditada a su capacidad de cumplir con el reintegro exigido por el organismo regulador y a la eventual aprobación de un nuevo plan de saneamiento.