Cuando el Consejo de la Magistratura celebre su próxima reunión de labor, prevista para miércoles de la semana próxima y postergada en más de una oportunidad, se estará a pocos días de que se cumplan cuatro meses desde su último encuentro, el plenario celebrado el 19 de diciembre.

Para algunos miembros del Consejo, representantes del estamento político, tamaña distancia entre las fechas no solo es inusual, sino también un reflejo de los problemas que aquejan a la dinámica interna del órgano colegiado, encargado de evaluar la conducta de los jueces y conformar las ternas para llenar las vacantes en la justicia nacional y federal, entre otras tareas.

Voces ligadas a su conducción, en manos del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, afirman, en cambio, que la maquinaria está lejos de estar trabada. Exhiben, entre otras cuestiones, las pruebas de oposición en los concursos destinados a cubrir vacantes en Misiones, Santa Fe y Córdoba, y la cantidad de ternas enviadas al Ejecutivo el año pasado: más de 90.

Pero ese mensaje no termina de convencer a todos los sectores. “Estamos en un problema”, reconoce un consejero no peronista que, sin sobredimensionar la gravedad del asunto, sugiere que a esta altura del año deberían haberse realizado al menos dos reuniones plenarias. Allí se pone la puntada final a lo que se trabaja de forma compartimentada en las comisiones.

Uno de los asuntos principales que genera ruido y conversaciones políticas, incluido en la agenda de debate del próximo miércoles, es la renovación de las autoridades en las cinco comisiones permanentes del Consejo. Su composición es estratégica: instruyen los sumarios contra jueces, seleccionan a los candidatos para cubrir vacantes o controlan el presupuesto del Poder Judicial.

Sin sorpresas, quienes todavía no han sido autoridades de ninguna comisión pujan por el recambio; aquellos que la ejercen o están cómodos con los actuales, son promotores de que se mantenga el statu quo.

Según el bloque que representa políticamente al peronismo en el órgano, que cuenta con cinco consejeros, la renovación de las autoridades y la composición de las comisiones hacia abajo son algunas de las razones por las cuales no se llamó a una reunión de labor en los últimos meses.

El peronismo considera que las comisiones de trabajo no están “integradas debidamente” puesto que los reemplazantes del fallecido Héctor Recalde y el renunciado Miguel Piedecasas, César Grau y Alberto Maques, respectivamente, no tomaron el lugar que cada uno de sus antecesores ocupaba dentro de las comisiones, pese a que se les tomó juramento en diciembre.

Recalde, por caso, encabezaba la comisión de Disciplina, donde se tramitan e investigan las denuncias contra los jueces. El último dictamen que figura en la página del Consejo data de noviembre.

Algunos consejeros sostienen que la integración solo puede materializarse en una reunión plenaria. Otros, que ese reemplazo no es automático y demanda nuevos acuerdos políticos.

Desde el sector alineado con la presidencia del Consejo refrendan que la integración no requiere necesariamente una reunión plenaria y que el problema para convocarla es, en realidad, la dificultad para coordinar agendas entre los distintos estamentos.

En la última reunión de la Comisión de Administración y Financiamiento, luego de que se presentara una propuesta piloto para automatizar procesos judiciales, impulsada por la abogada de Pro, Jimena de la Torre, la sesión se cayó por falta de quorum.

Se ausentaron los tres representantes del peronismo, Rodolfo Tailhade, María Inés Pilatti y Mariano Recalde; la propia De la Torre, que se retiró luego de exponer; el representante del Ejecutivo, Sebastián Amerio, mano derecha del asesor Santiago Caputo; la jueza Alejandra Provítola y el académico Guillermo Tamarit.

El fracaso ofreció una foto en comunión de dos de los tres facciones que parten al Consejo: el bloque peronista, una zona más difusa ligada al Gobierno -en la que también hay que contar a Luis Juez- y otra más cercana a la conducción del Consejo, con Rosatti a la cabeza, que se quedó a sesionar en la Comisión de Administración y Financiamiento.

Un caso testigo

Entre los casos más delicados que tiene pendiente el Consejo de la Magistratura está definir el futuro del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, acusado de haberse enriquecido extorsionando a empresarios, entre otros supuestos delitos. La Comisión de Acusación del Consejo se quedó sin presidente y, por eso, el consejero Álvaro González (Pro), que instruye el caso, le pidió al vicepresidente, el kirchnerista Rodolfo Tailhade que ordene medidas de prueba para hacerse de actuaciones judiciales relacionadas con Bailaque, con el propósito de avanzar con la investigación.

Tailhade hizo saber que no las ordenará hasta que no se regularice la situación de la comisión. El peronismo le adjudica a la presidencia, a cargo de Horacio Rosatti, no estar avanzando con la renovación. Quienes cuestionan a Tailhade dicen, en cambio, que él podría ordenar por sí mismo esas medidas que no está disponiendo.

Pliegos

Por fuera de las diferencias políticas, no son pocos los que dentro del Consejo apuntan contra el Poder Ejecutivo. Además de reclamar una ampliación de presupuesto para el funcionamiento de la Justicia, le achacan no enviar al Senado los pliegos de los jueces que tiene en su poder.

A excepción de sus candidatos para la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Gobierno no remitió a la Cámara alta el nombre de ningún magistrado para cubrir las vacantes que afectan a casi un tercio del Poder Judicial.

El dato se agrava si se considera que en 2024 el Consejo elevó más de 90 ternas, algo que no ocurría desde 2018. “Que no se puedan poner de acuerdo con los jueces de Comodoro Py, bueno; pero que no puedan nombrar un juez de familia...”, se quejaba un consejero.