El Gobierno vasco sitúa al condenado por corrupción Alfonso Arriola al frente de la gestión de ayudas forestales
Sobre el exgerente del parque tecnológico de Miñano pesa una pena firme y acreditada de prevaricación por haber participado en la manipulación de contratos públicos dentro de la trama del 'caso De Miguel' que afecta a excargos del PNVEl exdirigente del PNV Alfredo de Miguel buscó una indemnización pública tras ser despedido por corrupción El Gobierno vasco ha designado a un condenado por corrupción, Alfonso Arriola, como “presidente” de la “comisión de valoración de las ayudas [...] para grandes inversiones relacionadas con la transformación y/o la comercialización de productos forestales (Programa Handitu Egurra 2025)”, según figura en la resolución oficial firmada por el director de Política e Industria Alimentaria, Iker Iglesias. Sobre Arriola pesa una pena firme y acreditada de prevaricación por haber participado en la manipulación de contratos públicos dentro de la trama del 'caso De Miguel'. Aparentemente, en su calidad de funcionario que nunca ha perdido, Arriola ejerce como “responsable” del “programa empresarial de la Dirección de Política e Industria Alimentaria”, una oficina adscrita a la cartera de la consejera Amaia Barredo, del PNV. La resolución que lo sitúa al frente de ese foro que gestiona ayudas públicas es del 27 de marzo, se ha publicado esta semana y corrige una anterior de enero en la que figuraba otra persona al frente de esa comisión. Aunque no entró en prisión, Arriola, que era un destacado miembro del PNV de Álava, fue condenado en el marco del 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi y que toma el nombre del que fuera número dos de los nacionalistas alaveses, Alfredo de Miguel. De hecho, llegó a ser detenido por la Ertzaintza en marzo de 2010. Entonces era asesor en el Tribunal de Cuentas, cargo del que fue despojado. Arriola, que antes había sido director general del Deportivo Alavés y que llegó a sonar como posible candidato a alcalde de Vitoria, era el gerente del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Álava. Miñano es una sociedad pública del Gobierno vasco y ese cargo era de designación política. Ése fue el origen del 'caso De Miguel'. La empresa del socio de la abogada Ainhoa Alberdi, Urbanorma Consulting, recibió 'a dedo' un contrato en Miñano para la ampliación del polígono. En un momento dado, ella se quedó con las participaciones de su socio, Jon Iñaki Echaburu, constructor afiliado al partido, y con la gestión del contrato. Entonces denunció que De Miguel le había pedido una comisión de 100.000 euros, algo que habían pactado antes. Aportó grabaciones como prueba de ello. Arriola no recibió una pena de prisión -a diferencia de De Miguel y de otros tres implicados en el caso- pero sí fue hallado culpable de un delito de prevaricación por las irregularidades en el contrato. Él posibilitó que De Miguel, con quien mantenía una muy estrecha relación, manipulara la contratación en Miñano. En un correo electrónico con su superior, Julián Sánchez Alegría, que quedó absuelto en este caso de corrupción, Arriola se refirió a la denunciante como “imbécil”. En 2023, cuando el Tribunal Supremo validó las condenas de la Audiencia de Álava dictadas en 2019, ya trascendió que Arriola era funcionario de la máxima categoría en el Gobierno vasco, técnico de contabilidad. Su nómina entonces superaba los 6.000 euros mensuales más dos pagas extraordinarias de más de 3.600. Su condena por corrupción preveía su inhabilitación. No obstante, los servicios jurídicos del Gobierno vasco interpretaron que el fallo contra Arriola recogía una prohibición de ocupar un puesto o cargo público pero solamente en “empresas o sociedad públicas participadas”. Fuentes del Gobierno vasco indican que “Alfonso Arriola es funcionario de la Administración general de la comunidad autónoma de Euskadi” y que “la sentencia no le inhabilitó a desempeñar cualquiera tipo de función en la Administración”. “Por lo tanto desempeña su trabajo de acuerdo a los derechos que le asisten y ha consolidado plaza en base a los mismos pasando de técnico a responsable de un servicio técnico”, agregan.
Sobre el exgerente del parque tecnológico de Miñano pesa una pena firme y acreditada de prevaricación por haber participado en la manipulación de contratos públicos dentro de la trama del 'caso De Miguel' que afecta a excargos del PNV
El exdirigente del PNV Alfredo de Miguel buscó una indemnización pública tras ser despedido por corrupción
El Gobierno vasco ha designado a un condenado por corrupción, Alfonso Arriola, como “presidente” de la “comisión de valoración de las ayudas [...] para grandes inversiones relacionadas con la transformación y/o la comercialización de productos forestales (Programa Handitu Egurra 2025)”, según figura en la resolución oficial firmada por el director de Política e Industria Alimentaria, Iker Iglesias. Sobre Arriola pesa una pena firme y acreditada de prevaricación por haber participado en la manipulación de contratos públicos dentro de la trama del 'caso De Miguel'.
Aparentemente, en su calidad de funcionario que nunca ha perdido, Arriola ejerce como “responsable” del “programa empresarial de la Dirección de Política e Industria Alimentaria”, una oficina adscrita a la cartera de la consejera Amaia Barredo, del PNV. La resolución que lo sitúa al frente de ese foro que gestiona ayudas públicas es del 27 de marzo, se ha publicado esta semana y corrige una anterior de enero en la que figuraba otra persona al frente de esa comisión.
Aunque no entró en prisión, Arriola, que era un destacado miembro del PNV de Álava, fue condenado en el marco del 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi y que toma el nombre del que fuera número dos de los nacionalistas alaveses, Alfredo de Miguel. De hecho, llegó a ser detenido por la Ertzaintza en marzo de 2010. Entonces era asesor en el Tribunal de Cuentas, cargo del que fue despojado.
Arriola, que antes había sido director general del Deportivo Alavés y que llegó a sonar como posible candidato a alcalde de Vitoria, era el gerente del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Álava. Miñano es una sociedad pública del Gobierno vasco y ese cargo era de designación política.
Ése fue el origen del 'caso De Miguel'. La empresa del socio de la abogada Ainhoa Alberdi, Urbanorma Consulting, recibió 'a dedo' un contrato en Miñano para la ampliación del polígono. En un momento dado, ella se quedó con las participaciones de su socio, Jon Iñaki Echaburu, constructor afiliado al partido, y con la gestión del contrato. Entonces denunció que De Miguel le había pedido una comisión de 100.000 euros, algo que habían pactado antes. Aportó grabaciones como prueba de ello.
Arriola no recibió una pena de prisión -a diferencia de De Miguel y de otros tres implicados en el caso- pero sí fue hallado culpable de un delito de prevaricación por las irregularidades en el contrato. Él posibilitó que De Miguel, con quien mantenía una muy estrecha relación, manipulara la contratación en Miñano. En un correo electrónico con su superior, Julián Sánchez Alegría, que quedó absuelto en este caso de corrupción, Arriola se refirió a la denunciante como “imbécil”.
En 2023, cuando el Tribunal Supremo validó las condenas de la Audiencia de Álava dictadas en 2019, ya trascendió que Arriola era funcionario de la máxima categoría en el Gobierno vasco, técnico de contabilidad. Su nómina entonces superaba los 6.000 euros mensuales más dos pagas extraordinarias de más de 3.600.
Su condena por corrupción preveía su inhabilitación. No obstante, los servicios jurídicos del Gobierno vasco interpretaron que el fallo contra Arriola recogía una prohibición de ocupar un puesto o cargo público pero solamente en “empresas o sociedad públicas participadas”.
Fuentes del Gobierno vasco indican que “Alfonso Arriola es funcionario de la Administración general de la comunidad autónoma de Euskadi” y que “la sentencia no le inhabilitó a desempeñar cualquiera tipo de función en la Administración”. “Por lo tanto desempeña su trabajo de acuerdo a los derechos que le asisten y ha consolidado plaza en base a los mismos pasando de técnico a responsable de un servicio técnico”, agregan.
