El Gobierno de Trump, demandado por los aranceles: "No existen precedentes"

La demanda fue presentada por el Liberty Justice Center en nombre de cinco empresas estadounidenses que importan bienes de países afectados por los aranceles. Las empresas van desde un importador de vinos y licores en Nueva York hasta un fabricante en Virginia de kits educativos e instrumentos musicales. El Liberty Justice Center es el brazo litigante del Illinois Policy Institute, un grupo de pensamiento de libre mercado no partidista.

La demanda impugna los aranceles del "Día de la Liberación" del 2 de abril de Trump, así como los aranceles que impuso por separado a China. Según este grupo, la orden ejecutiva del presidente se basó en leyes como el Acta de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), que otorga poderes especiales a los presidentes para combatir amenazas inusuales o extraordinarias para EEUU.

No obstante, el grupo defiende que la ley no otorga a los presidentes la autoridad para imponer aranceles. "No existe un precedente para utilizar el IEEPA para imponer aranceles. Ningún otro presidente lo ha hecho jamás ni ha reclamado el poder para hacerlo", sentencian.

"Ninguna persona debería tener el poder de imponer impuestos que tengan tales vastas consecuencias económicas globales", ha señalado Jeffrey Schwab, asesor principal del Liberty Justice Center, en un comunicado. "La Constitución otorga el poder de establecer tasas impositivas, incluidos los aranceles, al Congreso, no al presidente".

El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, defendió los aranceles de Trump en un comunicado. "Los opositores a Trump siempre se opondrán a él, pero el presidente Trump está defendiendo a la calle principal al poner fin a la explotación de nuestros socios comerciales, especialmente China. Su plan iguala el campo de juego para las empresas y los trabajadores para abordar la emergencia nacional de nuestro país con los crónicos déficits comerciales", dijo Fields.

Cabe recordar que Trump impuso aranceles globales del 10% y una tasa más elevada a ciertos países, que ha sido puesta en pausa 90 días desde el pasado miércoles. Asimismo, en los últimos días ha anunciado exenciones a algunos productos electrónicos procedentes de China.

En este sentido, el Gobierno se enfrenta una demanda similar en un tribunal federal de Florida, donde un pequeño empresario ha pedido a un juez que bloquee los aranceles impuestos a China.