BRASILIA.– La discusión en el Congreso brasileño sobre un proyecto de ley que propone una amnistía para los condenados y acusados por los ataques golpistas del 8 de enero de 2023 en Brasilia expone fisuras en la coalición que sostiene al gobierno del presidente Lula da Silva y amenaza con convertirse en una crisis institucional.

La iniciativa, impulsada por el Partido Liberal (PL), del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), sorprendió al Palacio del Planalto esta semana, cuando al menos 146 diputados que integran la base oficialista firmaron un pedido de urgencia para discutir el proyecto en el plenario de la Cámara baja.

La maniobra, liderada por el jefe de la bancada del PL, Sóstenes Cavalcante, contó con el visto bueno de 264 diputados. Más de la mitad de esos parlamentarios pertenece al denominado Centrão, un grupo de partidos de ideología volátil que ocupan cargos relevantes y lideran ministerios de Lula.

La revelación provocó una fuerte reacción del Palacio del Planalto.

El diputado Lindbergh Farias, jefe del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara, tildó de “inadmisible” la postura de los legisladores que, pese a integrar el oficialismo, avalan una medida que podría beneficiar a investigados por su presunta participación en un plan para asesinar al presidente Lula; su vice, Geraldo Alckmin, y el juez de la Corte Alexandre de Moraes, según la Policía Federal.

Aunque se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos en Brasilia tras una cirugía abdominal, Bolsonaro no ha dejado de participar en las negociaciones en torno al proyecto.

En las últimas semanas, el expresidente ha encabezado manifestaciones callejeras con la amnistía como principal bandera. El bolsonarismo busca presentar el perdón como un gesto de pacificación necesario para el país, con un trasfondo estratégico: impedir o debilitar procesos judiciales contra el exmandatario, con la esperanza de revertir su inhabilitación política para 2026.

Mientras tanto, en la interna del oficialismo crece la presión para que el presidente reaccione con firmeza. Ministros cercanos a Lula, como la jefa de la Secretaría de Relaciones Institucionales y expresidenta del PT, Gleisi Hoffmann, elaboraron un mapa de los cargos entregados a aliados de diputados que firmaron el pedido.

El malestar no solo se dirige hacia la oposición: la lealtad de la base aliada quedó en entredicho y expuso una fragilidad del modelo de coalición. Lula, que en este tercer mandato ha enfrentado dificultades para articular mayorías parlamentarias, enfrenta un terreno donde las convicciones ideológicas y los cálculos electorales pesan más que la lógica de gobernabilidad, de acuerdo con analistas consultados por LA NACION.

“Cuando tantos diputados de la propia base aliada avalan una medida como esta, aunque todavía no haya sido aprobada, es una señal peligrosa. El gobierno perdió el control de la articulación política y necesita entablar un diálogo serio con los presidentes de las cámaras para evitar que el proyecto avance y provoque una crisis institucional mayor”, dijo Leandro Consentino, profesor de ciencia política del instituto Insper, en San Pablo.

Según sectores del oficialismo, la propuesta de amnistía, además de implicar un retroceso en el proceso de responsabilización por los atentados a las instituciones, representa un intento de obstrucción a la Justicia.

Matrimonio por conveniencia

“No hay una disposición real de los partidos del Centrão para defender al gobierno con uñas y dientes. Existe un casamiento por conveniencia que parece cada vez más cerca del fin, con las elecciones de 2026 en el horizonte”, agregó el profesor del Insper, quien subrayó que el episodio debería forzar una reforma ministerial en la que el oficialismo vuelva a negociar un pacto de gobernabilidad con los partidos de centro.

En paralelo, crece la presión de la bancada bolsonarista sobre el presidente de la Cámara, Hugo Motta, para que someta el texto a votación.

Motta ha intentado esquivar el costo político que implicaría avanzar con una ley percibida como una afrenta al Supremo Tribunal Federal (STF) y busca mantener una postura de arbitraje en medio de la presión creciente. Por ahora, ha afirmado que consultará a los líderes partidarios en el Congreso antes de definir si el proyecto será tratado.

El texto original plantea la posibilidad de perdonar no solo a los ejecutores de los actos de vandalismo en las sedes de los tres poderes, sino también a los responsables de planificar o financiar los hechos, lo que fue interpretado como una maniobra para exculpar a Bolsonaro, quien debe enfrentar un juicio por intento de golpe de Estado en el segundo semestre de este año.

Bolsonaro está acusado de haber liderado una “organización criminal” que buscó derrocar al presidente Lula, con las invasiones a las sedes de los tres poderes en Brasilia en enero de 2023 como último acto de un golpe frustrado.

Para Luisa Ferreira, profesora de derecho penal de la Fundación Getulio Vargas (FGV) en San Pablo, la amnistía sería jurídicamente “posible”, pero su constitucionalidad tendería a ser cuestionada.

“No hay una prohibición expresa en la Constitución para que se aplique en este caso, pero al tratarse de crímenes muy graves contra el Estado de Derecho –como golpe de Estado–, sería el STF quien decidiría si es válida”, explicó Ferreira, quien aseguró que la redacción original del proyecto podría abrir brechas para beneficiar a Bolsonaro, incluso sin que haya sido condenado aún.

La propuesta generó alarma en el STF, que consideró la medida como una injerencia del Legislativo en decisiones que competen a la Corte.

Mientras el gobierno intenta frenar la iniciativa, una alternativa que gana fuerza entre líderes del Congreso y jueces del STF propone modificar la legislación actual para permitir una reducción de pena a los reos que hayan cometido delitos menos graves el 8 de enero de 2023, según reveló el periódico O Globo.

Esta vía, que no beneficiaría a Bolsonaro o a militares de alta jerarquía acusados de liderar la trama golpista, es vista como una salida institucional que podría enfriar los ánimos y evitar una escalada en la tensión entre poderes.

“Desde el punto de vista democrático, la mejor salida para evitar una crisis sería una solución construida dentro del propio STF, a partir del diálogo con el Congreso y, eventualmente, con el Ejecutivo, con una disminución de penas para implicados, pero sin ese vaivén de la amnistía que solo genera más tensión”, concluyó la profesora de la FGV.