La administración del presidente Donald Trump confirmó el pasado 22 de abril que otorgó nuevas facultades al Ejército de Estados Unidos. En particular, se confirmó que los soldados tendrán la autoridad suficiente para detener y registrar a migrantes indocumentados en Nuevo México.

Cambios militares que “absorberá” la frontera Estados Unidos

En un comunicado, el Comando Norte de Estados Unidos anunció que los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur ahora están autorizados para implementar diversas medidas de control en el Área de Defensa Nacional de Nuevo México, la cual formará parte de la instalación militar Fuerte Huachuca (en Arizona).

Las nuevas facultades tienen el objetivo de apoyar a la administración Trump en su esfuerzo por “sellar la frontera” y por impedir, en cifras “nunca antes vistas” el paso de migrantes indocumentados por la misma.

Cuáles son las nuevas medidas que el ejército aplicará a los migrantes indocumentados en Nuevo México

Desde el pasado 22 de abril, las Fuerzas Armadas presentes en la frontera de Nuevo México están autorizadas a registrar y a detener temporalmente a las personas que invadan el Área de Defensa Nacional. Adicionalmente, también podrán implementar medidas más severas para el control de multitudes (hasta que lleguen las fuerzas del orden para realizar los arrestos correspondientes).

Esta asistencia a la Patrulla Fronteriza estará vigente durante un período de tres años, y en particular, su estrategia de defensa contra la migración ilegal contempla los siguientes puntos:

• Detención temporal y registro en áreas designadas: cualquier sospechoso puede ser interrogado e inspeccionado por un soldado del Ejército, los cuales entregarán a los involucrados a las autoridades migratorias, según sea su consideración.​
• Patrullajes móviles: se autoriza a los militares a realizar patrullajes terrestres (tanto a pie como en vehículos) para detectar y monitorear actividades sospechosas. Si bien no pueden arrestar directamente a migrantes, pueden transportar a agentes de la Patrulla Fronteriza durante estas operaciones.
• Asistencia médica: además de controlar multitudes, los militares están capacitados para proporcionar atención médica de emergencia en las zonas que correspondan a su jurisdicción.

La polémica que rodea la intervención militar en operaciones antimigración

Desde enero de 2025, cuando el gobierno de Estados Unidos desplegó miles de soldados en la frontera con México, la decisión generó debate dentro y fuera del país. Lo que comenzó como un apoyo logístico a la Patrulla Fronteriza, evolucionó a un rol mucho más activo por parte de las Fuerzas Armadas, un hecho que reabrió discusiones sobre los límites constitucionales del poder militar en el territorio nacional.

En términos generales, el despliegue militar se activó tras la firma de la Orden Ejecutiva 14167, en la cual, el gobierno estadounidense declaró una emergencia nacional en la frontera sur. Por lo tanto, la meta en el corto plazo se asentó en “repeler invasiones” y en “sellar el paso fronterizo a cualquier precio”.

En contraste, algunas organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) señalaron que el uso de militares en tareas de control migratorio “solo sirve para potenciar una crisis humanitaria que debería tratarse con políticas civiles”.

La misma organización afirma que las acciones militares en temas migratorios contraviene a la Ley Posse Comitatus, la cual prohíbe el uso del ejército para hacer cumplir leyes de corte civil. Adicionalmente, aunque las autoridades afirman tener áreas en estricto control para salvaguardar los derechos humanos de los involucrados, existen “zonas grises” que preocupan a los sectores vulnerables.

En semanas previas, el gobierno de México expresó su preocupación formal ante el hecho a través de notas diplomáticas, mismas que afirman que las nuevas acciones militares “afectan buena la relación bilateral e incentivan conflictos internacionales”.