El Gobierno ingresa en zona de turbulencias

Una vez más, los efectos de un contexto internacional de alta presión vuelven a comprometer los avances de un proceso de reformas que está todavía lejos de haberse consolidado. Nada por supuesto que pueda sorprendernos y que no hayamos vivido antes, a lo largo del ciclo recurrente de ilusiones y desencantos. El impacto externo vuelve a crispar las expectativas de mercados experimentados y suspicaces. Esta vez con modalidades nuevas propias de un Gobierno como el actual, al que le sigue costando construir un capital propio de confianza política. 

El empeño de sus operadores por mantener al país en un estado de campaña política permanente conspira contra la capacidad de anudar acuerdos y transacciones sostenibles en el tiempo y a costos que no desborden los ya escasos recursos institucionales disponibles. Sus acuerdos son cada vez más efímeros y los resultados sorprenden por su provisoriedad.

Basta pensar en el hecho de que, a poco más de un año de gestión, el Gobierno se ha visto forzado a transitar desde una etapa inicial, regida por la necesidad de contar con una capacidad de veto ante mayorías calificadas adversas a una fase como la actual, mucho más exigente, en la que sus posibilidades pasan más bien por obstaculizar a la oposición a través del dudoso expediente de forzar el fracaso de las sesiones por falta de quorum. Como ejemplos elocuentes al respecto, cabría consignar los casos de la inexplicable postergación de tratamiento del presupuesto nacional, el debate en torno a la comisión bicameral de investigaciones del escándalo de la criptomoneda o las dificultes ya insalvables de la iniciativa de integración de la Corte Suprema.

A esta debilidad institucional casi congénita, se añade en las últimas semanas el severo impacto sobre los mercados financieros de la ofensiva global desatada por el gobierno de Donald Trump. Los efectos de la guerra mundial de los aranceles amenazan con condicionar no solo las chances de estabilización económica del país y su acceso a los mercados voluntarios de crédito, sino también la estabilidad de los mercados de la economía real. El Gobierno atravesará de aquí en más una dura prueba de resistencia de sus capacidades para mantener el control estratégico de su política de estabilización frente a riesgos nuevos e inesperados.

Javier Milei

Las primeras reacciones del Gobierno han vuelto a evidenciar sus dificultades para generar confianza. Por lo pronto, continúan sus dificultades para persuadir y convencer a mercados financieros experimentados y escépticos, con una larga memoria de frustraciones. Conspiró, sin duda, la inocultable imagen de sorpresa por parte de los voceros gubernamentales. Tanto el Presidente como su ministro de Economía y, en general el resto del equipo económico, sobreactuaron en sus explicaciones, abundaron en el pseudo tecnicismo de detalles superfluos y no alcanzaron a proyectar una imagen de seguridad y firmeza, frente al examen de operadores implacables. Hubo errores de comunicación, contradicciones y, sobre todo, cierta subestimación del nivel de información interna y externa de sus interlocutores.

El saldo final es la instalación de un clima de incertidumbre y la anticipación de dos condicionalidades que el Gobierno está lejos de poder controlar: el resultado de detalle de la gestión ante el FMI y la incidencia del ya acelerado trámite de las elecciones de medio término, con un calendario desagregado y de alta complejidad.

Un nuevo y sorpresivo viaje relámpago del Presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, esta vez en una visita de horas a la propia residencia personal de Donald Trump, sin garantía plena de reuniones bilaterales solo parece haber contribuido a agitar el clima de ansiedad e incertidumbre. Algo por cierto más que previsible en el marco de una sociedad escéptica y curada de espanto, que ha hecho de su desconfianza una herramienta elemental de supervivencia.

Una vez más, en la larga historia recurrente de los procesos de estabilización, las ansiedades oficiales en la gestión de la crisis económica contribuyen a retroalimentar la crisis de credibilidad. Por lo general, la gente desorientada desorienta y, en el límite, asusta. La apuesta inicial por una gestión autoritaria de la emergencia, centrada en una estrategia de shock, y en monopolio de la información y del factor sorpresa conspira contra el propósito de estabilizar las expectativas. Las actitudes, que en un primer momento pueden parecer útiles a la hora de sorprender y quebrar las resistencias al cambio, en un segundo momento pueden producir efectos exactamente opuestos. A la hora de las reformas estructurales, no basta con intimidar. Importa sobre todo persuadir y convencer a todos de la conveniencia de la cooperación. Apuntar a un mejoramiento de la calidad del diálogo y las capacidades de comprensión mutua y construcción de confianza.

Lo que en un primer momento pudo parecer necesario para transmitir convicciones, y una seguridad salvaje y despiadada en el rumbo elegido, pasa a instalar efectos sociales exactamente opuestos. Lejos de mejorar niveles imprescindibles de confianza y comprensión, transmiten más bien imágenes opuestas de ansiedad y desconcierto.

El mayor ejemplo fue sin duda la improvisada gestación del trámite urgente de aprobación parlamentaria del nuevo préstamo con el FMI por la vía de un DNU en Diputados. Una opción solo sirvió para profundizo una imagen de urgencia casi terminal del salvataje del Fondo. A partir de ese momento, un trámite que contaba de antemano con apoyos mayoritarios comenzó a atravesar dificultades crecientes de legitimación institucional. Una cierta idea de pérdida de control parece haber acompañado la mayoría de las acciones posteriores del Gobierno, entorpeciendo la concreción de algunas iniciativas indispensables para la puesta en marcha urgente de reformas estructurales que condicionan el futuro del modelo económico propuesto.

Cuesta imaginar, en efecto, el costo sobre la consolidación de la reforma de una postergación indefinida de reformas básicas como la impositiva, laboral, previsional y de la protección social. Se trata en todos los casos de reformas de Estado, íntimamente vinculadas entre sí y que requieren consensos transversales, sin los cuales son sencillamente implantables.

Urge que el Gobierno abandone cuanto antes toda pretensión hegemónica. Los resultados electorales de octubre agregaran muy poco al capital institucional del oficialismo. Mas, bien al contrario, profundizaran a la situación de empate político y darán una medida cabal de la inutilidad de todo esfuerzo de búsqueda de mayorías propias que permitan eliminar a la oposición de un escenario de acuerdos.

Ninguna de las reformas estructurales pendientes puede siquiera intentarse desde la perspectiva mezquina de un clima de campaña electoral permanente, empeñada en la supresión de los adversarios más significativos y que siga conspirando contra una apertura social cada vez mayor, un dialogo pragmático con los diversos sectores de oposición y, sobre todo, un mejoramiento cualitativo en los equipos de gobierno.