El Defensor del Pueblo recibió 300 quejas por el difícil acceso a VPO y 216 por demoras en ayudas

El problema de la vivienda se cuela entre las quejas de los ciudadanos al Defensor del Pueblo. El alto comisionado para la defensa de los derechos fundamentales recibió 313 quejas en 2024 por las dificultades para acceder a una vivienda protegida y 216 por la demora en el pago de las ayudas públicas al alquiler, según los datos expuestos este martes por el propio defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, en una comparecencia a petición del PP en el Congreso, donde ha apuntado a que, frente a estas aristas del problema de la vivienda, las quejas relacionadas con la ocupación ilegal son minoritarias.

"Los ciudadanos se dirigen al Defensor del Pueblo expresando las dificultades para acceder a una vivienda", ha señalado Gabilondo, que ha subrayado que su institución actúa precisamente a través de las quejas ciudadanas. Pese a recalcar que corresponde a los poderes legislativo y ejecutivo "buscar soluciones" y garantizar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución, a la luz de los escritos ciudadanos que llegan a su departamento, el también exministro ha pedido aumentar el parque público de vivienda, que actualmente ha calificado de "insuficiente".

"La construcción de viviendas protegidas representa un porcentaje pequeño, frente al alto porcentaje que representó en la década de los 80 y 90. En 2012 se frenó y sigue en cifras bajas. Desde 2015, solo el 12% de las casas construidas en España son de esa naturaleza", ha expuesto, lamentando que buena parte de las viviendas protegidas levantadas a principios de siglo hayan acabado en manos privadas por ofrecerse en régimen de compraventa. "Es imprescindible un aumento significativo de la oferta pública de alquiler y que el régimen de protección sea permanente", ha subrayado, al mismo tiempo que ha apuntado a que "parece razonable limitar" los pisos turísticos para incentivar la oferta de alquileres de larga duración.

Dada la dimensión del problema de la vivienda, Gabilondo ha anunciado que la institución que dirige iniciará próximamente investigaciones de oficio para analizar qué actuaciones están llevando a cabo las comunidades y el Ministerio de Vivienda. A los gobiernos regionales se les pedirá que aporten datos sobre el número de viviendas protegidas con las que cuentan y el número de personas en espera de adjudicación para acceder a una de ellas, así como sus planes para aumentar el parque público y su intención de aplicar o no limitaciones a los pisos turísticos y las medidas previstas en la ley estatal para las zonas tensionadas. Por otro lado, al departamento de Isabel Rodríguez le solicitará el estado de ejecución de los planes anunciados de construcción de vivienda pública, social y de alquiler asequible.

Choque por la ocupación ilegal

Entre las quejas llegadas al Defensor del Pueblo, Gabilondo ha recalcado que las peticiones de amparo ante desahucios —unas 200 en 2024— tienen más peso que las relacionadas con la ocupación ilegal de viviendas. El año pasado la institución recibió 45 quejas de vecinos por molestias y problemas de convivencia y vandalismo producidos por ocupantes sin título y 41 de propietarios de inmuebles por la suspensión de desahucios.

El alto comisionado para la defensa de los derechos fundamentales ha remarcado que la ocupación ilegal de viviendas "no tiene amparo alguno" en la Constitución Española y ha dicho no "restarle" importancia, pero sí ha pedido no confundir términos. "No es lo mismo allanamiento de morada o usurpación de vivienda que un retraso en el pago de la renta del alquiler", ha matizado Gabilondo, que ha apuntado a que "da la impresión de que, más que el número de ocupaciones ilegales, lo que se ha ampliado es el concepto de ocupación". Según datos del Ministerio de Interior, en 2024 se registraron 16.426 denuncias por allanamiento de morada o usurpación, lo que potencialmente equivaldría a un máximo del 0,06% de los 27 millones de viviendas que hay en España.

El defensor del pueblo ha recalcado que la suspensión extraordinaria de los desahucios introducida por el Gobierno en 2020 no es una moratoria generalizada, sino que pueden acogerse únicamente los inquilinos vulnerables que cumplan con los requisitos fijados en la norma y ha insistido en que corresponde a la Justicia dirimir cada caso. No obstante, sí ha apuntado a que estos procesos judiciales con frecuencia se alargan más de lo "razonable". De hecho, ha señalado que desde 2023 su institución ha recibido 53 quejas de ciudadanos por dilaciones en procesos de desahucio. "La eficacia de la Justicia es fundamental", ha expresado, pidiendo más recursos para que los jueces y tribunales puedan llevar a cabo "procesos ágiles".

El debate sobre la ocupación ha despertado discrepancias entre los distintos partidos políticos presentes en la comparecencia. El PP ha reprochado "insensibilidad" al Gobierno y lo ha acusado de poner "alfombra roja" a la ocupación ilegal y normalizar el "miedo a alquilar una vivienda". En esa línea, Vox ha culpado al Ejecutivo de ser "cómplice" de los okupas y "frivolizar" el debate. "Desde el PSOE estamos centrados en solucionar el problema de la vivienda, desde Vox y el PP parecen más centrados en generar miedo", les ha reprochado el diputado socialista Javier Rodríguez, mientras que la representante de Sumar, Viviane Ogou, ha defendido que "para acabar con la ocupación hay que acabar con el sinhogarismo".

"Parece que se quiera hacer ver que el problema de la ocupación es mucho mayor que el de la vivienda cuando no hay ni punto de comparación", ha coincidido con estos dos últimos portavoces el senador del PNV Igotz López Torres, que ha instado a todas las administraciones a tomar cartas en el asunto y no reclamar al defensor del pueblo competencias que no le corresponden. "Parece que estamos aquí para echar la culpa al árbitro", ha expresado, una crítica que ha compartido el diputado socialista y el propio Gabilondo. "A mí como defensor del pueblo me toca cumplir la ley", ha señalado, pidiendo que desde el Congreso y el Senado se trabaje para lograr mayores consensos con los que atajar el problema de la vivienda. "Es injusto que todos los que tienen pisos son rentistas y todos los que no salen de una casa son perversos inquilinos", ha resumido.