De cero a 236: fuerte polémica sobre el apoyo del Incaa al cine nacional en el último año

“Es totalmente falso que bajo nuestra gestión no se hayan aprobado películas. En el último año nosotros registramos un total de 236”, dijo a LA NACION el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Carlos Pirovano, como respuesta a un comunicado del Espacio Nacional Audiovisual (ENA), desde el cual se cuestiona con dureza el primer año de gestión del funcionario al frente del organismo. “El balance es altamente negativo”, se dice allí.

“A lo largo de 2024 y en lo que va de 2025, Carlos Pirovano se ha convertido en el único presidente del Incaa en tener el récord histórico de cero películas argentinas aprobadas durante su gestión”, señaló la declaración del ENA, nucleamiento del que participan, entre otras, la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC), la Asociación General de Directores Cinematográficos y Audiovisuales (DAC) y Argentores.

“La queja responde simplemente a que no damos más anticipos de subsidios y mecanismos de preclasificación que no están contemplados por la Ley de Cine”, dijo Pirovano sobre los cuestionamientos del ENA, de los que se hicieron eco algunas de las figuras del cine y la industria audiovisual presentes el último domingo en la entrega de los Premios Platino realizada en Madrid, muchos de ellos con nominaciones en distintas categorías.

“Un año sin películas es una pérdida enorme para el cine argentino”, había dicho en su paso por la alfombra roja como candidata al Platino como mejor largometraje documental (Reas) la realizadora teatral y cinematográfica Lola Arias. “No nos sorprende en nada lo que pasa. Es lo que esperábamos antes de que el gobierno actual pasara a ser oficial. Yo no imaginaba nada distinto. Hay una intención voluntaria de anular cualquier tipo de expresión artística y eso es lo que iba a pasar”, apuntó el director Luis Ortega, que llegó hasta la capital española con nueve nominaciones para su película, El jockey.

También hubo voces críticas entre algunos actores argentinos que participaron de esa ceremonia. “El problema mayor que tenemos en este momento es que la industria audiovisual necesita la ayuda del Estado. En este momento más de la mitad de las producciones argentinas se están haciendo en Uruguay”, destacó Juan Minujín. “El apoyo del Incaa es lo que les abre la puerta a las coproducciones internacionales. Mis colegas están saliendo a trabajar en otros países donde el fomento es parte del entramado industrial. El trabajo se va para afuera y también la creatividad. Es como una pesadilla que vuelve”, agregó Nahuel Pérez Biscayart. “Cero películas en un año. Divino. Se la van a pegar más rápido. Un país sin cine y sin cultura se la pega. Pensé que iba a ocurrir más rápido”, completó Darío Grandinetti.

Pirovano desestimó estos argumentos al señalar que la declaración de interés que recibe una película, condición para obtener un subsidio, no la determinan ni el presidente ni las autoridades del Incaa sino la propia industria. “Lo que no podemos admitir es que alguien quiera garantizarse el subsidio antes de hacer la película. Un subsidio es un impuesto negativo a un hecho imponible, que es la propia película. ¿Cómo puedo aplicarlo si esa película todavía no fue vista?”.

El funcionario reconoció que el cine es una industria cara que requiere inversiones, pero dijo al mismo tiempo de que no se puede justificar todo un sistema de adelantos por las características propias del cine, una industria en la que el riesgo es elevado porque nadie puede prever si va a ser triunfar o fracasar. Para Pirovano, el subsidio siempre está atado a la respuesta de la audiencia.

“El argumento de que el cine argentino solamente existe por lo que aporta el Incaa es ridículo. La DAC estima que el costo medio de una película en la Argentina es de 1.200.000 dólares. Jamás el Incaa podría matar al cine argentino porque un productor no recibe como anticipo un dinero que en definitiva se relaciona con un costo marginal. Hay que asumir riesgos, porque de lo contrario solo nos quedaría admitir que le entregamos a alguien un subsidio de 75.000 dólares para hacer una película que nadie va a ver”, agregó.

Pirovano firmó en las últimas horas una resolución publicada en el Boletín Oficial por la cual se dejó sin efecto la facultad que tenían las entidades con personería gremial para expedir certificados de libre deuda que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y gremiales por parte de los productores de una película, y de esta manera obtener, entre otras cosas, los subsidios previstos por la ley. A partir de ahora, esa tarea estará a cargo de la Anses, el ARCA o el Consejo Profesional de Contadores. “Por estas regulaciones sindicales y no por el Incaa es que no se filma en la Argentina”, completó.