El Gobierno de Ayuso prepara el informe sobre menores migrantes atendidos: 937 este año y 2.442 el anterior

La Comunidad de Madrid trabaja en el informe solicitado por el Gobierno central para calcular el número de menores migrantes que se reubicarán en cada región. Con la fecha límite fijada en el 31 de marzo, el próximo lunes, el Ejecutivo autonómico está revisando el escrito recibido por parte del Ministerio de Juventud e Infancia para preparar una respuesta. En él, Madrid reflejará el dato de los menores atendidos. Asimismo, la propia presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado información sobre estos niños: "No nos dice quiénes son, de dónde vienen, qué traen con ellos mismos".

En el escrito se reflejará que a lo largo de este año, la región ha atendido a 937 niños en tres meses y que durante 2024 los servicios sociales se ocuparon de 2.442 menores. "Esas son las cifras que estamos manejando y que trasladaremos al Ministerio", ha señalado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos, Ana Dávila, este jueves al ser preguntada por estos datos. Desde la Consejería "están viendo aún el escrito para dar una respuesta" e incluir la información requerida, indican desde el Gobierno regional. En este informe se deberá detallar cuántos niños se acogen actualmente, como solicita el Ministerio.

Esta petición de información se produce después de que el Ejecutivo central modificara la Ley de Extranjería para obligar a las comunidades autónomas a acoger los menores migrantes cuando la capacidad de los servicios de atención de un territorio concreto se multiplique por tres, como ocurre ahora en Canarias o Ceuta con más de 4.000 menores. Asimismo, en la reforma se incluyen nuevos criterios para realizar esta distribución para fijar el número de menores que deberá trasladarse a cada región, atendiendo a datos sobre la población del territorio, la renta per cápita, la tasa de paro, dimensionamiento estructural del sistema de plazas, esfuerzo previo dispersión territorial, entre otros.

Para hacer el cálculo, el Gobierno central solicitó a las comunidades enviar información sobre el número de menores que acogen, dando de margen hasta el próximo lunes, aunque ya se indicó que de no recibir los datos se emplearían los recogidos en el Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia de 2023. Por su parte, desde la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso ha manifestado la falta de información que les han proporcionado sobre los menores que llegarán. "No nos dice quiénes son, de dónde vienen, qué traen con ellos mismos, porque, además, muchos de ellos vienen con problemas extraordinarios que nos gustaría conocer de partida, puesto que de esta manera su integración y la ayuda que tú les puedes ofrecer también es mayor", ha expresado.

La presidenta autonómica ha reprochado que no hayan reunido a las comunidades para proporcionar esta información antes del reparto y asignar fondos para asegurar una adecuada atención, ya que, en Madrid, los servicios están saturados, según ha explicado. "Nosotros damos todos los recursos que tenemos, también en materia sanitaria, por supuesto en materia educativa, de formación, de integración, pero cuando esto se desborda es imposible", ha añadido Ayuso.

En su opinión, el Ejecutivo central debería desplegar medidas en los países de origen para frenar la llegada a las costas españolas. "Lo preocupante es ¿cuánto más queda, cuándo va a haber una solución en origen, cuánto tiempo se va a mirar para otro lado?", ha apuntado. Por otro lado, la dirigente ha cuestionado la gestión de la crisis migratoria y la forma de actuar del Gobierno central. "Las soluciones no pasan por repartir a los menores, primero esperar a que estén hacinados y una vez hacinados repartirlos y entonces de esta manera dar lecciones de solidaridad", ha apuntado.

El decreto sobre la reforma de la Ley de Extranjería se votará el 10 de abril en el Congreso de los Diputados. Después se espera comenzar con el traslado de estos niños, aunque todavía no se ha fijado una fecha para esto, ni se ha detallado si se procederá de golpe o por tandas. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la reforma alegando invasión de competencias. A pesar de esta acción judicial, el Gobierno regional estudia ampliar sus recursos para proceder a la futura acogida. "Cumplo la ley y mi obligación, por tanto, es tratarles como a todos los menores, sean o no extranjeros", ha aclarado Ayuso.

Entre las opciones que se barajan para incrementar la capacidad de acogida se estudia realizar obras en el centro de primera acogida de La Cantueña, en Fuenlabrada. Junto a esto, se valora la habilitación de nuevos recursos en otros municipios de la región, aunque por el momento no se han detallado las ubicaciones ni la clase de medidas que se adoptarán.