El Gobierno decidió aplazar la discusión de la “ficha limpia” en el Senado. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, necesita 37 votos para convertirse en ley, pero los libertarios aún no tienen los números y no quieren arriesgarse a una derrota.

La reforma electoral, que busca impedir que candidatos con doble condena accedan a cargos públicos y dejaría fuera de juego a Cristina Kirchner, es hoy la principal herramienta de presión del oficialismo frente a una oposición que, en el Senado, responde mayoritariamente a la expresidenta.

En minoría y con escasos recursos políticos, los senadores de La Libertad Avanza no están dispuestos a gastar su mejor carta sin garantías de éxito. Aunque habían pedido una sesión especial para tratar la reforma y la emergencia en Bahía Blanca, no forzarán la convocatoria: los votos no están asegurados y exponer su debilidad sería un error estratégico.

“Necesita más conversación”, admiten en el bloque oficialista, donde calculan con precisión el nivel de adhesiones. Llevar “ficha limpia” al recinto en este momento implicaría un riesgo doble: en la misma semana en la que el Gobierno intentará bloquear el rechazo a los pliegos de sus candidatos a la Corte Suprema, un revés en el Senado profundizaría la imagen de debilidad.

Habrá dos frentes de batalla para el oficialismo esta semana. Por un lado, intentará desarmar el quorum para evitar que Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla sean rechazados como jueces de la Corte; por otro, buscará reunir apoyos para la reforma electoral y demostrar que todavía tiene capacidad de fuego.

¿La quieren de adversaria electoral?

Pero la jugada es delicada. Más allá del mensaje al kirchnerismo, en el Gobierno no están del todo convencidos de avanzar con la “ficha limpia”. Sueñan con ganarle a Cristina Kirchner en las urnas, un triunfo que consideran consagratorio.

El peor escenario para los libertarios sería que el proyecto terminara en rechazo: no solo significaría una derrota en el Senado, sino también la pérdida de su principal herramienta de negociación. Por eso, la nota de pedido de sesión llegó menos de una hora después de que la Comisión de Acuerdos aprobara el dictamen de García-Mansilla, habilitando su votación junto a la de Lijo. Firmada por cinco de los seis senadores del bloque libertario conducido por Ezequiel Atauche, la solicitud no fija día ni hora. Deja abierta la puerta para seguir tejiendo consensos.

Pero la reciente expulsión del entrerriano Edgardo Kueider, reemplazado por una militante de La Cámpora, redujo aún más el margen de maniobra del Gobierno en el Senado. Con su salida, quedan apenas 38 senadores disponibles para aprobar la ley, solo uno más del mínimo necesario. Es que al tratarse de una reforma electoral, el umbral es más alto: se requiere una mayoría especial de la mitad más uno del total de la Cámara.

En otras palabras, si apenas dos de esos 38 legisladores se sumaran al rechazo de Unión por la Patria, la “ficha limpia” quedaría sepultada.

El gran interrogante es cómo votarán los dos senadores del Frente Renovador de la Concordia, la fuerza misionera que lidera Carlos Rovira, un peronista sin jefe, dueño de un férreo dominio territorial desde hace más de dos décadas. Tampoco está claro qué harán los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia, dos senadores impredecibles que, hasta el último minuto, mantienen en vilo al oficialismo. Su lealtad es difusa y su gobernador, Claudio Vidal, apuesta por jugar en la ambigüedad.