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El juez Peinado vulnera la doctrina del Supremo con su dureza contra el abogado de Begoña Gómez: "Es la primera vez"
La polémica instrucción del juez Juan Carlos Peinado en la causa en la que se investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue generando desconcierto y cierto desdén por parte de la defensa de la acusada, Moncloa y el PSOE. Todas estas partes, quienes se ubican dentro de la parte damnificada, entienden que se trata de una operación teledirigida para regar de titulares a medios de derechas con los que derribar al Ejecutivo desde el ruido y unas sombras de corrupción alimentadas día a día por los satélites necesarios para la misión. Un caso de guerra jurídica de la que el propio presidente advirtió hace justo un año en aquellas cartas a la ciudadanía enviadas en un momento en el que dudó de si merecía la pena seguir al frente del Ejecutivo ante el daño sufrido por todo su entorno cercano. Las quejas son prolíficas. Los ejemplos de mala praxis que comentan estas mismas fuentes, también. Uno de los últimos, dejando a parte el teatro del propio Peinado en la testifical en La Moncloa del ministro de Justicia, Félix Bolaños, fue la multa impuesta a Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, por comentar ante la prensa detalles de la instrucción. Una sanción desproporcionada, entienden, por la que el letrado deberá abonar 5.000 euros, diez veces más que la cantidad impuesta por la comisión de la misma falta a Vox y Hazte Oír, acusaciones populares en la causa. Esta ausencia de proporcionalidad no es la única evidencia a la que recurren las voces consultadas por ElPlural.com para condenar la dureza de Peinado en esta aplicación del artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para ello, recuerdan que, "en más de cien años de vigencia de esta ley, son escasos los casos en los que se haya sancionado a un abogado por hablar con la prensa tras una diligencia judicial". "No hay precedentes hasta el momento con el nivel de magnitud alcanzado por el juez Juan Carlos Peinado. El contraste es aún más evidente si se compara con las otras sanciones impuestas en el mismo procedimiento: 500 euros para los abogados de Vox y Hazte Oír, que también hicieron declaraciones el mismo día ante los medios", prosiguen. Tres abogados, tres declaraciones similares, tres multas... pero una diferencia que habla por sí sola: 5.000 euros frente a 500", sentencian. En contra de la doctrina del Supremo La jurisprudencia previa es otra de las armas argumentales de quienes se sienten víctimas de la instrucción del polémico Peinado, titular del juzgado de instrucción nº 41 de Madrid. Estas voces, conocedoras de pleno derecho de los precedentes de este tipo de causas, recuerdan que se trata de una investigación mediática y expuesta públicamente, tanto por su forma "como por su diseño". "La causa contra Gómez arrancó con una denuncia de Manos Limpias basada en información falsa. La maquinaria mediática se activó desde el minuto uno, alimentada por plataformas de extrema derecha y actores políticos afines", ejemplifican. Otra prueba por la que...
La polémica instrucción del juez Juan Carlos Peinado en la causa en la que se investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue generando desconcierto y cierto desdén por parte de la defensa de la acusada, Moncloa y el PSOE. Todas estas partes, quienes se ubican dentro de la parte damnificada, entienden que se trata de una operación teledirigida para regar de titulares a medios de derechas con los que derribar al Ejecutivo desde el ruido y unas sombras de corrupción alimentadas día a día por los satélites necesarios para la misión. Un caso de guerra jurídica de la que el propio presidente advirtió hace justo un año en aquellas cartas a la ciudadanía enviadas en un momento en el que dudó de si merecía la pena seguir al frente del Ejecutivo ante el daño sufrido por todo su entorno cercano. Las quejas son prolíficas. Los ejemplos de mala praxis que comentan estas mismas fuentes, también. Uno de los últimos, dejando a parte el teatro del propio Peinado en la testifical en La Moncloa del ministro de Justicia, Félix Bolaños, fue la multa impuesta a Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, por comentar ante la prensa detalles de la instrucción. Una sanción desproporcionada, entienden, por la que el letrado deberá abonar 5.000 euros, diez veces más que la cantidad impuesta por la comisión de la misma falta a Vox y Hazte Oír, acusaciones populares en la causa. Esta ausencia de proporcionalidad no es la única evidencia a la que recurren las voces consultadas por ElPlural.com para condenar la dureza de Peinado en esta aplicación del artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para ello, recuerdan que, "en más de cien años de vigencia de esta ley, son escasos los casos en los que se haya sancionado a un abogado por hablar con la prensa tras una diligencia judicial". "No hay precedentes hasta el momento con el nivel de magnitud alcanzado por el juez Juan Carlos Peinado. El contraste es aún más evidente si se compara con las otras sanciones impuestas en el mismo procedimiento: 500 euros para los abogados de Vox y Hazte Oír, que también hicieron declaraciones el mismo día ante los medios", prosiguen. Tres abogados, tres declaraciones similares, tres multas... pero una diferencia que habla por sí sola: 5.000 euros frente a 500", sentencian. En contra de la doctrina del Supremo La jurisprudencia previa es otra de las armas argumentales de quienes se sienten víctimas de la instrucción del polémico Peinado, titular del juzgado de instrucción nº 41 de Madrid. Estas voces, conocedoras de pleno derecho de los precedentes de este tipo de causas, recuerdan que se trata de una investigación mediática y expuesta públicamente, tanto por su forma "como por su diseño". "La causa contra Gómez arrancó con una denuncia de Manos Limpias basada en información falsa. La maquinaria mediática se activó desde el minuto uno, alimentada por plataformas de extrema derecha y actores políticos afines", ejemplifican. Otra prueba por la que...
