El PSOE se querella contra un directivo de la sanidad andaluza y pide personarse en la causa de los contratos troceados
Los socialistas, que ya impulsaron la apertura de una investigación judicial contra el Gobierno andaluz por el "abuso" en los contratos de emergencia con clínicas privadas, solicitan ser acusación popular en el caso del fraccionamiento de contratos sanitarios que instruye una jueza de CádizImputado el primer alto cargo andaluz por la adjudicación a dedo de 235 millones en contratos de salud troceados El PSOE de Andalucía ha interpuesto una “querella criminal” contra el director Económico de Compras del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz, Demetrio González Mera, imputado en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz por un posible delito de malversación en el fraccionamiento “masivo” de contratos sanitarios que alcanzan los 235 millones de euros. Los socialistas han dado el paso para personarse como “acusación popular” en la segunda causa judicial que investiga al Gobierno de Juan Manuel Moreno por supuestas irregularidades en la contratación con la sanidad privada. El PSOE andaluz ya impulsó otra querella que dio pie a la apertura de diligencias en un juzgado de Sevilla por un supuesto delito de prevaricación en los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas entre 2020 y 2024 (por más de 234 millones de euros). En esa primera causa está imputada la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. Ahora, el partido que comanda María Jesús Montero ha dirigido un escrito a la jueza de Cádiz que investiga el fraccionamiento de contratos del SAS en esta provincia, a resultas de una denuncia de Podemos, para formar parte de un proceso en el que la Junta de Andalucía ya ha admitido indicios delictivos y se ha personado como responsable civil subsidiaria por una supuesta malversación de fondos. Hasta ahora, el PSOE pilotaba la ofensiva judicial contra el Gobierno de Moreno desde un juzgado de Sevilla -por los contratos a dedo del SAS amparados en un marco legal derogado que se habilitó al inicio de la pandemia- y Podemos hacía lo propio desde un juzgado de Cádiz -por el “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos menores-. Ambos casos nacen de las denuncias previas de los interventores del SAS en sus informes desfavorables, que forman parte de las dos instrucciones, y que fueron desatendidos por los gestores y responsables de la contratación. Los socialistas incluyen en su solicitud de personación una querella contra el único directivo del SAS que está imputado por el momento. “Prudencialmente preferimos omitir identificar nominalmente a más concretas personas que la que ya figura en la causa como investigado”, advierten, “sin perjuicio de que el ejercicio de la acción penal se entienda dirigido contra todos aquellos, de identidad en este momento desconocida, que a lo largo de la instrucción se revelen como partícipes en la comisión del delito”. El pasado febrero, la jueza Rosa María García abrió la investigación sobre los contratos sanitarios troceados del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz por un posible delito de malversación en el fraccionamiento de 135.767 facturas, que sumaban en torno a 235 millones de euros repartidos en 175 expedientes durante el ejercicio 2021. El PSOE, en su escrito, denuncia delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. En los primeros tres meses de instrucción, la magistrada ha tomado declaración en calidad de testigos a los dos interventores provinciales del SAS autores del informe que da origen a la causa -que se ratificaron en sede judicial-, y a dos jefas de servicio, también testigos, que se limitaron a señalar que habían revisado los expedientes objeto de investigación. Hace dos semanas declaró, como imputado, el director económico de la Central Provincial de Compras del SAS en Cádiz, que minimizó ante la jueza las alertas que elevaron los auditores sobre el troceo de contratos. Las advertencias de los interventores no se circunscriben sólo a la provincia de Cádiz, sus informes desfavorables sobre el “abuso de contratos menores en fraude de ley” y el “fraccionamiento indebido y masivo” de contratos se replican en las ocho provincias, poniendo bajo sospecha la adjudicación a dedo 1.125 millones de euros en 2021 en toda Andalucía. Los abogados del PSOE también solicitan a la jueza que, en caso de ser admitida su personación en el proceso ya iniciado como acusación popular, no tengan que depositar una fianza. Para ello, citan la doctrina del Tribunal Supremo, que no lo considera necesario para la interposición de una querella “estando las diligencias ya iniciadas”. También citan a la Audiencia Provincial de Sevilla, “que viene admitiendo en estos casos las querellas en calidad de acusación popular y sin necesidad de fianza”, y por último el criterio similar de la Fiscalía General del Estado. Con todo
Los socialistas, que ya impulsaron la apertura de una investigación judicial contra el Gobierno andaluz por el "abuso" en los contratos de emergencia con clínicas privadas, solicitan ser acusación popular en el caso del fraccionamiento de contratos sanitarios que instruye una jueza de Cádiz
Imputado el primer alto cargo andaluz por la adjudicación a dedo de 235 millones en contratos de salud troceados
El PSOE de Andalucía ha interpuesto una “querella criminal” contra el director Económico de Compras del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz, Demetrio González Mera, imputado en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz por un posible delito de malversación en el fraccionamiento “masivo” de contratos sanitarios que alcanzan los 235 millones de euros.
Los socialistas han dado el paso para personarse como “acusación popular” en la segunda causa judicial que investiga al Gobierno de Juan Manuel Moreno por supuestas irregularidades en la contratación con la sanidad privada. El PSOE andaluz ya impulsó otra querella que dio pie a la apertura de diligencias en un juzgado de Sevilla por un supuesto delito de prevaricación en los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas entre 2020 y 2024 (por más de 234 millones de euros). En esa primera causa está imputada la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.
Ahora, el partido que comanda María Jesús Montero ha dirigido un escrito a la jueza de Cádiz que investiga el fraccionamiento de contratos del SAS en esta provincia, a resultas de una denuncia de Podemos, para formar parte de un proceso en el que la Junta de Andalucía ya ha admitido indicios delictivos y se ha personado como responsable civil subsidiaria por una supuesta malversación de fondos.
Hasta ahora, el PSOE pilotaba la ofensiva judicial contra el Gobierno de Moreno desde un juzgado de Sevilla -por los contratos a dedo del SAS amparados en un marco legal derogado que se habilitó al inicio de la pandemia- y Podemos hacía lo propio desde un juzgado de Cádiz -por el “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos menores-. Ambos casos nacen de las denuncias previas de los interventores del SAS en sus informes desfavorables, que forman parte de las dos instrucciones, y que fueron desatendidos por los gestores y responsables de la contratación.
Los socialistas incluyen en su solicitud de personación una querella contra el único directivo del SAS que está imputado por el momento. “Prudencialmente preferimos omitir identificar nominalmente a más concretas personas que la que ya figura en la causa como investigado”, advierten, “sin perjuicio de que el ejercicio de la acción penal se entienda dirigido contra todos aquellos, de identidad en este momento desconocida, que a lo largo de la instrucción se revelen como partícipes en la comisión del delito”.
El pasado febrero, la jueza Rosa María García abrió la investigación sobre los contratos sanitarios troceados del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz por un posible delito de malversación en el fraccionamiento de 135.767 facturas, que sumaban en torno a 235 millones de euros repartidos en 175 expedientes durante el ejercicio 2021. El PSOE, en su escrito, denuncia delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.
En los primeros tres meses de instrucción, la magistrada ha tomado declaración en calidad de testigos a los dos interventores provinciales del SAS autores del informe que da origen a la causa -que se ratificaron en sede judicial-, y a dos jefas de servicio, también testigos, que se limitaron a señalar que habían revisado los expedientes objeto de investigación.
Hace dos semanas declaró, como imputado, el director económico de la Central Provincial de Compras del SAS en Cádiz, que minimizó ante la jueza las alertas que elevaron los auditores sobre el troceo de contratos. Las advertencias de los interventores no se circunscriben sólo a la provincia de Cádiz, sus informes desfavorables sobre el “abuso de contratos menores en fraude de ley” y el “fraccionamiento indebido y masivo” de contratos se replican en las ocho provincias, poniendo bajo sospecha la adjudicación a dedo 1.125 millones de euros en 2021 en toda Andalucía.
Los abogados del PSOE también solicitan a la jueza que, en caso de ser admitida su personación en el proceso ya iniciado como acusación popular, no tengan que depositar una fianza. Para ello, citan la doctrina del Tribunal Supremo, que no lo considera necesario para la interposición de una querella “estando las diligencias ya iniciadas”. También citan a la Audiencia Provincial de Sevilla, “que viene admitiendo en estos casos las querellas en calidad de acusación popular y sin necesidad de fianza”, y por último el criterio similar de la Fiscalía General del Estado.
Con todo, concluye el escrito, que si la jueza considera necesario el depósito de la fianza, “desde este momento queda la misma ofrecida y será de inmediato consignada en la cuantía que prudencialmente fuere al efecto fijada”. El escrito de personación del PSOE en la causa de los contratos sanitarios troceados, fechado el pasado 23 de abril, debe ser analizado por la jueza, que previamente lo pondrá en conocimiento de las partes -Podemos, la Junta de Andalucía y la Fiscalía- para que se pronuncien a favor o en contra.
