El "sesgo economicista" tras los protocolos de la vergüenza de Ayuso: "Ni hubiera rozado el coste del Zendal"
Una de las múltiples cuestiones que los familiares de víctimas de residencias recriminan a la Comunidad de Madrid en la aplicación de los denominados como protocolos de la vergüenza es que los pacientes que tuvieras seguro privado, tal y como está constado, sí fueron derivados. Una cuestión de clases que, además de escapar a cualquier ética y moral, ni siquiera se entendería desde un punto de vista económico que, por supuesto, tampoco estaría justificado. "Fue un sesgo absolutamente economicista. Por mucho que la región madrileña se empeñe, nunca se ha negado que hubiera camas de sobra en los hospitales privados, ni lo relativo al famoso mando único (…) Pero lo diferencial fue que los hospitales privados de la autonomía tenía que pagar esos gastos de estancia, que se encontraban entre los 800 y los 1.000 euros al día según la intensidad de la dolencia", expresa José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Tribunal Supremo y una de las personas que más ha colaborado por hacer justicia sobre lo acontecido al principio de la pandemia del Covid en los centros de mayores de Madrid. 300 millones para un hospital sin quirófano Es otra de las siete personas -sin considerar a las estrictamente políticas como el exministro de Sanidad Salvador Illa o el que fuera vicepresidente segundo, Pablo Iglesias- sobre los que Ayuso ha centrado el foco en las últimas semanas, a raíz del documental 7.291, que muestra las costuras de la administración Sol en marzo de 2020. Y ahora, responde a todas las preguntas que le plantea este periódico de manera contundente. "Si lo que digo no es cierto, ¿por qué quienes tenían seguro privado sí podían ir a hospitales? Pues porque la Comunidad de Madrid se ahorraba dinero", cuestiona y contesta; añadiendo que ese montante "se debió emplear" en esa derivación que no se llevó a cabo. "Sin ser matemático, la cantidad no alcanzaría ni de lejos el disparate de lo que costó el Zendal, valorado en 300 millones de euros". Para más inri, destaca que el proyecto faraónico de la presidenta fue "algo único en el mundo" porque no tenía quirófanos. "Es como si un estadio de fútbol presume de ser magnífico y no tiene porterías", emite en cierto tono de sorna dentro de lo serio del tema. "Durante tres años la Comunidad no negó las 7.291 víctimas" El jurista desmonta uno a uno los argumentos que la presidenta esgrime ahora, un lustro después, para tratar de evadir responsabilidades: que la cifra de fallecidos fue de 4.100 y no el que se manejaba hasta el momento, que los protocolos no los firmó un alto cargo madrileño, etc. "Me parece extraño que durante dos años y pico o tres el Ejecutivo no haya negado el número", dicta sobre lo primero. "Parece que el impacto del documental les ha puesto contra las cuerdas y por ello sacan una nueva cifra, que no por menos es despreciable", destaca. "Pero esto no va de contabilizar muertos, sino de explicar por qué murieron". "Protocolos...
Una de las múltiples cuestiones que los familiares de víctimas de residencias recriminan a la Comunidad de Madrid en la aplicación de los denominados como protocolos de la vergüenza es que los pacientes que tuvieras seguro privado, tal y como está constado, sí fueron derivados. Una cuestión de clases que, además de escapar a cualquier ética y moral, ni siquiera se entendería desde un punto de vista económico que, por supuesto, tampoco estaría justificado. "Fue un sesgo absolutamente economicista. Por mucho que la región madrileña se empeñe, nunca se ha negado que hubiera camas de sobra en los hospitales privados, ni lo relativo al famoso mando único (…) Pero lo diferencial fue que los hospitales privados de la autonomía tenía que pagar esos gastos de estancia, que se encontraban entre los 800 y los 1.000 euros al día según la intensidad de la dolencia", expresa José Antonio Martín Pallín, ex magistrado del Tribunal Supremo y una de las personas que más ha colaborado por hacer justicia sobre lo acontecido al principio de la pandemia del Covid en los centros de mayores de Madrid. 300 millones para un hospital sin quirófano Es otra de las siete personas -sin considerar a las estrictamente políticas como el exministro de Sanidad Salvador Illa o el que fuera vicepresidente segundo, Pablo Iglesias- sobre los que Ayuso ha centrado el foco en las últimas semanas, a raíz del documental 7.291, que muestra las costuras de la administración Sol en marzo de 2020. Y ahora, responde a todas las preguntas que le plantea este periódico de manera contundente. "Si lo que digo no es cierto, ¿por qué quienes tenían seguro privado sí podían ir a hospitales? Pues porque la Comunidad de Madrid se ahorraba dinero", cuestiona y contesta; añadiendo que ese montante "se debió emplear" en esa derivación que no se llevó a cabo. "Sin ser matemático, la cantidad no alcanzaría ni de lejos el disparate de lo que costó el Zendal, valorado en 300 millones de euros". Para más inri, destaca que el proyecto faraónico de la presidenta fue "algo único en el mundo" porque no tenía quirófanos. "Es como si un estadio de fútbol presume de ser magnífico y no tiene porterías", emite en cierto tono de sorna dentro de lo serio del tema. "Durante tres años la Comunidad no negó las 7.291 víctimas" El jurista desmonta uno a uno los argumentos que la presidenta esgrime ahora, un lustro después, para tratar de evadir responsabilidades: que la cifra de fallecidos fue de 4.100 y no el que se manejaba hasta el momento, que los protocolos no los firmó un alto cargo madrileño, etc. "Me parece extraño que durante dos años y pico o tres el Ejecutivo no haya negado el número", dicta sobre lo primero. "Parece que el impacto del documental les ha puesto contra las cuerdas y por ello sacan una nueva cifra, que no por menos es despreciable", destaca. "Pero esto no va de contabilizar muertos, sino de explicar por qué murieron". "Protocolos...
